El secuestro de migrantes en México ha alcanzado niveles alarmantes. Los testimonios de organizaciones humanitarias y de migrantes afectados pintan un panorama devastador: familias completas son interceptadas en medio de la noche, cientos son secuestrados, mujeres violadas de manera sistemática, y transportistas y autoridades coludidos con los grupos criminales. Estos actos de brutalidad no son incidentes aislados; son parte de una maquinaria criminal que genera millones de dólares anuales a costa del sufrimiento humano.

Una maquinaria que funciona muy bien articulada, desde la Selva del Darién hasta nuestra frontera norte.

Los estados fronterizos de Chiapas (en el sur) y Tamaulipas (en el norte) han sido señalados como los más peligrosos para los migrantes. Ambos enfrentan una crisis humanitaria agravada por la complicidad y la indiferencia de las autoridades mexicanas. Mientras, los grupos criminales fragmentan el poder y luchan violentamente por el control de rutas y fuentes de ingresos ilícitas, las personas migrantes se convierten en moneda de cambio. No solo son secuestradas para pedir rescates exorbitantes, sino que también son víctimas de violencia física y psicológica, muchas veces con consecuencias irreparables.

La participación activa o la indiferencia de las autoridades mexicanas ante estos delitos es inaceptable. Existen numerosos casos documentados en los que policías estatales entregan a migrantes a los cárteles o simplemente no intervienen ante secuestros a plena luz del día. Incluso se han reportado prácticas de extorsión por parte de autoridades de los tres niveles de gobierno, quienes exigen pagos o colaboran con grupos delictivos para garantizar el paso de las víctimas por ciertas áreas. Esta connivencia ha contribuido a normalizar la violencia extrema en una región donde la seguridad es inexistente para quienes buscan protección.

Diversos informes han documentado la extrema violencia que enfrentan los migrantes en México. Médicos Sin Fronteras (MSF), en su reporte "Forzados a huir: vidas en peligro y violencia contra migrantes y refugiados en México", detalla testimonios de víctimas que han sufrido abusos sistemáticos durante su tránsito. Amnistía Internacional también ha publicado documentos como "Peligro: migrantes mexicanos y centroamericanos enfrentan secuestros y abusos", donde subraya la complicidad de redes criminales con algunas autoridades locales. Por su parte, Human Rights Watch (HRW), en informes como "México: las fuerzas de seguridad implicadas en violaciones de derechos humanos de migrantes", destaca el papel de las autoridades en la perpetuación de estas violencias. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) incluso ha abordado esta problemática en su "Informe especial sobre secuestros de migrantes en México". Estas investigaciones son complementadas por reportajes de medios como The Guardian, The New York Times, que han expuesto los horrores cotidianos que enfrentan los migrantes en su búsqueda de un futuro mejor.

Yo mismo, en las entrevistas que he hecho con migrantes en la Ciudad de México y Puebla, he escuchado de viva voz, narraciones de horror. De cómo les cobran altos precios por rutas de cinco kilómetros y tienen que pagar una especie de salvoconducto para continuar en la ruta.

La ruindad y cinismo de los grupos delictivos es tan alta, que les colocan pulseras o sellos en los brazos para irlos mostrando en el camino.

El incremento de la violencia sexual en contra de mujeres migrantes es otro reflejo de la descomposición social. Médicos Sin Fronteras reportaron un aumento significativo en los casos de violencia sexual durante el último año. Mujeres, hombres y niños no solo enfrentan violaciones sistemáticas, sino que muchas veces son obligados a ser testigos de estos actos, lo que agrava aún más el trauma. Estas experiencias brutales se han convertido en una constante para quienes se aventuran a cruzar esta peligrosa frontera.

El problema no termina con el secuestro. Una vez liberados, los migrantes son abandonados a su suerte, generalmente en albergues ya desbordados y bajo la amenaza constante de ser nuevamente atacados. La falta de espacios seguros y el cierre de albergues han dejado a las personas migrantes en una situación de vulnerabilidad extrema. Este ciclo perpetúa un sistema donde el crimen organizado sigue fortaleciéndose, mientras las víctimas quedan atrapadas en un limbo de desesperación.

México no está haciendo lo suficiente para abordar esta crisis. La connivencia de las autoridades y su incapacidad para garantizar la seguridad de los migrantes evidencian un Estado de derecho frágil y una falta de voluntad política para enfrentar al crimen organizado. A esto se suma el papel de las políticas fronterizas de Estados Unidos, que, lejos de proteger a los migrantes, los empujan hacia situaciones de mayor peligro, canalizándolos hacia regiones como Tamaulipas, donde el riesgo de secuestro es altísimo.

La implementación de restricciones fronterizas por parte de Estados Unidos ha sido un catalizador del problema. Estas políticas han incrementado las ganancias del crimen organizado, que ha adaptado sus métodos para capitalizar el flujo constante de personas obligadas a cruzar de manera irregular. Desde controles en terminales de autobuses hasta la vigilancia de aeropuertos, los cárteles han extendido su alcance, dejando pocas opciones para quienes buscan escapar de la violencia en sus países de origen.

La falta de acción por parte del gobierno mexicano es una afrenta a los derechos humanos. Aunque los secuestros y la violencia en estados como Tamaulipas han sido ampliamente documentados, las autoridades continúan fallando en prevenir, investigar y sancionar estos crímenes. Este abandono ha permitido que los grupos criminales operen con impunidad, mientras miles de vidas son destruidas.

El contexto de esta crisis también pone en evidencia la hipocresía de las políticas migratorias de Estados Unidos. Al externalizar su control migratorio hacia México, Washington ha creado un entorno donde los migrantes quedan atrapados entre dos sistemas que priorizan la seguridad fronteriza sobre la protección de los derechos humanos. Esto ha hecho que la frontera entre Texas y Tamaulipas se convierta en un punto de convergencia de violencia, corrupción y negligencia institucional.

Es necesario un cambio urgente. La comunidad internacional, las organizaciones de derechos humanos y los gobiernos involucrados deben tomar medidas concretas para proteger a los migrantes. Esto incluye exigir al gobierno mexicano que rinda cuentas, garantizar rutas seguras para quienes buscan asilo y atacar a las redes criminales que se benefician de esta tragedia. La indiferencia no puede seguir siendo la respuesta ante un problema que tiene consecuencias tan devastadoras.