Durante los dos primeros meses de la Estrategia Nacional de Seguridad de la actual administración, las autoridades mexicanas en su conjunto han asegurado un total de 3 mil armas de fuego en números cerrados, equivalentes a 1,500 al mes. No está mal si se considera que por primera vez se tiene una cifra consolidada con escaso margen de diferencia en el tiempo y no como antes, que había que esperar a que la Procuraduría, hoy Fiscalía General de la República a través del Centro Nacional de Planeación y Análisis de Información para el combate a la delincuencia (CENAPI) validara los datos y los diera a conocer de manera oficial.

Pero a todo esto, ¿1,500 mensuales son muchas o pocas armas? Depende contra qué se comparen y cómo quieran salir evaluados.

Si se comparan con el promedio mensual más bajo de los últimos 17 años, que fue de 526 armas de fuego en 2016, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la cifra es muy buena, pero si lo hacen con el más alto, que fue de 3 mil 331 armas en 2011, en la administración de Felipe Calderón, la cifra es muy mala; sin embargo, así son las comparaciones, odiosas, pero los números no mienten, son fríos y no se pueden borrar, sino mejorar.

Ahora que si quieren compararse con los cinco años del expresidente López Obrador, su peor promedio mensual fue el de 2021 con 1,319 armas y el mejor en 2023 con 1,716 armas de fuego, en uno les va bien y en otro no tan mal, pero como quiera que sea, son cifras a superar.

Aprovechando la inercia, no está por demás comparar los promedios mensuales de los últimos tres sexenios, así se tiene que el más bajo fue el de Enrique Peña Nieto con 757 armas de fuego, le siguió el de Andrés Manuel López Obrador con 1,562 y el más alto fue el de Felipe Calderón con 2 mil 347 armas. Visto desde esta perspectiva el arranque de la actual administración es más parecido al del expresidente López Obrador que al de cualquier otro.

Pero si las 1,500 armas aseguradas mensualmente durante el inicio del actual sexenio quieren ser comparadas con las que ingresan a México según la Secretaría de Relaciones Exteriores de la pasada administración y la Cámara de Diputados de la anterior legislatura, entonces la diferencia es mucho mayor, ya que anualmente son introducidas a territorio nacional un promedio de 200 mil armas de fuego, equivalentes a 16 mil 666 al mes. Lo cual quiere decir que si se aseguran 1,500 pero ingresan más de 16 mil 600, luego entonces más del 90 por ciento se incorporarán al “mercado negro” y alimentarán uno de los “mercados ilícitos” o “mercados criminales” que más impactan en los niveles de violencia que registra el país.

En medio de esta numeralia se da el anuncio de que Estados Unidos ha capacitado a 3 mil agentes mexicanos en técnicas de rastreo de armas de fuego y explosivos que son aseguradas en México y que podrían tener su origen en el vecino país del norte, además de que esta medida ha permitido interceptar 19 mil armas que se dirigían a México; nada mal siempre y cuando les dieran acceso al sistema y no les ocultaran información como sucedió en la fallida operación “Rápido y Furioso”, que por querer mantenerla en secreto se la ocultaron hasta a sus propios agregados y agentes adscritos a la embajada de dicho país en México y estuvo a punto de romper la relación entre ambos países.

Como factor adicional al tema habrá que referir al “Programa voluntario de canje de armas de fuego” por despensas, medicinas, materiales para construcción, herramientas, electrodomésticos, dinero en efectivo y recientemente artículos electrónicos, como computadoras y tabletas, el cual fue iniciado por la Secretaría de la Defensa Nacional en el año 2000; sin embargo, ha tenido intermitencias en sus tiempos y cobertura geográfica, por lo que los números que arroja han sido de lo más disímbolo. Así por ejemplo en 2001 logró recuperar 12 mil 393 armas, entre útiles, inservibles e incompletas, mientras que en 2013 alcanzó la cifra récord de 31 mil 506, para descender en 2021 a solo 1,167 armas.

Por la misma razón su impacto ha sido relativo y en cierta forma aprovechado por los grupos delictivos para deshacerse de la chatarra y dar la impresión de que tienen interés en estas campañas de desarme voluntario, siendo que por otro lado adquieren armas nuevas para seguir enfrentando a sus grupos rivales, así como para buscar el control territorial y seguir cometiendo delitos como el homicidio, secuestro y extorsión, particularmente el denominado “cobro de derecho de piso”.

No obstante lo anterior, esta semana el gobierno federal anunció que como parte de la estrategia de seguridad, por medio de la Secretaría de Gobernación, sumará esfuerzos con grupos religiosos para que los atrios de los templos sean abiertos a aquellas personas que deseen acudir a canjear armas de fuego por dinero en efectivo sin “previa investigación”. Estas acciones tendrán lugar a partir de 2025 a la par de los programas sociales de bienestar y de vivienda, además de “Jóvenes construyendo el futuro”, todo con miras a reducir la inseguridad y la violencia.

Sobre el particular les recuerdo que el pasado 24 de octubre del año en curso en este mismo espacio cité un trabajo académico titulado “Qué funciona para reducir homicidios en América Latina y el Caribe. Una revisión sistemática de las evaluaciones de impacto” elaborado por Ignacio Cano, Emilio Rojido y Doriam Borges conjuntamente con el “Laboratório de Analise da Violéncia”.

En esta entrega los autores señalan que el programa de canje de armas emprendido por México desde hace algunos años, “no aportó solución alguna a este complejo problema, más allá de recuperar armas viejas e inservibles”; sin embargo, lo siguen utilizando. Hasta aquí la cita textual, en espera de que los nuevos aires traigan un mejor clima y voluntad política para que la iniciativa del gobierno federal rinda frutos pronto y si es en Sinaloa mejor.