Es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo.
Fredric Jameson (1934-2024)

Estamos a días del fin del primer gobierno progresista de la 4T y de la revolución de las conciencias encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y ante el arranque del gobierno de Claudia Sheinbaum, quien según ha dicho, le dará continuidad a esta primera fase a través de su propuesta de segundo piso. Es por ello que considero importante hacer un intento de revisión de lo que fue este gobierno en el sector del medio ambiente, en particular, en lo que tiene que ver con los pesos y centavos que el gobierno de la 4T destinó al cuidado y preservación del medio ambiente y tratar de dilucidar que tanta importancia tuvo o no, la política ambiental en el gobierno de López Obrador.

Los 100 compromisos de gobierno y las promesas ambientales

Inicio con la revisión de los 100 compromisos de gobierno que Andrés Manuel presentó en diciembre del 2018 cuando asumió el poder. En el primer punto menciona que la atención especial a los pueblos indígenas. La gran mayoría de los proyectos de muerte como minería a cielo abierto, gasoductos, hidroeléctricas, despojo del territorio y el agua, Tren Maya y Corredor Interoceánico se ha dado en los territorios mayoritariamente indígenas. Más aún, en el 2023 seis de cada diez personas defensoras de ambiente y territorio que sufrieron una agresión son indígenas (Centro Mexicano de Derecho Ambiental).

Nuestro país ocupa el nada honroso tercer sitio, después de Brasil y Colombia, como un país sumamente peligroso para las y los defensores del territorio y el medio ambiente. Otro punto inscrito en los 100 compromisos es el número 23: plantar en los próximos dos años árboles frutales y maderables en un millón de hectáreas… con el objeto de reforestar. En el punto 73 menciona el siguiente compromiso: impulsar el desarrollo de fuentes de energía alternativas renovables, como la eólica, la solar, la geotérmica y la mareomotriz. Compromiso que evidentemente no se cumplió. El 74 dice: Protegeremos la diversidad biológica y cultural de México y no se permitirá la introducción y el uso de semillas transgénicas (maíz transgénico). El compromiso 75 menciona que no usaremos métodos de extracción de materias primas que afecten la naturaleza y agoten las vertientes de agua como el fracking.

Es importante mencionar que nuestro país se encuentra en el lugar 26 a nivel mundial con mayor estrés hídrico y en segundo en América Latina (World Resources Institute). No se cumplió la promesa de la prohibición del fracking en el territorio nacional, algo que es muy evidente en la Sierra Norte de Puebla. Más del 70 por ciento de los ríos, acuíferos, lagunas, lagos, etcétera, están contaminados en México y el agua está controlada por grandes empresas transnacionales y nacionales, en pocas manos. Otro punto que no se cumplió, fue el compromiso 76 que dice: No se permitirá ningún proyecto económico, productivo, comercial o turístico que afecte el medio ambiente. Se evitará la contaminación del suelo, agua y aire y se protegerá la flora y la fauna. No se privatizará el agua. Algunos comentarios al respecto. Lo anterior es muy fácil refutar con la gran devastación y los infiernos ambientales que está a la vista de todos. Los políticos, funcionarios y empresarios ven a la naturaleza como simple mercancía.

México y la política medio ambiental en la mira internacional

Recientemente, la Universidad de Yale (Centro de Derecho y Política Ambiental) dio a conocer el Índice de Desempeño Ambiental (EPI) 2024. Es un análisis que se llevó a cabo en 180 países y utilizó 58 indicadores, entre ellos cambio climático, salud ambiental y vitalidad de los ecosistemas. Los resultados no son muy desagradables para nuestro país: México obtuvo una puntuación de 36.9 en Salud Ambiental, 47.7 en Vitalidad del Ecosistema, y 46.4 en Cambio Climático. De acuerdo a esta investigación, nuestro país ocupa la posición número 94, con un puntaje general de 44.7.

En otro Índice, el de Desempeño frente al Cambio (CCPI), México ocupó el puesto 38 en el ranking mundial, siete lugares debajo de lo que teníamos un año antes, en el 2023.

En junio pasado, la organización World Animal Protection presentó un estudio en el cual se muestra que México es el país con menor regulación para proteger su gran biodiversidad. La investigación analizó las leyes que regulan el comercio de fauna silvestre de los diez países más biodiversos del mundo: Brasil, Indonesia, Colombia, China, Perú, México, Australia, Ecuador, India, Estados Unidos, y Sudáfrica, La organización concluyó que nuestro país tiene la menor regulación para proteger su rica biodiversidad en comparación con otros países del mundo.

Austericidio y presupuesto ambiental

El presupuesto federal que cada año aprueba la Cámara de Diputados nos da una idea precisa de cuáles son las prioridades del gobierno en turno. Veamos el caso del Ramo 16, Medio Ambiente.  El presupuesto para medio ambiente en el presente año es de $70 mil 245 millones, que representa un 11 por ciento menos que el año pasado (2023.) La Semarnat está compuesta de tres subsecretarías, cuatro órganos desconcentrados (Conagua, Conanp, INECC y Profepa) y dos órganos desconcentrados (Conafor e IMTA). Analicemos el presupuesto de la Semarnat con relación a dos variables: durante el presente año las y los mexicanos pagaremos la nada despreciable cantidad de 1.263 billones de pesos de deuda pública. El pago de intereses de la deuda pública es 18 veces mayor al presupuesto ambiental. También en este año, los y las mexicanas pagaremos 62 mil 489.4 millones de pesos de intereses del Fobaproa que si bien nos va, nuestros nietos o bisnietos terminarán de pagar en el 2070.

La Conagua tiene un presupuesto de 62 mil 674.61 millones de pesos, 12.6 por ciento menos que en 2023. Hasta hace pocos años, la Conagua sólo contaba con 143 inspectores a nivel nacional para inspeccionar 537 mil concesiones de agua. Para el expresidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados Rubén Muñoz, la Conagua requieren por lo menos 120 mil millones de pesos cada año. Comentario al margen, me llama la atención como algunos colectivos han cambiado la lucha por una nueva Ley General de Aguas a querer ser ahora, inspectores ciudadanos del agua.

A la Profepa (hace cumplir con la procuración de justicia ambiental y las leyes vigentes, entre las cuales se encuentra el Acuerdo de Escazú) se le destinaron 896 millones de pesos. ¿Alguien me puede informar cuántos industriales, empresarios o políticos se les ha aplicado el Título Vigésimoquinto del Código Penal Federal? 

A la Conafor se le destinaron 903 millones de pesos. En el 2017, la Conafor tuvo un presupuesto de 3 mil 72 millones de pesos. A la Conanp le dieron un presupuesto de 984 millones de pesos, con los cuales le toca cuidar 225 áreas naturales protegidas que deja el gobierno de López Obrador, con una superficie de 93 millones 944 mil hectáreas. Esto significa que la institución destinará aproximadamente 10.7 pesos por hectárea protegida en las reservas naturales de México. ¿Acaso esto no es austericidio? 

En el Programa Nacional Forestal 2020-2024 se menciona que nuestro país pierde 128.8 mil hectáreas de cobertura forestal al año debido a prácticas ilegales como el cambio de uso del suelo, la tala clandestina, el comercio de materias primas y productos forestales, así como incendios y plagas y obvio, pérdida de biodiversidad. Para la construcción del Tren Maya se talaron 7 millones de árboles.  El Tramo 5 (Cancún-Tulum) fue el de mayor impacto con 3 millones 505 mil 998 árboles (solicitud de información, folio 330014224000074) ¿Quién dijo que no se iba a talar ni un árbol en la construcción del Tren Maya? Algunos investigadores mencionan que hay un subregistro de la tala y deforestación y mencionan que cada año se pierden un poco más de 200 mil hectáreas.

Al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) se le destinaron el presente año, 221 millones 420,963 pesos, cuando de acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, México necesita 1.7 billones de pesos al año para enfrentar el cambio climático. Para ubicar la grave problemática socioambiental que tenemos, vale mencionar lo que nos dice la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres en su informe Panorama de los Desastres en América Latina y el Caribe 2000-2022. Estamos en los primeros cinco lugares de las naciones con más población impactada por sequías, con 2.5 millones de personas afectadas. De acuerdo a datos del Banco Mundial en el 2050, más de tres millones de compatriotas podrían ser desplazadas por razones climáticas.

En noviembre del presente año se estará discutiendo en la Cámara de Diputados el presupuesto 2025 y tengo la impresión que, tanto en lo que concierne al presupuesto y sus programas, así como el entramado legal sobre medio ambiente, no han estado ni están hasta donde conozco, en la mesa de la discusión y reflexión pública o de la organizaciones y colectivos en defensa del territorio y los recursos naturales, tanto en lo federal como en lo estatal y no se diga a nivel municipal. Es por ello que me pareció pertinente escribir el presente artículo.

A manera de conclusión diremos qué durante el actual gobierno, los recursos a medio ambiente y recursos naturales tuvieron una disminución de aproximadamente 40.5 por ciento (FUNDAR), con el casi desmantelamiento o fueron mermadas las instituciones encargadas del medio ambiente, como producto del austericidio presupuestal.  Otra conclusión es que las graves y serias problemáticas socioambientales no forman parte de las prioridades de las élites políticas y económicas de nuestro país, tanto en lo federal y mucho menos en lo local. Otra más es que es más que evidente que existe desde hace muchos años, una clara subordinación del sector medioambiental a las políticas económicas y en especial, a la política comercial, con sus tratados comerciales de por medio. Nuestro país cuenta con 14 tratados de libre comercio firmados con 50 países, 32 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones con 33 países y es integrante del Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, antes, Tratado de Asociación Transpacífico (TPP).

Es necesario tener claro que contra lo que debemos luchar es contra el modelo económico de despojo y extractivista que se ha impuesto en nuestro país y continúa con el gobierno del cambio y la transformación. 

Otro factor que hay que atender de inmediato es la anomia, corrupción y mediocridad en las instituciones del sector de medio ambiente que no se ha querido o no se ha podido combatir. Finalmente pero no por ello menos importante, es el hecho de que nuevamente el Congreso de la Unión queda en falta, sin que ninguna autoridad lo pueda sancionar, con relación a la aprobación de una nueva Ley General de Aguas que se mandató con la reforma al párrafo sexto del artículo cuarto (derecho al agua) en 2012. En el caso de las reformas a la Ley Minera están detenidas desde hace más de un año, gracias a los partidos de derecha PAN, PRI y el recién fallecido, PRD. Una asignatura pendiente será elaborar una legislación que proteja a los desplazados ambientales e impulsar junto a las organizaciones y colectivos, una ley al respecto, al igual que una red de protección a los defensores del territorio, el agua, el medio ambiente y los bienes comunes.

Tenemos una política de criminalización como lo hemos visto en Puebla, tanto con los compañeros de las Cholulas y más recientemente, con los compañeros que se oponen a Granjas Carroll, ante la mirada impasible de la fantasmagórica CEDH.  El piso mínimo que debe tener el Ramo 16 (Medio Ambiente) debería ser el 1 por ciento del Producto Interno Bruto, un poco más de 270 mil millones de pesos y no el 0.3% actual.

Miscelánea
Diez años de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. ¡Ni perdón ni olvido, Justicia!

Los oligarcas mexicanos no tienen llenadera, como dice el clásico. En septiembre de 2022, Carlos Slim propuso que los trabajadores mexicanos se jubilaran a los 75 años y consideró que la idea de que las personas se jubilen entre los 60 y 65 años es absurda. Ahora criticó el apoyo a los jubilados en México y lo calificó de irracional.