El uso de la fuerza letal fue el sello de un régimen sanguinario que autorizó y legitimó todo tipo de violencias…el Estado mexicano reprimió, persiguió, castigó y disciplinó a toda disidencia política y a toda disidencia que, por cuestionar la hegemonía del Estado, fuera identificada como un riesgo.

Mecanismo para el Esclarecimiento Histórico. Comisión de la Verdad.

Una de las cuestiones que me llamó la atención hace ocho días al finalizar la presentación del Informe Fue el Estado, fue el tipo de preguntas que algunos reporteros les hicieron a los comisionados David Fernández Dávalos y Abel Barrera. Estas preguntas no tenían nada que ver con el contenido u orientación de la información que estos comisionados, más Carlos Pérez Ricart, nos acaban de dar a conocer a los presentes en el auditorio.

Las preguntas se centraban en la ausencia presente de la Dra. María Eugenia Allier, y de un choque con personal de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación, producto de una serie de consideraciones que contiene el informe. Por ejemplo, el hecho de que la Secretaría de la Defensa Nacional no permitiera consultar su archivo histórico al igual que no lo hizo el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) con los archivos del ex CISEN o los archivos del ex Estado Mayor Presidencial para elaborar su informe o bien, lo que los comisionados llaman factores de persistencia que permiten se sigan cometiendo graves violaciones a los derechos humanos. Otros de los factores de persistencia son: el racismo, la discriminación, la pobreza y la desigualdad y su majestad, la impunidad. Cabe mencionar que la Dra. Allier próximamente dará a conocer su informe titulado: Verdades innegables. Por un México sin impunidad.

Tal parece que la rispidez y situación crítica viene de tiempo atrás y fue causada solo por los comisionados. Veamos algunos elementos. La Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 fue creada mediante decreto el 6 de octubre del 2021. En su artículo primero, se señala que la Comisión se constituye como grupo de trabajo especial para cumplir las funciones de investigación, seguimiento, fiscalización, proposición y emisión de informes relacionados con los hechos de violaciones graves de derechos humanos en el periodo de violencia política de 1965 a 1990, a efecto de que se realicen las acciones necesarias para el esclarecimiento de la verdad, el impulso a la justicia, la reparación integral y el derecho a la memoria dentro de la competencia de la Administración Pública Federal, y en su caso, dar vista a las autoridades ministeriales, judiciales, de atención a víctimas o aquellas que resulten competentes para su atención.

En diciembre de ese año en la instalación de la comisión en Chihuahua, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador mencionó que: “Yo quiero que antes de que concluya mi mandato podamos informar y hacer justicia”. También señaló que ante el reto que significa sistematizar la información, habrá recursos suficientes para la Comisión de la Verdad. Y reconoció que era un trabajo intenso, resolver lo de la reparación de los daños. Pueden contar con nosotros en eso, es mi compromiso (Comisión de la Verdad.www.gob.mx.). Estamos a un mes de que concluya el actual sexenio y es casi imposible que se cumpla con las promesas hechas en Chihuahua, sobre todo en las que conciernen a hacer justicia y la reparación de daños. Dos de las demandas históricas de los sobrevivientes y familiares de las víctimas de la Guerra Sucia.

El artículo segundo del decreto menciona como quedaba integrada la Comisión. Esta se compone por el titular de la Secretaría de Gobernación, el Subsecretario de Derechos Humanos, Población  y Migración (estaba al frente de esta subsecretaría Alejandro Encinas Rodríguez), el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Secretario de Hacienda y Crédito Público; el Director del Archivo General de la Nación, el o la Titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la o el titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y cinco personas reconocidas por su solvencia moral o prestigio profesional que contribuyan con el objeto de la Comisión quienes serán propuestas conjuntamente por un representante de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, un representante de las víctimas, sus familiares y de las personas sobrevivientes, con la asesoría técnica de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La manzana envenenada
La Comisión nació sin independencia y autonomía política y financiera, orgánicamente depende de la Secretaría de Gobernación y era vox populi que quien realmente operaba la comisión, era el exsubsecretario de Derechos Humanos, Félix Arturo Medina Padilla.

Estructura de la Comisión
La Comisión se compone del Mecanismo para la verdad y el Esclarecimiento Histórico. Después de un proceso de selección se quedaron en dicha comisión la doctora en Historia, Ma. Eugenia Allier Montaño, el Antrop. Abel Barrera Hernández, sociólogo David Fernández y doctor en Ciencias Políticas, Carlos Pérez Ricart. Un Comité para el Impulso a la Justicia; otro Comité para el Impulso a la Memoria y Garantía de No Repetición; Plan de Búsqueda (Comisión Nacional de Búsqueda) y Plan Especial de Reparación y Compensación (Comisión Nacional de Víctimas). El decreto contempla un artículo transitorio que menciona tanto la fecha de entrada en vigor como la fecha de vigencia de la misma: 30 de septiembre del 2024.

En enero del 2022 la Comisión llevó a cabo su primera sesión con el objetivo de presentar el plan de trabajo de cada uno de sus cinco comisiones. En dicha sesión tomaron el acuerdo de realizar una gira de toda la comisión por varios estados de la República.

No, no son iguales
En junio de 2022, en un acto en el emblemático sitio de tortura y muerte durante la Guerra Sucia, el Campo Militar Número 1 y ante familiares de las y los desaparecidos, el secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval, expresó que “el propio mandatario autorizó inscribir los nombres de militares fallecidos con motivo de los hechos del pasado en el Monumento a los Caídos de las Fuerzas Armadas”  y cerró su discurso diciendo: “Como un tributo y un sentido homenaje a los soldados que cumplieron con su deber aún a costa de su vida; lo que fue considerado por los familiares de las víctimas de la Guerra Sucia como una ofensa y fue una señal que prendió las alertas en los comités de familiares de los desaparecidos y a cuestionarse las intenciones y los alcances reales de la Comisión de la Verdad.

Obedézcase, pero no se cumpla o cómo sabotear una Comisión de la Verdad

En una carta dirigida a Alejandro Encinas en mayo del 2023, los comisionados Carlos Pérez Vázquez y Fabián Sánchez Matus del Comité de Impulso a la Justicia, presentaron su renuncia a la Comisión para la Verdad. En ella mencionaban lo siguiente: “Ante la falta de voluntad política, consistente en la inexistencia de recursos financieros destinados por la Comisión para la ejecución de nuestro mandato durante 16 meses, misma que transgrede el Decreto que le da origen, así como los compromisos expresados por el propio titular del Poder Ejecutivo Federal y las recomendaciones internacionales; la ausencia de un acuerdo formal de colaboración con la FGR y las fiscalías locales; el incumplimiento de los acuerdos y la falta de operatividad, síntomas todos de un deficiente funcionamiento de la Comisión y de fallas estructurales en las instituciones gubernamentales, en detrimento de las demandas legítimas de las personas sobrevivientes y de los familiares de las víctimas de la violencia política del pasado reciente en nuestro país, lo cual perpetúa la impunidad, presentamos a usted nuestra renuncia como integrantes del CIJ, efectiva a partir de la fecha del presente escrito.

En otro punto de la carta, los suscritos señalan: “Contrariamente a lo manifestado por el Presidente de la República en el acto de instalación de la Comisión, se nos informó que esta no contaba con los recursos financieros para el ejercicio del año 2022, por lo que se explorarían alternativas con otras dependencias del gobierno federal. No obstante, lo anterior, durante el primer semestre del año 2022 participamos de lleno en las labores de la Comisión”. En una entrevista a la revista Proceso, Carlos Pérez declaró que “resulta bastante paradójico que los recursos y los apoyos a las Fuerzas Armadas hayan crecido de manera exponencial en los últimos años, y el apoyo y respaldo a las víctimas causadas por los propios militares no haya recibido el mismo impulso; ahí podemos ver que las prioridades del gobierno federal no están en impulsar la justicia, sino fortalecer a las Fuerzas Armadas y la operación criticable de la FGR (La guerra sucia: una herida abierta que la 4t simula cerrar, Revista Proceso)  A la anterior problemática, se sumaba la falta de apoyo y colaboración de la  Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), particularmente a raíz de la salida de la comisión de Karla Quintana  y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) 

En septiembre del 2022, la quinta integrante de la Comisión de la Verdad, la historiadora chihuahuense Aleida García Aguirre también renunció a la Comisión. En su carta de renuncia dirigida a Alejandro Encinas, menciona que: “Fue imperativo marcar un alto, manifestar desacuerdo con la estructura que sostiene a la Comisión y la subordinación de facto a la que se somete en presupuesto, burocracia y decisiones al ala de la sociedad civil frente a la institucional”. Al parecer hay indicios de que la comisión fue saboteada desde dentro. De ser así, la pregunta sería: ¿a quién o quiénes les interesaría sabotear la comisión?

Mientras tanto y para cerrar este capítulo de la comisión, falta el informe de la Dra. Allier y que ambos informes los compagine y los expurgue y omita lo que considere molesto al gobierno, el subsecretario de Derechos Humanos y entonces sí, lo dé a conocer Andrés Manuel López Obrador. En virtud de que no se van a cumplir algunos de los objetivos propuestos en el decreto de creación (reparación integral del daño a las víctimas, derecho a la memoria, dar vista a las autoridades ministeriales) sería importante y una buena señal política por parte de la presidenta electa. Dra. Claudia Sheinbaum, le dé continuidad a este proceso y no carpetazo y mucho menos, se continúe con la política del avestruz sobre estas graves violaciones a los derechos humanos. Política que sigue la élite política, académica, de la llamada sociedad civil o mediática, salvo sus excepciones, que siempre los hay.  

En la perspectiva que plantea la Comisión de la Verdad de incorporar estas violaciones a los derechos humanos al material educativo, Puebla puede aportar mucho, iniciando por los maestros mártires de Teziutlán y su defensa de la educación popular en la defensa del derecho al voto y la democracia, defensa de la universidad pública o la lucha por la tierra, por poner algunos ejemplos. No debemos olvidar que la irrupción electoral del 2018 está regada con la lucha, cárcel y sangre de esas decenas, centenas y miles de compañeras y compañeros que dieron su vida por una sociedad justa, libre y plenamente democrática.

Una de las primeras actividades que se pueden llevar a cabo, como ya lo está haciendo la Ciudad de México, es quitarle y cambiarle el nombre a las instituciones, calles, avenidas o bulevares de los municipios e instituciones de los gobernantes autoritarios, antidemocráticos, represores y violadores de derechos humanos que hemos tenido. Se podría iniciar por retirar la imagen de esas personas del salón de gobernadores. Hay mucho material de donde escoger.

Finalmente recordemos que “la historia reciente de nuestro país está marcada por las luchas por la democracia, las libertades políticas y la justicia social, así como las violencias cometidas por el Estado mexicano para socavar las exigencias democráticas y los movimientos sociales y políticos en todo el país” (Comisión de la Verdad). Ante estos graves hechos de violaciones graves a los derechos humanos, debemos recuperar la historia y la memoria larga y profunda del pueblo mexicano, empezando por Puebla. Considero que es  imprescindible difundir y analizar el Informe  para poder entender el México contemporáneo.

Un fallo histórico: caso Rosendo Radilla
El pasado viernes, la jueza Karla Macías Lovera del juzgado noveno del Distrito Noveno con sede en Irapuato,  Guanajuato emitió una sentencia que en su parte medular señala que “la represión del Estado mexicano durante la década de 1970 fue terrorismo de Estado y se ordena a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar bajo esa lógica el caso del activista Rosendo Radilla, desaparecido hace 50 años por militares y ordena a Alejandro Gertz, Fiscal General, procese a  militares de alto rango implicados en el caso del activista, entre ellos al General Enrique Cervantes Aguirre, exsecretario de la Defensa durante el Gobierno de Ernesto Zedillo. La sentencia está en línea con lo que la comisión señala en su informe: ¡Fue el Estado, fue el Ejército!

Tita Radilla, 50 años de congruencia y dignidad en busca de su padre, Rosendo Radilla, desaparecido por el Ejército un 25 de agosto de 1974 en Atoyac de Álvarez, Gro.

30 de agosto: Día Internacional de las Víctimas de la Desaparición Forzada
¿En dónde están? Jesús Corral García (Ciudad de Puebla 1976), Valentín Fernández Zamora (Tecamachalco, 1978), Tomás Pérez Francisco (Pantepec, 1990), Bonifacio Uribe Téllez, (Huauchinango, 2016); Sergio Rivera Hdz. (Sierra Negra de Puebla). ¿Quiénes y por qué los desaparecieron?