Decir que la violencia registrada en Guanajuato es culpa de las autoridades locales, el neoliberalismo y hasta el “Yunque” al “cuarto para las 12”, es cinismo puro y su único objetivo es culpar a otros de los problemas que el gobierno federal no pudo resolver.

Faltando 25 días para dejar el cargo, no puede el presidente de la República presentar en Palacio Nacional un diagnóstico sobre el origen de la inseguridad en el estado de Guanajuato si desde la campaña de 2018 uno de sus compromisos fue atender las causas de la violencia y la delincuencia como la panacea para su solución.

¿Acaso no fue capaz de traducir el discurso en políticas públicas, programas y líneas de acción en las que los ejes estratégicos fueran la economía, educación, salud, empleo, infraestructura y otros factores que fungen como determinantes de la seguridad y el bienestar de la población?

Es más, durante su campaña de 2012 se jactaba de que su villano favorito Felipe Calderón le pegó “un garrotazo a lo tonto al avispero”, ¿cómo es posible que él no supiera lo que estaba pasando al interior de la “colmena” que era Guanajuato desde el momento mismo que tomó protesta y fijó como una de sus metas recuperar dicha entidad para Morena, reclutando a panistas para incorporarlos a su movimiento?

¿De qué sirvieron tantas visitas a Ciudad Juárez, Chihuahua para conocer el modelo de participación ciudadana conocido como “Mesa de seguridad”, que resolvió el problema de violencia entre 2010 y 2011 en dicha comunidad fronteriza, si lo terminaría mal copiando incluso en su nombre al rebautizarla como “Mesas de paz”, si lo que la gente requiere es seguridad pública antes que paz o lo que sea que eso signifique?

¿Será que estamos frente al dicho de la zorra que no alcanzó las uvas más altas y se salió por la tangente diciendo que no estaban maduras?

¿Cómo es que ahora el gobierno federal pretende endilgar a las autoridades locales (estatales y municipales) la culpa de no haber combatido el robo de combustible (llamado coloquial y burlonamente huachicol) cuya competencia es exclusiva del gobierno federal, y las autoridades locales poco o nada pueden hacer porque pertenecen al “fuero común y corriente”?

Desafortunadamente algo así ya pasó en otras entidades gobernadas en su momento por sus enemigos políticos como Puebla, dónde entre 2012 y 2018 no se cansó de decir que el gobierno del estado no combatió el robo de combustible, sabiendo que no era competencia del gobierno estatal, pero era una gran bandera política. Hoy la realidad lo desmiente hasta en la entidad poblana, donde el robo de gasolina bajó, pero solo para que subiera el del gas y la solución fue voltear la mirada para otro lado.

Por si fuera poco, también quiere trasladar la responsabilidad al gobierno local de no combatir el narcomenudeo cuando este es un delito concurrente y claramente se observa que es el principal detonante de la violencia en la región del Bajío.

Tal es su odio hacia la oposición que hasta con los funcionarios de Guanajuato se metió al decir que uno ya estuvo quince años al frente de la Fiscalía General de Justicia y otro se ha mantenido en el cargo por once años en la Secretaría de Seguridad Pública.

No digo que eso no influya en la situación tan compleja que hoy atraviesa dicha entidad, pero no es lo único que determina que Guanajuato siga ocupando los primeros lugares en materia de homicidio doloso.

Es más, deberían también checar cómo andan los indicadores que sí le competen a las autoridades locales en el mismo estado, me temo que por ahí las cosas son diferentes, pero hay que recordar que en materia de gobernabilidad y de seguridad en particular si todo está bien y una sola cosa está mal, entonces todo está mal, pero el rasero debe ser parejo para todos, azules y guindas y si a esas nos vamos, vean como están las entidades gobernadas por Morena en materia de tasa de homicidio doloso por cada 100 mil habitantes, así como feminicidios y extorsión. Me temo que por ahí las cuentas no favorecen a uno ni a otro color.

De cualquier manera, presentar un diagnóstico sobre un problema que ni gobierno federal ni estatal pudieron resolver, como es la violencia homicida, faltando unos días para decir adiós, no habla bien de ellos y les resta autoridad moral, con mayor razón a quien dijo que como Presidente de República reduciría los homicidios dolosos en 50 por ciento en solo tres años, cuando hoy los números indican que si bien le va será al 18 por ciento y acumulará casi 200 mil víctimas de homicidio intencional.

Es muy tarde y la historia lo juzgará como el jefe de Estado con más homicidios dolosos se cometieron durante su mandato, eso sí es hacer historia como bien lo decía el eslogan del partido que lo llevó a la silla presidencial: “juntos haremos historia”.