De acuerdo al informe en materia de seguridad presentado el día de ayer en Palacio Nacional, a menos de dos meses de que concluya la presente administración, la incidencia delictiva se ha ralentizado, es decir ha dejado de crecer pero aun no alcanza el tan anhelado punto de inflexión.

Así lo indican las cifras que mes a mes la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana da a conocer como parte de los compromisos asumidos por el presidente López Obrador desde la campaña presidencial de 2018 y al inicio de su gobierno, cuando señaló que homicidio doloso y robo disminuirían en 50 por ciento.

De esta manera, a menos de dos meses de que deje la silla presidencial la incidencia de homicidio doloso disminuyó marginalmente, al pasar de 2 mil 676 víctimas en junio (89 diarias) a 2 mil 546 en julio (82 diarias), pero los robos totales aumentaron de 175 mil 38 en junio a 176 mil 413 en julio del año en curso.

Sin embargo, el delito que más llama la atención es el robo de vehículo, que registró un incremento del 3.3 por ciento, al pasar de 7 mil 163 en junio a 7 mil 403 en julio, ya que es uno de los ilícitos cuya tendencia a la baja no había sido interrumpido de esa manera desde antes de que iniciara el actual sexenio, es decir que es un delito que ya venía a la baja y en esta administración solo se mantuvo. Comportamiento similar presentó el robo a casa habitación que aumentó 9.6% al pasar de 3 mil 583 a 3 mil 928.

Otros hechos delictivos que tuvieron un aumento entre junio y julio del año en curso fueron el narcomenudeo que pasó de 7 mil 31 a 7 mil 403, el cual ha venido avanzando de manera silenciosa pese a ser un delito de competencia concurrente, así como la extorsión, que pasó de 807 a 819 y que inexorablemente cerrará el sexenio como uno de los delitos de alto impacto que no pudo ser frenado, mucho menos reducido.

No en balde la semana pasada este delito hizo crisis en los municipios de Apatzingán y Buenavista, Michoacán, donde los productores de limón se hartaron de estar pagando el derecho de piso, considerado la fase superior del delito de extorsión, y pararon sus actividades hasta que los gobiernos federal y estatal los escucharon y solucionaron parcialmente dicha problemática.

Sobre el particular cabe agregar que la cifra negra promedio de la extorsión, tanto telefónica como presencial (cobro de piso) en los últimos siete años es del 99.85%, es decir solo se denuncia el 0.15% con lo cual indica que casi el 100 por ciento de los presuntos responsables no serán sancionados; de ese tamaño es el nivel de impunidad.

Además, el propio presidente de la República ha reconocido desde hace varios meses que la extorsión es el delito que no pudo revertir y que cerrará su administración peor de cómo empezó.

En cuanto a los delitos totales, si bien estos se incrementaron marginalmente entre junio y julio del año en curso, al pasar de 175 mil 38 a 176 mil 413, en realidad su incidencia se ha ralentizado y no se espera que en lo que resta de 2024 repunten hasta superar los 2 millones 173 mil 509 de 2023, en todo caso cerrará en esa misma cantidad, confirmándose así que la incidencia de delitos totales jamás dejó de crecer, excepto durante 2020 por las restricciones propias de la pandemia.

A manera de conclusión puedo decir que de nada sirvieron el incremento en el estado de fuerza de la Guardia Nacional (a casi el doble) y del presupuesto destinado a las labores de seguridad pública a nivel federal si al final de cuentas los delitos totales, los homicidios dolosos y la extorsión no disminuyeron. Tampoco sirvió el desmantelamiento de la Policía Federal, si finalmente servirá de semillero de cuadros bien formados que terminarán ocupando varios puestos de dirección en la estrategia de seguridad del gobierno federal que en breve tomará las riendas en esta materia.