Pocos meses en la historia de Puebla han tenido un comienzo tan violento como septiembre de 2024, en cuyos primeros nueve días han sido asesinadas de manera intencional 35 personas, entre ellos dos linchados, solo comparable con abril de este año cuando el Gabinete de Seguridad que sesiona de lunes a viernes en Palacio Nacional recibió el reporte de 37 víctimas de homicidio doloso.

Sin embargo, lo relevante del arranque de septiembre es que desde el día 3 el estado se encuentra sin titular del Ejecutivo estatal ya que el gobernador sustituto, así como el electo y el presidente municipal de la capital iniciaron una gira por Europa para atraer inversiones en materia automotriz procedentes de Alemania y acceso a créditos para micro, pequeñas y medianas empresas conocidas como MIPyMES, procedente de España y cuyos primeros requisitos son la seguridad pública y la gobernabilidad en la entidad destino.

De hecho, esas fueron las condiciones para que en 2016 la planta de Audi se estableciera en San José Chiapa, de otra forma por más giras y reuniones que se realizaran la armadora hubiera volteado a ver a otra entidad que se las ofreciera. Si algo valoran los inversionistas extranjeros es la vigencia del Estado de derecho y los indicadores cuantitativos como la tasa de delitos patrimoniales y de homicidios intencionales a nivel estatal y municipal por debajo de la media nacional.

No obstante que dichos indicadores eran significativamente mejores que los de ahora, hubo quien los criticó y a la distancia los sigue criticando, para lo cual utiliza los espacios en medios de comunicación en los que escribe como es el caso de Alejandro Mondragón (Status), quien el día de ayer se volvió a referir a mi persona por enésima ocasión como uno de los culpables de que las cosas en materia de seguridad se hayan deteriorado.

Tal parece que desde julio de 2015, cuando dejé el cargo de Secretario de Seguridad Pública en Puebla, no me ha podido superar y con frecuencia hace alusiones en contra de mí en forma dolosa, sin tomar en cuenta que todo de lo que se me acusó mediática y penalmente ha quedado totalmente esclarecido ante los tribunales por falta de pruebas. No estoy en contra de que se hable de mi desempeño como servidor público, ya que desde el momento que uno escoge esa responsabilidad sabe que está sujeto al escrutinio público, pero como periodista profesional primero tendría que estar seguro de lo que dice, validando sus fuentes de información y de ser posible contar con pruebas y premisas, no solo dichos, inferencias o conjeturas.

Entre las imprecisiones difundidas dolosamente el día de ayer en su columna “El dinero del crimen y Secretarios de Seguridad” me señala como “fuereño“ cuando en más de una ocasión he aclarado que nací y crecí en el municipio de Tepexi de Rodríguez donde estudié la primaria y obtuve el primer lugar en aprovechamiento en la Zona Escolar No. 30 de Puebla, razón por la cual fui recibido en su despacho por el entonces gobernador Alfredo Toxqui Fernández de Lara antes de viajar al Distrito Federal (hoy Ciudad de México) para saludar personalmente al entonces presidente Luis Echeverría Álvarez en Palacio Nacional. Además estudié la secundaria en el municipio de Ixcaquixtla y si lo cree conveniente puede verificarlo personalmente, lástima que mi director de la escuela primaria “Benito Juárez” de nombre Jacinto Luna Herrera ya falleció pero puede buscar al director de la secundaria de aquel entonces José Trinidad Montiel Muñoz, seguramente algo le dirá sobre mí y no precisamente como él quisiera escuchar, porque si algo aprendí de mis padres y mis profesores fueron los valores, esos que no los puede modificar cargo alguno por más alto que este sea.

En materia de inteligencia, que es mi especialidad, la metodología de recopilación y análisis de información en busca de certezas es muy parecida a la de investigación periodística, por lo que antes de señalarme como “fuereño” y en su momento como delincuente debería checar sus fuentes y validar su información; no está mal que hablen de uno, lo pueden hacer, hasta bien si quieren.

Otro par de señalamientos dolosos es el referente a que estuve metido en temas como el “huachicol” (delito de competencia federal) y además fui superado por los feminicidios y que me hice de la “vista gorda” ante los secuestros para convertir a Puebla en “rehén del hampa”, nada más alejado de la realidad. Nunca fui señalado en Averiguación Previa alguna por ningún detenido por robo de combustible y a las pruebas me remito (en la Averiguación Previa del caso de Marco Antonio Estrada y Tomás Lozano en ninguna parte aparece mi nombre), todo se tejió a partir versiones de policías despedidos, sin sustento alguno y cierto nivel de odio hacia mi persona que no alcanzo a identificar su origen y no quisiera afirmar algo de lo cual no existe evidencia alguna, solo versiones de que los que hablaron mal de mí lo hicieron porque nunca accedí a pagar por el silencio, como lo describe el libro de Enrique Serna.

En materia de feminicidio, este delito se clasificó como tal a partir de 2015, del cual solo estuve al frente de la Secretaría de Seguridad Pública por espacio de seis meses y medio y en ese año completo únicamente se registraron nueve casos, cifra que jamás fue inferior en los años subsecuentes, alcanzando su máximo nivel en 2019 con 59 casos, cuando fueron gobernadores Guillermo Pacheco Pulido y el extinto Luis Miguel Barbosa Huerta, quien dicho sea de paso me difamó hasta que se cansó sin haber comprobado absolutamente nada como lo prometió, pero también declaró que si no encontraba nada ofrecería una disculpa. En cuanto a los secuestros, estos se mantuvieron estables entre 2013 y 2015, con 33 casos cada año, sin embargo, entre 2016 (último año completo de Rafael Moreno Valle) y 2019 pasaron de 41 a 83 eventos, es decir se incrementaron en más del 100 por ciento y alguno de los titulares de Seguridad Pública de ese entonces, hoy se alistan para incorporarse al gabinete del próximo gobernador.

Por si esto no fuera suficiente para aclarar los dichos en el sentido de que “los fuereños Víctor Carrancá y Facundo Rosas” dejaron una estela de omisiones, le informo al autor de la columna que alude mi nombre que los homicidios dolosos registrados en 2013, 2014 y 2015 fueron 409, 338 y 499 respectivamente según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, nada que ver con los 658 en 2016; 1,027 en 2017; 1,277 en 2018; 1,250 en 2019; 981 en 2020; 870 en 2021; 1,028 en 2022 y 967 en 2023, honestamente no veo que haya entregado malos indicadores como se me pretende descalificar en la citada columna, cuestión de aritmética básica.

Como colofón diré que en materia de robo de vehículos y robo a negocio, “los fuereños” entregamos los mejores números ya que en 2013 se robaron únicamente 2 mil 943 vehículos, en 2014 solo 2 mil 309 (cifra histórica más baja) y en 2015  solamente 2 mil 935 vehículos; en contraste en 2018 se robaron 12 mil 512 y en 2019 un total de 11 mil 531, mientras que en 2022 fueron robados 7 mil 733 y en 2023 se robaron 8 mil 698 vehículos, nada que ver con el periodo 2013-2015 que me correspondió como titular de la SSP. En el rubro de robo a negocio en 2013 se registraron 2 mil 242 casos, en 2014 únicamente 1,664 y en 2015 solo 2 mil 106, todos menores a los 4 mil 680 que se registraron en 2017 y los 5 mil 113 en 2019 o bien con los 2 mil 523 de 2022 o los 2 mil 537 contabilizados en 2023.

Un dato que también vale la pena aclarar es que la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla no fue creada en el sexenio de Rafael Moreno Valle, sino que fue la evolución natural de la Subsecretaría de Seguridad Pública, dependiente de la Secretaría de Gobernación en los tiempos del gobernador Melquiades Morales (1999-2005) y que tuvo como titular al general Rodolfo Alvarado Hernández (quien previamente se desempeñó como funcionario del CENDRO de la PGR) y tuve el gusto de coordinarme con él. El siguiente secretario de Seguridad Pública fue el también general Mario Ayón Rodríguez en el sexenio de Mario Marín Torres (2005-2011), con quien también me coordiné desde la Agencia Federal de Investigación para prevenir el secuestro en la entidad poblana, al igual que con la procuradora Blanca Villeda y el procurador Rodolfo Igor Archundia Sierra; fue en este sexenio que se aprobó la Ley de Seguridad Pública del estado de Puebla (15 de julio de 2009). En el sexenio de Rafael Moreno Valle los secretarios de Seguridad Pública fueron Ardelio Vargas Fosado, el autor de esta colaboración y Jesús Rodríguez Almeida. 

En síntesis, para culpar al pasado de lo que no se pueda obtener en el presente hay que tener la memoria corta y la imaginación larga; para evitar especulaciones, inferencias o conjeturas ahí están los datos duros, esos que las empresas europeas quieren para que lleguen sus inversiones. No está mal criticar al pasado porque seguramente algún error se habrá cometido, pero de ahí a inventar que todo estuvo mal y que es mi culpa lo que hoy sucede en la entidad poblana, hay mucha diferencia y no hay que insultar la inteligencia de los lectores y los ciudadanos, mejor será informarse antes de acusar, porque echarle la culpa al pasado solo es señal de incompetencia y la verdad no creo que el gobierno que está por asumir los destinos de la entidad poblana lo sea, todos merecemos una oportunidad y respeto.

Por lo demás, de ahora en adelante responderé ante cualquier señalamiento en mi contra que carezca de sustento en el mismo tono y con más datos duros, pero sobre todo con un profundo respeto a esa gran profesión como lo es el periodismo, pero del que se hace en forma profesional y responsable, no ramplón y chapucero.