Desde la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal (Sistema Penal Acusatorio) en junio de 2016 en todo el país, el papel del Ministerio Público como representante social y responsable de reunir y llevar ante el juez las pruebas que dan sustento a una acusación penal, no ha recibido el apoyo suficiente de parte de los gobiernos federal y estatal como las circunstancias lo exigen, por lo que ha quedado rezagado y necesita ser colocado nuevamente en el centro del proceso penal, más allá incluso de la reforma al Poder Judicial.

El impulso que recibió este actor preponderante de 2008 a 2016 no fue el mismo después de esa fecha y para explicarlo habría que recurrir a por lo menos tres indicadores estratégicos: el primero tiene que ver con el presupuesto, que no ha crecido en la misma proporción que lo ha hecho la población y la incidencia delictiva.

No es lo mismo atender 1 millón 989 mil 928 Carpetas de Investigación que fueron iniciadas en 2018 que 2 millones 173 mil 508 que fueron abiertas en 2023. Cabe subrayar que, en 2008, la incidencia delictiva fue de apenas 1 millón 628 mil 54 delitos totales, 22.2% menos que en 2018 y 33.5% menos que en 2023.

El segundo indicador está relacionado con la incorporación de nuevos servidores públicos a las fiscalías ya que al no aumentar el número de ellos como la realidad lo requiere, las cargas de trabajo se multiplican, llegando a tener cada agente del Ministerio Público del fuero común bajo su responsabilidad hasta 290 Carpetas de Investigación al año (más de una por cada día hábil en 2021) cuando los estándares del Sistema Penal Acusatorio son de entre 40 y 50 Carpetas por Ministerio Público. Un dato preocupante al respecto es que entidades como Nuevo León, Colima, Querétaro y Aguascalientes registraron más de 500 Carpetas de Investigación por MP al año con 763, 589, 574 y 555 respectivamente, es decir más de una diaria. Lo anterior indica que cuando aún no termina de integrar una, ya está encima la otra. Luego entonces, ¿en qué momento podrá investigar, integrar el pliego de consignación, apelar la resolución de los jueces y hasta coser las Carpetas?

La cifra más cercana a dicho estándar fue la de la Fiscalía General de la República que en 2021 registró 52 Carpetas de Investigación por cada agente del MP de la Federación; aun así son muchas dada la complejidad de los delitos que atiende la FGR.

Es importante destacar que en 2016 las Fiscalías y/o Procuradurías Generales de Justicia contaban con un total de 96 mil 406 integrantes, entre agentes del MP, policías investigadores, peritos, directivos y personal administrativo, pero su estado de fuerza disminuyó en 2022 a 91 mil 768 integrantes; es decir, que mientras los delitos aumentaron los servidores públicos que se encargan de perseguirlos disminuyeron a nivel estatal, mientras que a nivel federal la tendencia fue la misma, al pasar de 21 mil 743 en 2016 a 19 mil 479 en 2022, que son los datos más recientes de que se dispone.

El tercer indicador tiene que ver con el catálogo de delitos que son sancionados con prisión preventiva oficiosa, que para 2021 ya ascendía a 16, además de aquellos que se persiguen de oficio y que en la actualidad suman 12. La ampliación de ambos catálogos genera más presión a los agentes del MP, ya que tienen que investigar más y atender las audiencias instruidas por el juez, además de recibir las denuncias que todos los días presentan los ciudadanos ante el incremento de la violencia y la delincuencia de los años posteriores a la pandemia del COVID-19 que en 2020 ayudó a disminuir la incidencia de delitos.

En síntesis, para que el MP logre sus objetivos en el marco del Sistema Penal Acusatorio y en las circunstancias que imperan al día de hoy, tendrá que ampliar sus capacidades técnicas y humanas para poder reunir y presentar pruebas más sólidas y cuidar que las detenciones que realiza la policía y ahora el Ejército a través de la Guardia Nacional se apeguen a la ley.

De nada servirá una reforma profunda al Poder Judicial, primero federal y después a nivel estatal, si el Ministerio Público permanece como lo conocemos en la actualidad. De ser así, los presuntos delincuentes seguirán evadiendo la prisión preventiva por más oficiosa y justificada que sea, ya que no habrá tiempo ni capacidades para conducir la Carpeta de Investigación por parte del MP como lo marca el artículo 21 Constitucional; con mayor razón ahora que la Guardia Nacional como su órgano auxiliar, dependa orgánicamente de la Secretaría de la Defensa Nacional y esté compuesta únicamente por elementos del Ejército; seguramente habrá cosas que un militar no pueda investigar en el terreno civil y termine beneficiando a los presuntos responsables, pero como siempre, la culpa será de los jueces.