En 54 días habrá concluido la actual administración y la promesa del presidente de la República a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, en el sentido de que los volverían a abrazar, no se ha cumplido ni se cumplirá.

Al menos eso se desprende de los dos informes de la presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (CoVAJ), fechados el 18 de agosto de 2022 y 27 de septiembre de 2023, y el primer reporte del presidente de México sobre los jóvenes desaparecidos, publicado por el diario La Jornada el 20 de julio del 2024.

Habrá que recordar que en junio de 2021 los padres de los normalistas desaparecidos se pronunciaron en contra de los resultados del análisis de restos óseos efectuados en la Universidad de Innsbruck, Austria, que indicaban que el último de los identificados respondía al nombre de Jhosivani Guerrero de la Cruz.

En esa ocasión su madre recalcó que durante su campaña y toma de protesta “el presidente nos dijo que volveríamos a abrazarlos”, por lo que “no queremos un huesito”. Al respecto manifestó que si el “huesito” era de su hijo, no perdía la esperanza de volverlo a ver ya que las personas pueden vivir sin una de sus extremidades inferiores y esta no sería la excepción.

Esta serie de declaraciones vienen a confirmar que no es lo mismo “asumir el compromiso de encontrar la verdad sobre los desaparecidos”, como lo señalaban los objetivos del Primer  Informe de la presidencia de la CoVAJ; que asumir el compromiso de encontrar a los desaparecidos, como este gobierno se lo dijo a sus padres cuando necesitaba banderas políticas para llegar a la presidencia de la República y hoy en las postrimerías de su mandato sigue buscando culpables entre los servidores públicos que construyeron la “verdad histórica”, menos a los responsables, entre ellos a elementos del Ejército Mexicano, ya sea por omisión o por comisión.

Han pasado casi seis años y aún no es posible saber qué pasó con los 43 estudiantes aquella noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala y dónde están, porque a 54 días de concluir su mandato lo único que le interesa y le consta al presidente de la República es que “hasta ahora no se ha encontrado absolutamente nada sobre la participación directa de integrantes del Ejército en el crimen de Iguala”, que además de todo son “pueblo uniformado”.

Total que a estas alturas todo parece indicar que el titular del Ejecutivo federal sabe que el compromiso de encontrarlos será difícil y encontrarlos con vida será imposible, por lo que ya inició el lavado de manos y la repartición de culpas, pero ninguna en contra de funcionarios de la actual administración. En éste sentido, por más que se haya llamado a declarar a Alejandro Encinas en calidad de testigo, en cualquier momento su estatus podría cambiar ya que hay evidencias de que violó la ley y excarceló internos en busca de informantes y testigos de cargo.

Sin embargo, hay algo que no podrá eludir, que en el caso de la desaparición de los 43 todos los caminos conducen a la “verdad histórica”, la cual hasta ahora ha sido golpeada pero no derrumbada y tarde o temprano volverá a relucir.

Si nos atenemos a las conclusiones del Primer Informe de la CoVAJ, lo único seguro hasta el día de hoy es que se trató de un crimen de Estado y que las autoridades federales y estatales del más alto nivel fueron omisas y negligentes, además que no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida, así o más claro.