Durante los últimos catorce años, 20 de las 32 entidades federativas han tenido por lo menos un militar como secretario de Seguridad Pública o Ciudadana (según sea el caso). Durante 2011 hubo quince titulares de dichas dependencias procedentes de la Secretaría de la Defensa Nacional, mientras que hasta abril del 2024 solo siete provenían de la SEDENA y otros siete de la Secretaría de Marina, dando un total de catorce; así se desprende del reporte elaborado por México Evalúa titulado La otra militarización.

Sin embargo, en fechas recientes fue nombrado otro militar al frente de la Secretaría de Seguridad en el Estado de México, con lo cual el número de titulares de extracción militar vuelve a ser como en 2022, un total de 15. El origen de los 17 restantes es civil, aunque algunos de ellos hayan arribado al cargo como resultado del servicio civil de carrera.

Pero vayamos al impacto de su formación profesional en la función policial y como auxiliares del Ministerio Público de acuerdo al Artículo 21 constitucional, tanto a favor como en contra.

En principio de cuentas la formación militar está basada en la doctrina y la verticalidad del mando, lo cual dificulta una pronta toma de decisiones en materia policial, por lo que la pugna ha sido por quedarse con el mando antes de cumplir con lo estipulado por la Constitución y las leyes secundarias. Un elemento básico de su estrategia es el uso de armas de fuego como herramienta fundamental para conseguir su objetivo que es la aniquilación del enemigo y no para atender los problemas de la ciudadanía, a la que debe proteger y servir en materia de seguridad. Es decir que la vinculación con la población y las labores de proximidad no pasan por la formación militar y no es fácil aprenderlas y aplicarlas en el corto plazo como se ha pretendido desde hace varios años.

Cuando se trata de jefes y generales los que asumen la titularidad de SSP es muy difícil que se adapten a la vida policial, sobre todo cuando ya son retirados, ya que sus prestaciones sociales y sus lealtades siguen estando en el Ejército y eso no se les puede reclamar porque son su soporte de vida y el de su familia; además no existe un andamiaje legal claro que les permita ser asimilados en el servicio de carrera policial de la entidad o municipio al que se incorporen, algo que sí sucede en otros países como en Estados Unidos, donde vuelven a empezar desde cero pero su horizonte es amplio.

En cuanto a los indicadores de desempeño que han caracterizado a los mandos de origen castrense, en su mayoría tienen que ver con patrullajes, “reconocimientos” y establecimiento de “puestos de control”, cuando que a la delincuencia se le combate, no se le controla, mientras que a los ciudadanos se les protege y tampoco se les controla. Una de las ventajas que han despertado el interés para su incorporación en este tipo de labores es la disciplina; sin embargo, el solo hecho de saber marchar y obedecer no garantiza resultados; la disciplina implica orden y valores, pero con libertad para decidir.

En contraparte, el origen civil y la formación de un policía le permite establecer una mejor interlocución con la comunidad basada en la solución o canalización de los problemas que más le aquejan a la ciudadanía, contribuyendo así al fortalecimiento del tejido social, lo que le permite contribuir en la prevención del delito sin que hasta esa fase tenga que recurrir al uso de las armas de fuego. Si bien la línea de mando en el mundo civil es vertical, existen márgenes que le permiten tomar decisiones en cada etapa del proceso de atención y resolver los problemas planteados.

Una de las ventajas de la estrategia de seguridad impulsadas por mandos de origen civil y policías de carrera es la referente al trabajo de proximidad con la sociedad que no es más que vincularse con ella en la solución de sus problemas, incluso aquellos que no están relacionados con la seguridad, pero por encontrarse cerca y tener una mejor interlocución recurren a la policía. Este tipo de contacto permite también recabar denuncias y datos entre la comunidad, mismos que tras ser sometidos a una rigurosa validación, integración e interpretación pueden convertirse en productos de inteligencia útiles para la prevención y combate de los delitos. Una de las desventajas de este tipo de mandos es que están expuestos a cuestiones políticas y en el mejor de los casos su número es reducido al no haber un servicio civil de carrera sólido ya que el presupuesto es muy limitado.

Ejemplos de éxito de civiles al frente de corporaciones de policía hay varios, a nivel internacional la Real Policía Montada de Canadá y la Policía Nacional de España donde la labor de proximidad está a cargo exclusivamente de policías de carrera. A nivel nacional el ejemplo obligado es Ciudad Juárez y su “Mesa de seguridad” en 2010, donde la coordinación entre las policías federal, estatal y municipal y el trabajo de proximidad con empresarios y ciudadanos permitió alinear la atención de las causas de la violencia y la delincuencia con las labores de prevención y combate a los grupos delictivos, lo que permitió reducir los delitos de homicidio doloso, secuestro, extorsión y cobro de piso en más del 60 por ciento. En aquella ocasión el Ejército tuvo que salir de la ciudad y de la estrategia policial, asumiendo únicamente el resguardo de instalaciones federales como el aeropuerto internacional, estación del tren y las garitas de entrada a territorio nacional, conforme a sus atribuciones y funciones.

Un dato revelador del documento elaborado por México Evalúa es que durante 2022 las entidades federativas donde sus titulares fueron mandos de origen militar tuvieron una tasa de 80 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, en tanto que aquellos que tuvieron mandos de origen civil (incluidos policías de carrera), la tasa fue de solo 34 homicidios.

Llama la atención que entre 2011 y 2024 Puebla fue uno de los ocho estados en que la organización no gubernamental no registra ningún mando militar, pese a que el vicealmirante Ildefonso Amézaga Ramírez se desempeñó como tal durante siete meses (agosto de 2019 a febrero de 2020). En 24 entidades federativas restantes por lo menos durante un año el cargo de SSP fue ocupado por alguien de ascendencia castrense.

En síntesis, no es que los mandos de origen civil sean mejores que los militares o viceversa, solo que los objetivos para los cuales fueron formados son diferentes y en varias ocasiones incompatibles, tanto que los elementos de la extinta Policía Federal no serán incorporados a la Secretaría de la Defensa Nacional porque no existen los mecanismos para que un Inspector general de PF sea asimilado como Coronel del Ejército, o un Comisario Jefe (como el que ostentaba el mando de la SSC de la CDMX que fue asesinado en el Estado de México) pase a ser General de Brigada y sea adscrito a la Guardia Nacional, aunque al revés sí ha sucedido.

Ahí están algunos números y consideraciones que seguramente podrán ser referentes ahora que vienen cambios de titular en por lo menos ocho estados del país en materia de seguridad pública o ciudadana, como quieran llamarla.