La puesta en marcha del programa “Sí al desarme, sí a la paz” el pasado 10 de enero en el atrio de la Basílica de Guadalupe de la Ciudad de México por parte de la presidenta de la República, la secretaria de Gobernación y la jefa de gobierno de la CDMX, consistente en el canje de armas y municiones por dinero sin investigación alguna, no es más que la reedición de un programa que con el mismo nombre y en los mismos espacios inició en 2019, cuando autoridades capitalinas instalaron módulos en los atrios de 137 iglesias de las 16 alcaldías de la capital del país.

Por lo visto no es una acción nueva que se sume a la Estrategia de seguridad y tampoco las más efectiva en términos de reducción de la violencia, ya que de acuerdo con una investigación realizada por el Laboratório de Analise da Violéncia bajo el título “Qué funciona para reducir homicidios en América Latina y el Caribe”,  citada en este mismo espacio el 19 de diciembre de 2024, sus autores concluyeron que el programa de “Canje de armas” emprendido por México desde hace algunos años, “no aportó solución alguna a este complejo problema, más allá de recuperar algunas armas viejas e inservibles”.

Tampoco es que dicho programa haya sido utilizado solo durante la gestión de la hoy presidenta de la República al frente del gobierno de la CDMX, ya que gobiernos de todos los colores han caído en la tentación de querer resolver un problema de violencia pidiendo a la población que entregue sus armas a cambio de dinero en efectivo o tabletas.

Al respecto basta recordar que la némesis del actual y anterior gobierno, el expresidente Felipe Calderón, puso en marcha el mismo programa el 1 de abril de 2008 a nivel nacional con el nombre de “Programa voluntario de canje de armas de fuego”, siendo encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional con resultados no muy claros y tampoco muy alentadores.

Bajo esta premisa, por qué ahora sí tendría que ser exitoso un programa que fue utilizado a la par de la “guerra contra el narco” por parte del villano favorito de la 4T y no marcó diferencia alguna, ya que según la narrativa del actual gobierno federal fue el peor sexenio pese a que durante su gestión se registraron 120 mil 463 homicidios dolosos, mientras que en el que recién concluyó se contabilizaron 201 mil 045 (incluye feminicidios que antes no se desagregaban y que el gobierno tampoco incorporaba al calcular el promedio diario), pero fue el mejor porque a él no se le incrementó tanto dicho delito.

Tal vez habría que ser más honestos y poner la objetividad y la razón por delante de la subjetividad y las emociones, no como cuando se nos dijo que los 19.61 pesos por litro de gasolina con que cerró el último día del sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto realmente eran 26.01 (pero no nos dábamos cuenta a la hora de pagar) y que por eso los 24.09 pesos con que cerró la gestión del expresidente López Obrador eran menos que los de Peña Nieto (26.01 pesos) y que así se comprobaba que el precio de la gasolina realmente bajó y además no hubo “gasolinazos”.

Ahora bien, volviendo al tema de las armas de fuego, es necesario hacer un recuento de lo asegurado por cada administración desde la del expresidente Felipe Calderón hasta el expresidente López Obrador para darse cuenta que lo obtenido vía canje de armas fue simbólico ya que las cifras son incompletas e insignificantes y la mayoría de las armas inservibles.

En términos de aseguramientos y tomando como base los Informes de gobierno y los reportes oficiales, durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón fueron aseguradas 169 mil 020 armas de fuego, siendo el mejor año 2011 con 39 mil 974; en la administración del expresidente Enrique Peña Nieto se aseguraron únicamente 52 mil 064 armas, es decir menos de un tercio de lo incautado en el sexenio previo, mientras que durante la administración del expresidente López Obrador fueron aseguradas 106 mil 567 armas de fuego, es decir más del doble que con Enrique Peña Nieto pero menos de dos tercios de lo asegurado con Felipe Calderón.

Cifras recopiladas por El Colegio de México a través del Seminario sobre Violencia y Paz (Dulce Alicia Torres Hernández y Sergio Aguayo Quezada, 4 de enero de 2025) refieren que durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón fueron aseguradas 163 mil 420 armas de fuego, con el ex presidente Enrique Peña Nieto fueron solo 55 mil 215, mientras que con el ex presidente López Obrador (con corte a junio de 2024) fueron 109,420 armas, es decir una ligera diferencia en cada una de las citadas administraciones, respecto de las del párrafo anterior.

Visto desde cualquier perspectiva y comparado bajo cualquier metodología de análisis, durante el sexenio de Felipe Calderón se aseguraron más armas de fuego que en el de López Obrador y de Peña Nieto; esta cifra es objetiva, unívoca, singular e inobjetable; tan contundente es la diferencia que ni con la persecución política a partir de la fallida Operación Rápido y Furioso pudieron cambiar el marcador.

Pero más allá de cualquier comparación, que siempre será odiosa, la importancia radica en que ni las 169 mil armas aseguradas por la administración de Felipe Calderón, las 52 mil de Peña Nieto y las 106 mil de López Obrador, ninguna pudo quitar al crimen organizado más del 15% de las que según cálculos del propio gobierno federal ingresa al país de manera ilegal cada año.

En conclusión, para que el programa de canje de armas impacte verdaderamente este mercado ilícito (en 2019 la Cámara de Diputados y gunpolice.org estimaban que en México circulaban entre 10.5 y 12.75 millones de armas ilegalmente), necesita superar las de los aseguramientos realizados durante las últimas tres administraciones, que ascienden a 18 mil 200 en promedio por año y la verdad no veo por donde lo pueda lograr, pero en caso de que lo consiguiera, sería un indicador de que las armas que circulan ilegalmente en territorio nacional son más de las que se estiman e incluso más de las que parecen, pero también tendría que echar por tierra la máxima de que “nadie vende caballo por bue