Al igual que para la gestión anterior, que inició el 15 de diciembre de 2022, para la que arrancó el 14 de diciembre del 2024 en Puebla no ha sido un día de campo en materia de seguridad.

Si bien son pocos días para evaluar su desempeño, todo parece indicar que los primeros once días de gobierno serán de los más difíciles para los responsables de la estrategia de seguridad estatal, por lo menos en cuanto a homicidio doloso.

Como ha sucedido en otros momentos de la vida pública del país, los cambios de administración han representado una relativa fase de debilidad institucional en la que la incidencia delictiva se incrementa significativamente.

Así sucedió a nivel federal en 2018 tras el triunfo del ahora expresidente López Obrador, cuando julio se convirtió en el mes más violento de la historia moderna con 3 mil 74 homicidios dolosos y 84 feminicidios. La razón, que el presidente de la República en funciones (Enrique Peña Nieto) prácticamente renunció a su responsabilidad al frente de la seguridad una vez pasadas las elecciones y solo esperaba que llegara diciembre para entregar la estafeta, mientras que el presidente electo no acababa de llegar, pero de facto ya tomaba decisiones en todos los ámbitos de la administración pública federal.

De hecho, el último mes de 2018 y algunos de 2019 y 2020 fueron de los más altos en términos de homicidio doloso a nivel nacional, incluso 2019 (con 34 mil 723) y 2020 (con 34,569) fueron más violentos que 2018 (33 mil 742) en cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Teniendo como antecedente esta serie de premisas, lo que sucede en Puebla no sería la excepción y más bien se ubicaría dentro de la “normalidad”.

Pero además, la “renuncia” del Fiscal General del estado de Puebla un día antes de que tomara posesión el actual gobernador con el supuesto argumento de competir para Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no tener que aceptar que no era bienvenido a la nueva etapa de la vida pública en Puebla, se convirtió en un factor adicional para que los grupos delictivos aprovecharan esa especie de vacío institucional y ajustaran sus cuentas a sabiendas que la instancia responsable de la investigación y persecución de los delitos se encontraría acéfala y que los cambios en su estructura orgánica dificultarían la búsqueda de los probables responsables.

Solo así se explica que durante los primeros once días del actual gobierno se hayan registrado 42 homicidios dolosos en la entidad poblana, tres más que en el mismo periodo del gobierno anterior cuando se contabilizaron 39, lo que arroja un promedio de casi cuatro asesinatos intencionales diarios entre el 14 y el 24 de diciembre del año en curso de acuerdo a las cifras preliminares del Gabinete de Seguridad del Gobierno federal, las cuales dicho sea de paso siempre terminan ajustándose al alza entre el 10 y el 15 por ciento cuando el SNSP da a conocer sus cifras definitivas los días 20 de cada mes. 

Este comportamiento es similar al de septiembre pasado cuando se registraron en promedio cuatro homicidios dolosos al día para totalizar 119, por lo que el mes patrio se convirtió en el más violento del año y el tercer mes con más víctimas de este delito de la historia de Puebla.

Ante este complejo escenario, es deseable que en breve la tendencia cambie y la estrategia de seguridad de la administración entrante, en coordinación con la Federación funcione; que la curva de aprendizaje de los mandos procedentes del medio castrense, en este caso de la Secretaría de Marina-Armada de México sea lo más corta posible, ya que una cosa son las armas y las tareas en altamar y otras muy diferentes en tierra, con mayor razón a nivel de zonas urbanas de alta incidencia delictiva como lo es la zona metropolitana de Puebla, donde confluyen municipios con enormes diferencias en los rubros económico, político y social.

Un rasgo operativo que permite adelantar resultados diferentes a las administraciones más recientes es que a diario se están revisando personas y vehículos automotores, de uso particular y público, así como motocicletas que transitan por la capital del estado y municipios conurbados en busca de armas y mercancías ilegales, tal como se hacía en los tiempos del extinto Rafael Moreno Valle y que permitió obtener las cifras más bajas en los últimos quince años en materia de homicidio doloso, robo de vehículo, robo a transportista, robo a transeúnte y delitos totales de acuerdo con el SNSP, así como en tasa víctimas y de delitos por cada 100 mil habitantes, percepción de inseguridad y cifra negra de acuerdo con el INEGI, por más que algunos sectores de la población, partidos políticos y algunos medios de comunicación han tratado de denostar con diferentes fines.

Ojalá sea solo cuestión de tiempo y que la estabilidad política por fin haya llegado para quedarse en Puebla, después de los tan convulsionados últimos seis años.