La detención de 15 personas vinculadas con la “fuga” del presidente municipal de Santo Tomás de los Plátanos, Edo. de México y su esposa el pasado 17 de diciembre del 2024, así como la llegada de nuevas autoridades a los 125 municipios que integran la entidad mexiquense a partir del 1 de enero de 2025, parecen ser suficientes para dejar en stand by la “Operación Enjambre” que desde el 22 de diciembre del año pasado no ha sido reactivada.

Dada la temporalidad y alcance de sus acciones a nivel municipal es lógico pensar que, con la llegada de los nuevos presidentes municipales y encargados de la seguridad pública, no habrá a quien perseguir, por lo menos no servidores públicos en funciones, ya que de haber tenido vínculos con algún grupo delictivo o participar en alguna actividad criminal no pudieron haber accedido a dichos cargos.  

En teoría los flamantes servidores públicos debieron haber pasado por todos los filtros que para ello existen; los presidentes municipales por una exhaustiva selección de candidatos a puestos de elección popular a cargo de los partidos políticos en coordinación con las autoridades correspondientes, mientras que para los responsables de la seguridad pública por rigurosas evaluaciones de control de confianza con todos sus componentes: toxicológico, médico, psicométrico, poligráfico y de entorno social y situación patrimonial, por parte de Centro Único de Evaluación de Control de Confianza del Estado de México.

Si todos los funcionarios y elementos a cargo de la seguridad pública municipal cumplieron con dichos requisitos no habría mucho de qué preocuparse sino hasta que la vigencia de las evaluaciones haya fenecido y esto sería hasta dentro de tres años para mandos de nuevo ingreso y dos años para personal en activo, es decir la siguiente fase de la “Operación Enjambre”, en su vertiente de seguridad pública municipal, puede esperar al menos dos años en la entidad mexiquense.

Pero si además todos los policías municipales en activo cuentan con su Certificado Único Policial que garantiza su evaluación en control de confianza y capacitación para desarrollar la función policial como primer respondiente en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, también conocido como Sistema Penal Acusatorio, la arista de la teoría del delito correspondiente a la “debilidad institucional” estaría superada y no habría motivo alguno para preocuparse de aquí en adelante.

Lo que no puede apagarse una vez iniciada la cruzada en contra de la ilegalidad es la revisión de los “giros negros” en el marco de la “Operación Atarraya” ya que es complementaria a la “Operación Enjambre” y le corresponde atender la arista de la “logística criminal”, consistente en hacerse llegar de armas, vehículos, equipos de comunicación e inmuebles desde donde planear y dirigir sus acciones tendientes a ampliar su radio de acción para obtener ganancias e impunidad que le den viabilidad a sus actividades ilícitas. 

Esa sería la razón para no guardar para otra ocasión dicha operación; sin embargo, su alcance será menor ya que solo atendería lo relacionado con la logística que hace posible que se cometan delitos de alto impacto y dejaría de lado la atención de la debilidad institucional, esa que facilita que los grupos delictivos coopten a algún servidor público para garantizar su impunidad.

Cabe subrayar que el “talón de Aquiles” del combate a la informalidad y funcionamiento de los “giros negros” que operan al margen de la ley, es la licencia de funcionamiento para la apertura de establecimientos comerciales, industriales o de prestación de servicios, entre ellos la venta de alcohol, que en su último tramo es responsabilidad de los municipios, ya que son tantos y tan confusos los requisitos que tienen que cumplir los propietarios u operadores de los mismos que optan por corromper a algún funcionario menor y así poder seguir funcionando en la ilegalidad.

Pero si las autoridades estatales y federales consideran que no es momento de apagar los motores de la “Operación Enjambre”, entonces sus baterías deberán ser enfocadas al ámbito estatal, que son las responsables de la regulación del uso del suelo, salud y en algunos casos de los temas de protección civil para el funcionamiento de las unidades de negocio, incluyendo desde luego los “giros negros”, porque hasta ahora ningún funcionario público de este nivel ha sido detenido como parte de dicha operación y tampoco es que no exista corrupción o vinculación con algún grupo delictivo entre funcionarios estatales de gobierno y seguridad pública, solo que hasta ahora el desprestigio se lo han cargado al gobierno más débil, es decir al municipio.

Mejor aún, si realmente quisieran resolver el problema de fondo, la esencia de la “Operación Enjambre” debería ser replicada en los estados y municipios donde recientemente se han registrado mayores índices de violencia, tales como Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Puebla, Sinaloa, Sonora y Tabasco, donde el tejido institucional y también el tejido social está afectado por varias razones, entre ellas la falta de voluntad política de sus gobernantes y la intensa actividad de los grupos delictivos que se alimentan de los retazos que va dejando a su paso el trabajo de la autoridad al privilegiar el uso de los programas sociales por encima del desarrollo económico de las comunidades y la aplicación efectiva de la ley.

En síntesis, sea cual sea el nombre que se le dé a este tipo de acciones en cada entidad federativa, lo importante es acotar el margen de maniobra de los grupos delictivos, más allá de la presión de los primeros 100 días del gobierno federal.