No fue una buena semana para el segundo piso de la Cuarta Transformación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El “bono democrático” postelectoral al asumir la titularidad del Poder Ejecutivo deberá administrarlo bien, optimizarlo, porque el proyecto transexenal enfrentará más obstáculos. Tres eventos fueron relevantes el pasado fin de semana que obligarán a la presidenta a replantearse nuevas estrategias en el arranque de la administración de la continuidad:

La votación a favor del paro indefinido de jueces y magistrados del Poder Judicial Federal; la oposición de patrones y trabajadores de convertir al Infonavit en megaconstructora de vivienda y el millón de casas con arredramiento; la extensión y prolongación de la narcoguerra en Sinaloa.

La ratificación de inversiones por 20 mil mdd de los CEOes de firmas estadounidenses en reciente encuentro con Sheinbaum no generó tanta conversación pública ni acaparó atención de los medios, como la crisis constitucional por la reforma judicial.

Se agrava crisis constitucional

Jueces y magistrados de los juzgados de distrito del país realizaron una votación electrónica y por 809 a favor decidieron continuar el paro, con carácter indefinido, en rechazo a la reforma judicial, con todo y tómbola, mientras que 491 votaron por reanudar labores.

De esta manera respondió el PJF al rechazo presidencial de “bajar” la publicación de la elección de jueces, magistrados y ministros para junio del 2025, sentencia ordenada por una juzgadora al otorgar la protección de un juicio de amparo.

Posterior a la postura de la presidenta Sheinbaum vinieron los pronunciamientos de los gobernadores de Morena contra el Poder Judicial Federal, y el “jalón de orejas” de la lideresa nacional de Morena, Luisa María Alcalde a los legisladores federales para que difundan la reforma.

Aunque la narrativa del oficialismo insiste en que la reforma al Poder Judicial Federal es un hecho consumado, publicadas las reglas, los trabajadores, jueces y magistrados decidieron continuar la resistencia.

El debate de competencias jurídicas de los Poderes Ejecutivo y Legislativo contra el Judicial, en el sentido de que no tienen facultades para impedir las reformas del Legislativo, obligará a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a resolver la controversia.

A juzgar por la postura de jueces y magistrados, posterior a la laxitud de los magistrados del Consejo de la Judicatura acicateados con su permanencia en sus cargos hasta el 2027, todo indica habrá una resolución de la Corte, lo que agravará la crisis constitucional.

De la megafarmacia a la megaconstructora

El principio centralista del gobierno de la 4T para la concentración absoluta del poder tuvo una de sus manifestaciones en el Consejo de Administración del Infonavit donde representantes patronales y de los trabajadores rechazaron la reforma propuesta por la presidenta Sheimbaum para que Instituto construya viviendas.

Empresarios y sindicatos calificaron de regresiva la iniciativa de ley para reformar el Infonavit para que se convierta en la constructora de la vivienda como lo era en el pasado, sistema que excluye la competitividad de las empresas privadas del sector de la construcción.

Ante Octavio Romero Oropeza, director del Infonavit, expusieron su rechazo a utilizar el fondo de vivienda con aportaciones de patrones y trabajadores, para otorgar viviendas con opción a compra a jóvenes, sector que no cotiza, en tanto el gobierno no destinará recursos.

Ven inviable a un Infonavit con el monopolio de los insumos para la construcción de viviendas que involucra a unas 20 industrias (acero, cemento, plástico…) bajo control exclusivo del instituto, lo que perderían competitividad los empresarios vivienderos e impedirá a los beneficiarios la compra a terceros y afectaría opciones de los trabajadores para acceder a créditos hipotecarios.

Con viviendas construidas por el organismo, como en los sexenios del PRI donde líderes obreros y funcionarios del Infonavit se enriquecieron como “constructores” (Blas Chumacero, entre otros en Puebla), afectaría la movilidad de los trabajadores para seleccionar una vivienda cercana a su trabajo.

La advertencia respecto a la vivienda por arrendamiento para jóvenes universitarios, con opción a compra, es que apalancarían la edificación de casas con el fondo de aportaciones obrero-patronales, y no existe garantía de compra, amén del deterioro de las viviendas al desocuparlas.

El gobierno morenista tiene mayoría en la Cámara de Diputados para aprobar la reforma Sheinbaum para que el Infonavit construya el millón de casas como empresa constructora monopólica, lo que dañaría al sector de la construcción, así como pérdidas para el Instituto.

Narcoguerra en Sinaloa se extiende a otros estados

En la continuidad transexenal del proyecto de la 4T, la crisis de inseguridad por la guerra entre cárteles de la droga de Sinaloa, así como el inicio del juicio a “El Mayo” Zambada en EU, empieza a poner en duda la paz, gobernabilidad y la estrategia de “los abrazos”.

No son buenas noticias el anunciado reacomodo de las principales facciones del crimen organizado con la presunta alianza entre los hijos de El Chapo Guzmán, Los Chapitos del cártel de Sinaloa y el CJNG de Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho.

El reacomodo de los poderosos grupos delictivos pasará por la eliminación de sus adversarios, el grupo de “El Mayo” y otras facciones, en una buena cantidad de estados.

De acuerdo a los expertos en temas de seguridad, la “narcoguerra” se extenderá a varios puntos del país, hasta lograr su predominio la dupla Cártel de Sinaloa y CJNG, para negociar un “acuerdo de paz” con el gobierno de la 4T, en medio del juicio a Ismael El Mayo Zambada.

A la fecha, es la agitada tercera semana para el gobierno de la continuidad de Sheinbaum con una crisis constitucional por el rechazo a la reforma al Poder Judicial; la extensión y prolongación de la narcoguerra en Sinaloa, y el rechazo de trabajadores y patrones de usar los fondos del Infonavit para casas en arrendamiento.

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Face: Pablo Ruiz Meza
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