Tomando en cuenta las cifras preliminares que ubican a la gestión del expresidente López Obrador como la peor de todos los tiempos en materia de homicidio doloso y de violencia en general, urge que de inmediato y sin importar si todos los gobernadores que resultaron triunfadores en los estados hayan tomado posesión o no, se ponga en marcha la estrategia de los cuatro ejes mencionados durante la campaña, en la ceremonia de toma de protesta y el discurso en el zócalo de la Ciudad de México por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya que el mes que acaba de concluir se convirtió en el segundo con más víctimas de homicidio doloso de este 2024, mientras que las extorsiones y el secuestro aparecen con una tendencia a la alza y como los delitos con mayor cifra negra en la reciente encuesta del INEGI (ENVIPE 2024).

Si no fuera posible implementarla porque aún se encuentra en su fase de planeación o porque las áreas operativas como la Guardia Nacional y las policías estatales y municipales sufrirán algunos ajustes en sus atribuciones, estructura orgánica y cambio de titulares, entonces habría que darle prioridad por lo menos a las acciones contenidas en la autodenominada “Estrategia de Seguridad de los primeros 100 días”, que aunque carezca de estructura y responsables de cada línea de acción, indicadores y metas, al menos marca el rumbo del quehacer en materia de seguridad; no hay más.

Otro aspecto que resulta relevante y no debe pasar por alto es que en los discursos de la presidenta de la República pronunciados en San Lázaro y en el zócalo capitalino mencionó que sus prioridades serán los delitos de alto impacto, como si los demás no importaran. Y habrá que darle seguimiento por qué en la Ciudad de México, donde gobernó antes de asumir como Jefa de Estado y de gobierno, solo incorporó en su narrativa este tipo de delitos, insistiendo en que disminuyeron, cuando al revisar los delitos totales, éstos solo bajaron durante la pandemia (2020) y después se incrementaron en forma sostenida hasta el cierre de 2023, pero no cambió el discurso triunfalista que fue machacado hasta que la mayoría se lo creyeron.

Lo que no dijo es que para conseguir dichos resultados contó con el apoyo incondicional primero del CISEN y luego del CNI que carecen de atribuciones operativas, así como de otras instancias, incluso del extranjero, además de 90 mil policías capitalinos que en su conjunto superan en más de tres veces la cantidad sugerida por la ONU (289 policías por cada 100 mil habitantes) para mantener niveles aceptables de seguridad y tranquilidad ciudadana. Visto así, aplicaría la máxima de que “con tierra, agua y tractor, cualquiera es agricultor”; lo difícil es lograr los resultados sin alguno de esos elementos o que se encuentren muy menguados.

Por lo que respecta al estado de Puebla, es imperativo que las acciones anunciadas por el gobierno federal sean llevadas a la práctica lo más pronto posible, tomando en cuenta que el pasado mes de septiembre inició y cerró como el más violento de todos los tiempos con 127 víctimas de homicidio doloso y 12 de feminicidio, dando un total preliminar de 139 víctimas, superando al que se consideraba el más alto histórico registrado en febrero de 2019 durante la gestión temporal de Guillermo Pacheco Pulido, cuando la cifra mensual cerró en 137 víctimas de homicidio doloso y sin ningún feminicidio.

Pero si el análisis lo trasladamos a un plano más local, parte de la problemática se concentra en el municipio de Puebla, así como los de San Andrés y San Pedro Cholula, lo cual obliga a poner en marcha uno de los cuatro ejes de la Estrategia General que consiste en la Coordinación del gobierno federal con los gobiernos estatal y municipal, así como entre los integrantes del Gabinete Nacional de Seguridad.

No obstante la urgencia en materia de coordinación, es impostergable la aplicación de los otros tres Ejes de la Estrategia, siendo estos la Atención de las causas de la violencia y la delincuencia, el Fortalecimiento de las capacidades de Inteligencia e Investigación y la Consolidación de la Guardia Nacional pese a que esta dependerá totalmente de la Secretaría de la Defensa Nacional y que en el pasado ya los llevó a la práctica el villano favorito del expresidente López Obrador y por lo visto también de la nueva presidenta de la República, me refiero a Felipe Calderón, al cual no ha podido superar ni para bien ni para mal y lo sigue mencionando en casi todos sus discursos, pese a que durante su mandato se forjaron quienes en este sexenio conducirán los destinos en la cartera de seguridad pública.

De no hacerlo y esperar a que tome posesión el gobernador electo de Puebla, se habrán perdido casi 75 días, equivalentes a tres tercios de los cien que abarca el primer intento por disminuir los niveles de violencia en el país, destacando que los grupos delictivos aprovechan los vacíos en los que el nuevo gobierno no acaba de llegar y el que se va no se acaba de ir.

En cuanto a los municipios, si bien estos toman posesión el próximo 15 de octubre, permanecerán en una suerte de limbo ya que faltaría el eje articulador que es el Secretario de Seguridad Pública estatal y más allá de que vayan a llegar integrantes de la Secretaría de Marina en activo, los esfuerzos serán aislados y tardarán en completar su curva de aprendizaje por más que la mayoría de las demarcaciones sean cercanas a la zona metropolitana de la ciudad de Puebla, a lo que habrá que sumar los gastos que por lo visto no serán menores ya que incluirán salario adicional, vehículos blindados de preferencia, combustible e incluso viáticos para pernocta, para ellos y sus equipos de trabajo. Lo anterior sin contar los gastos extra que representarán los equipos de seguridad de los propios presidentes municipales.

En suma, para que el discurso se materialice en hechos no solo se requiere voluntad y tiempo para el aprendizaje de los que llegan de fuera, sino muchos recursos para los cuales algunos municipios tendrán que ser subsidiados, de otra forma la tendencia de los delitos seguirá al alza inexorablemente.