Tomando en cuenta las más recientes declaraciones del comandante de la Tercera Región Militar que comprende el estado de Sinaloa, en el sentido de que la seguridad de la población depende de que ya no se sigan confrontando los grupos antagónicos que operan en la entidad, lo que deberían hacer las fuerzas que encabeza es retirarse de la zona en conflicto y que alguien en su lugar apague la luz cuando hayan terminado los enfrentamientos.

Desde esta perspectiva no tendría sentido seguir gastando recursos en el despliegue y mantenimiento de los elementos en aquella región del país, mismos que ya rebasan los 3 mil, incluyendo los comisionados a la Guardia Nacional.

Tampoco sería lógico mostrar su capacidad de fuerza en términos de efectivos, armas, equipo y tecnología como la que fue presumida ante los seguidores del actual gobierno y ciudadanía en general durante el desfile del 16 de septiembre, porque si algo tiene el pueblo de México es que es muy inteligente y tarde o temprano se va a dar cuenta de la incongruencia de las cosas.

En esta tesitura, para el Estado mexicano, que tiene el monopolio de uso de la fuerza como está asentado en diversos ordenamientos legales, claudicar no es una opción porque el mandato de las urnas lo obliga a aplicar la ley para garantizar que en esa y las demás zonas del país donde persiste la violencia se haga valer que el Estado de derecho.

Por más que el gobierno quiera seguir a pie juntillas la estrategia (más bien eslogan) de “abrazos, no balazos”, aun en las postrimerías del sexenio queda claro que la misma no permitió cumplir su promesa de reducir los homicidios en 50 por ciento, por más malabares que haga con las cifras y aunque esta administración solo dure cinco años y diez meses.

Es decir, quedarse como un observador más ante los recientes hechos de violencia y dejar el territorio, actividad económica y la poblaciones a merced de quién está al margen de la ley tampoco es opción y los funcionarios tendrían que hacer valer su responsabilidad al frente de las instituciones, de otra manera estarían incurriendo en el delito de “comisión por omisión” ese que se “actualiza” cuando alguien conoce del riesgo y deja de hacer lo que le corresponde conforme a sus atribuciones y obligaciones para que no suceda, misma que por cierto utilizaron en contra de varios servidores públicos de administraciones pasadas, entre ellos el autor de estas líneas por el solo hecho de no comulgar con su ideología y formas de hacer política, pero como fue un delito fabricado para saciar su sed de venganza, este no progresó.

Lo que sí resulta paradójico, por decir lo menos, es que durante la última oportunidad que tuvo el titular del Ejecutivo federal para rendir cuentas en materia de seguridad, no haya presumido sus gráficas sobre homicidio doloso, feminicidio, robo en sus diversas modalidad, secuestro y extorsión que poco tienen que ver con la realidad y haya optado por informar sobre la evolución de percepción de inseguridad a nivel nacional, aunque no señaló que la cifra negra está en sus peores momentos, en especial la que tiene que ver con la extorsión y el cobro de piso, que rondan el 99.8%, lo cual traducido al lenguaje coloquial quiere decir impunidad casi total.

Ojalá que el gobierno que está por comenzar tenga la sensibilidad y la humildad para reconocer que las cosas no están bien, que durante casi seis años fuimos bombardeados con una narrativa que por poco y nos hace creer que las cosas iban bien, a no ser porque septiembre pinta para cerrar mal en materia de violencia, en especial los días 13 al 16 de septiembre, cuando se contabilizaron de manera preliminar por el propio Gabinete de Seguridad del gobierno federal un total de 337 víctimas de homicidio doloso, nada de saldo blanco.

Posdata. Aprovecho el espacio que me otorga e-consulta para seguir defendiéndome de las calumnias provenientes del columnista de “Status”, Alejandro Mondragón, quien después de acusar de recibido de lo que escribí hace ocho días en este mismo espacio, ahora rescata un dato del CISEN de 2010 donde me señala sin sustento alguno de haber participado en una reunión en la que se identificaron algunos actores involucrados en actividades ilícitas en el estado de Puebla. Nada más alejado de la realidad ya que orgánicamente el CISEN no dependía de su servidor sino de la Secretaría de Gobernación y rendía cuentas directamente a Presidencia de la República; en el peor de los escenarios un Subsecretario de Estado, rango que ostentaba su servidor en esa fecha, no tenía entre sus atribuciones y funciones atender fuentes de información y menos si orgánicamente dependían de otra institución, para eso están las áreas operativas, las cuales dicho sea de paso hacían un trabajo objetivo e institucional, ese que se ha perdido recientemente y es necesario recuperar.

Por esta razón, con todo respeto, invito al citado columnista a que antes de difamarme con un lenguaje coloquial y sin prueba alguna, que mejor busque otras fuentes de información y que antes de publicar lo que le entregan lo valide, eso contribuiría a un intercambio epistolar de mayor altura y aportaría más valor al trabajo periodístico que realiza. Por ahora le informo que deje de laborar en el CISEN desde finales de 1999, es decir once años antes de los hechos que narra en su publicación.