De acuerdo con el más reciente informe de Global Witness (2024), en el mundo fueron asesinadas 196 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente durante 2023, de las cuales el 85% se registraron para América Latina, especialmente en Colombia (40%), Brasil (25%) Honduras (9%) y México (9%). Destaca que el 43% de las personas asesinadas eran indígenas y 12% mujeres, lo que marca el carácter de género y étnica en la violencia brutal contra los defensores ambientales. Si se revisa su distribución por industria involucrada, se observa que los casos se concentran en la minería, si bien se ubica también a la pesca, la explotación forestal, la agroindustria, infraestructura vial e hidroeléctricas, como actividades económicas implicadas. En un análisis regional destaca que Centroamérica y México, la mitad de las agresiones fueron perpetradas por el Estado con la intención de proteger los intereses de las industrias extractivas y delincuencia organizada.

El registro de lo que ocurre en nuestro país, si bien muestra disminución el número de defensores ambientales asesinados con relación al año pasado, sigue siendo alarmante que el 70% se dirigió contra indígenas, 40% opositores a las actividades mineras. En este contexto, en el informe se mencionan los casos de desaparición forzada de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, defensores de la comunidad de San Miguel Aquila en Michoacán, contra Ternium, industria líder en la producción de acero bajo minería a cielo abierto, con consecuencias ambientales importantes por la deforestación, pérdida de biodiversidad, contaminación de agua, emisión de gases de efecto invernadero, así como la presencia de conflictos socioambientales por la lesión en el tejido social comunitario.

En el mundo, el ejercicio del derecho a un ambiente sano y protección de la tierra está siendo silenciado con agresiones diversas, la más grave el asesinato. Esto es particularmente importante si consideramos que las personas agredidas defienden la conservación y permanencia de las condiciones que permiten la adaptación y mitigación del cambio climático, pero también a la existencia de Acuerdos Regionales para el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, en el que existen disposiciones para garantizar un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad.

Por ello no es menor que en el informe se indique que durante el 2023, los gobiernos del planeta creen y utilicen elementos normativos para disuadir la protesta o defensa del territorio y medio ambiente. Gobiernos y empresas recurren a la criminalización de individuos y colectivos cada vez más como una estrategia de intimidación y silenciamiento, lo que vulnera el ejercicio de libertades fundamentales, el derecho a la protesta y la participación, con acusaciones de subversión, asociación ilícita, terrorismo y evasión fiscal, lo que no hace sino exacerbar las situaciones de tensión y conflicto socioambiental.

El contenido étnico en la desincentivación de la protesta social y la defensa del ambiente y el territorio, genera mayor estupor cuando se revisa que sus territorios, prácticas y conocimientos se configuran como esenciales en la construcción de soluciones para la crisis socioambiental global. En lugar de respetar y reconocer la titularidad de los pueblos originarios sobre derechos colectivos a tierras, territorios y recursos, se les despoja, violenta, criminaliza y asesina para dar entrada a actividades extractivas en sus territorios.

En este contexto, las recomendaciones que elabora Global Witness se establecen de manera diferencial por los perpetradores identificados, pero también para aquellas instancias que pueden tener un impacto positivo en la defensa de las personas defensoras ambientales. Para los gobiernos: crear un entorno seguro para las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, firmando y ratificando aquellas legislaciones que los reconocen y protegen; detectar, documentar y analizar los ataques contra los defensores ambientales y facilitar el acceso a la justicia. Para las empresas se indica: detectar, prevenir, documentar, mitigar y reparar sistemáticamente los daños y perjuicios causados por sus operaciones a las personas defensoras, así como garantizar el cumplimiento de la legislación y la responsabilidad corporativa a todos los niveles. Para las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Convenio sobre la Diversidad Biológica se propone: Facilitar el acceso y la participación genuina a las personas defensoras de la tierra y el medioambiente y sus comunidades.

Se recomienda la lectura de este informe para contribuir a visibilizar una realidad dolorosa, silenciada y ocultada, pero también para participar en el llamado urgente a poner fin a las amenazas y ataques que enfrentan los defensores a del territorio y el ambiente, así como a la impunidad que gozan sus perpetradores.