A 16 días del accidente de la Línea 12 del Metro, el “fantasma” de Ayotzinapa recorre las estaciones Olivos y Tezonco de la denominada Línea Dorada y amenaza con descarrilar los vagones del convoy en que se mueve el gobierno de la 4T.

Guardadas las proporciones, el trato que el gobierno dio a las víctimas del accidente de la Línea 12 la noche del 3 de mayo es similar al de los estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero la noche del 26 de septiembre de 2014. En ambos casos la atención fue tardía y más discursiva que de hechos, razón por la cual no hay que esperar resultados diferentes.  

Bajo esta lógica, el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa es para el PRI y Enrique Peña Nieto lo que las 26 víctimas del accidente de la L12 son para Morena, Andrés Manuel López Obrador y la autodenominada 4T.

En el caso de los estudiantes desaparecidos en Iguala, el presidente Peña Nieto dejó correr los primeros días sin atenderlo con la prioridad que merecía y no fue hasta que comenzó a afectar su imagen y la del país en general, que decidió asumir su responsabilidad e iniciar una investigación que se fue complicando hasta perder toda credibilidad.

En el caso del accidente de la Línea 12 del Metro, el desdén y falta de empatía mostrada por el presidente López Obrador al no acudir al lugar de los hechos esa misma noche, mandar “al carajo” el estilo conservador e hipócrita de irse a tomar fotos al lado de las víctimas, además de minimizar el impacto del suceso en términos mediáticos y políticos, puede tener un desenlace parecido al de los 43 estudiantes y terminar sepultando el proyecto de la 4T no solo en la Ciudad de México sino a nivel nacional. De nada servirá haber pedido perdón a los 15 días de la tragedia y contra su voluntad, con que hubiera ido esa misma noche bastaba, pero no, ya estaba dormido para poder estar despierto al día siguiente para su reunión “diaria” del gabinete de seguridad y su conferencia “mañanera”.

Así como la “verdad histórica” del caso Ayotzinapa se cayó por presiones de quienes hoy gobiernan el país, igual les puede pasar si los peritajes que en este momento realiza la empresa noruega DNV no resultan como ellos esperan y la suya (verdad histórica) tarda más de lo estimado -5 semanas- a pesar de que “el que paga manda”.

Uno de los errores estratégicos y de comunicación política radica en que al igual que en el caso de los 43 estudiantes el gobierno de Peña Nieto era juez y parte. En el del accidente de la L12 pasa lo mismo, ya que el gobierno de López Obrador y de Claudia Sheinbaum son quienes encabezan las investigaciones y darán a conocer los resultados e incluso detendrán y encarcelarán a los culpables, entre los que por supuesto no estarán ellos.

Si hacemos un poco de memoria, nos daremos cuenta de lo mucho que se parece la forma en que Peña Nieto presumía sus reformas estructurales antes de la debacle de su gobierno, con la que López Obrador presume sus obras emblemáticas: el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, sin saber siquiera si las alcanzará a concluir.

Hasta los tiempos en el poder de ambos mandatarios son relativamente parecidos, Peña Nieto no había cumplido tres años (llevaba gobernando 22 meses) cuando sucedieron los hechos de Iguala; en el caso de López Obrador tampoco ha cumplido los 3 años (lleva 29 meses gobernando) cuando se atravesó el accidente de la Línea 12 en la Alcaldía Tláhuac.

En ambos casos los desafortunados eventos se dan previo a las elecciones intermedias, con López Obrador un poco más cercano que con Peña Nieto, pero si al segundo de ellos no le fue tan bien, es posible que al primero tampoco.

Para bien o para mal en el caso de López Obrador lo sabremos tan pronto como el 6 de junio, esa será la prueba de fuego para la 4T, pero por lo visto los peritajes tardarán varias semanas o meses y mientras tanto todo el discurso será buscar culpables fuera de los gobiernos de izquierda y seguir desviando la atención con temas político-electorales de otros estados, no importa si para ello se tiene que violar la Constitución.