La criminalización de la lucha social se extiende rápidamente, en estos últimos días se dictó auto de formal prisión en contra de los Enedina, Juan y Abraham, quienes son acusados de delitos como amenazas, privación ilegal de la libertad, despojo, motín, extorsión, ataque contra la infraestructura, lo único verdadera es que están defendiendo sus comunidades, su derecho a la vida. La oposición a la construcción del gasoducto, Plan Integral Morelos.

Además de esta acción, se reporta que también en el estado de Morelos hay cinco detenidos, de la comunidad de Amilcingo, en donde se rechaza dicho Plan.

La ilegalidad y violencia se mostró agudamente con la agresión que sufrió la esposa  del Dr. Ricardo Pérez Avilés, investigador de la BUAP,  quien fue encañonada en su domicilio por hombres armados, quienes además dejaron amenaza de muerte  al académico si seguía apoyando la resistencia al gasoducto.

La rápida difusión de esta agresión, la solidaridad brindada por diversas organizaciones, colectivos, académicos y ciudadanos, pudo impedir la posible aprehensión del Dr. Pérez Avilés e hizo que el Secretario de Gobernación del Estado de Puebla declarará que no  hay orden de detención y “conminó” a que hiciera la denuncia respectiva. Es lamentable y engañoso dicho comunicado.

Primero, la forma de actuar del grupo armado es el tradicional “modus operandi” de las detenciones realizadas por el gobierno, sin identificación, con lujo de violencia y prepotencia, prácticamente secuestran a los que serán después detenidos oficialmente; pareciera que si no ocurrió así con el Dr. Pérez Avilés fue porque no se encontraba en esos momentos. Segundo, la supuesta causa de la agresión sufrida es la misma que los detenidos en Puebla y Morelos. Tercero, las amenaza de que existen varias órdenes de aprehensión pendientes, indican que la táctica de la Secretaría de Gobernación es la mano dura selectiva, el amedrentamiento generalizado y, en su caso, la represión abierta, para ello tiene preparada una lista de ciudadanos que reivindican sus derechos constitucionales.

Quien tiene la obligación constitucional de salvaguardar los derechos de los ciudadanos es el gobierno, la Secretaria de Gobernación no solo debería de hacer una investigación amplia sobre el grupo armado que agredió a la familia del Dr. Pérez Avilés, sino que además debería garantizar su seguridad y el que pueda ejercer libremente sus derechos,  esa es su obligación. Por ello, tienen razón los estudiantes de sociología y otras organizaciones, que han manifestado su preocupación por la seguridad de Ricardo Pérez.

El Dr. Ricardo Pérez Avilés es un reconocido académico, investigador sobre la problemática medioambiental y comprometido en el logro del desarrollo sustentable; responsable de diversas investigaciones que han merecido reconocimiento nacional e internacional. La solidaridad expresada en estos días es muestra de la estimación y respeto por su trabajo y aportaciones a las comunidades, estudiantes y académicos. Las autoridades de la BUAP debieran manifestar públicamente también su preocupación por esta agresión a uno de sus connotados académicos y por el clima de violencia e ilegalidad que se está viviendo en Puebla.