Las políticas de la BUAP y de los gobiernos federal y estatal excluyen a miles de jóvenes del derecho a la educación superior y los arrojan al mundo laboral precarizado.

Concluido el proceso de “selección” de los aspirantes a ingresar a la BUAP, los resultados son alarmantes: 45,498 jóvenes rechazadas/os por los criterios impuestos por la institución, 38 mil en el nivel superior y 7 mil en el medio. Es de mencionar que no se han dado a conocer públicamente los datos oficiales, lo cual contrasta con lo informado en otros años y con la asidua presencia publicitaria de la actual administración.

Este proceso de admisión se desarrolló en el contexto de la aprobación de la Ley de la BUAP, la cual hemos cuestionado (/www.e-consulta.com/opinion/2023-06-05/ley-buap-espacios-de-disputa-de-la-universidad) y que grupos de universitarios -estudiantes y académicos, a través del Frente Amplio por la Defensa de la Educación Pública- han interpuesto un amparo, por ser violatoria de los principios constitucionales que establecen el derecho a la educación media y superior.

Cabe mencionar que en el artículo tercero constitucional se establece que es obligación del Estado garantizarla; además, en la misma Ley de la BUAP, que aprobó apresuradamente el Legislativo estatal, se determina en el artículo 1 que la Institución TIENE por objeto:

“I. Garantizar el derecho a la educación en los tipos medio superior y superior, en sus distintos niveles y modalidades, con el objetivo de lograr el bienestar, así como el desarrollo integral y equitativo de las comunidades y personas;”

Cabe cuestionar a las autoridades institucionales y gubernamentales por su incumplimiento de estos preceptos legales.

La ascendente demanda de acceso a la BUAP y los límites que impone esta definen una tendencia creciente del número de jóvenes que es rechazada/o. El gráfico 1 ilustra tanto la tasa de rechazo (Inscritas-os/Aspirantes) en los niveles de bachillerato/preparatoria y el de licenciatura, destaca ésta última, que está por encima del 60%. Además, se puede observar que el número absoluto de rechazadas/os por la BUAP es cada vez mayor: en 2009 fueron 24.4 mil, y se elevó en 2023 a 45.5 mil jóvenes aspirantes.

Es innegable que la Institución enfrenta el problema del financiamiento, que es otorgado por los gobiernos federal y estatal; sin embargo, también es claro que ha aceptado de forma sumisa las políticas de estos. Asimismo, están presente las críticas que se han realizado en diferentes momentos y por diversos actores sobre la transparencia en el uso de los recursos. Debemos agregar que ha existido una elevación de la matrícula, pero sin el correspondiente aumento del número de docentes e investigadoras/es, elevando la carga de estos y precarizando su labor (www.e-consulta.com/opinion/2023-07-08/buap-trabajo-academico-gratuito); todo ello ha repercutido negativamente en la atención adecuada al estudiantado, contradiciendo así los slogans publicitarios de la administración universitaria.

Ahora bien, el argumento de las autoridades de la BUAP de tener límites en sus recursos, se respalda en una contradicción que tiene la misma Ley General de Educación Superior, que acota el derecho a la educación superior en su artículo 4, cuestión que fue criticada de manera muy clara por el Dr. Hugo Aboites. Sin embargo, esta limitación es fundamento para la controversia legal sobre dicha Ley y la de la BUAP; lamentablemente esto se dirimirá en el ámbito judicial, que ha mostrado su acendrado conservadurismo. Nos interesa destacar que los gobiernos federal y estatal son también responsables de la exclusión de los miles de jóvenes de la educación media superior y superior, del acceso a las universidades y a las demás instituciones públicas, pues sus políticas educativas los arroja bien al campo de la educación privada bien a un mercado laboral cuyas características centrales son la informalidad y la precariedad.

Al respecto, en el Cuadro 1 se puede observar que si bien el grado de cobertura en los estudios de licenciatura es del 51.6%, destaca que la matrícula en las instituciones privadas es muy superior en Puebla en relación a la nacional, se trata de la privatización y mercantilización de la educación superior, que se ha convertido en un buen negocio.

Asimismo, hay que recordar que la tasa de desempleo juvenil es más alta que el promedio nacional, y que existe una gran cantidad de jóvenes entre 15 y 24 años que se le ha negado el acceso a la educación y no logra insertarse en el mercado laboral, en 2019 se calculaba que a nivel nacional eran más de 4 millones y en Puebla por arriba de los 200 mil.

La gravedad de estas políticas institucionales (BUAP) y de los gobiernos federal y estatal es mayor si consideramos el contexto económico y social de nuestra entidad. Contrasta que el gasto de los hogares en educación es mayor en Puebla que el promedio nacional -pues dedican el 8.5% de su ingreso a ello- en tanto que el nivel de pobreza es más agudo -el 62.4% de la población poblana en tanto el promedio nacional es del 43.9%. En este contexto, estudiar en una institución privada es un costo muy alto que pocos jóvenes rechazados podrán pagar, por lo que serán los más pobres los que estarán condenados a abandonar sus aspiraciones de formación profesional.

Elaborado con datos de:
INEGI: Panorama de la población joven en México desde la perspectiva de su condición de actividad 2019.
SEP-UNAM: Sistema integrado de la educación superior, https://www.siies.unam.mx/index.php
CONEVAL: Resultados de pobreza en México 20​20 a nivel nacional y por entidades fe​derativas
https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/PobrezaInicio.aspx
INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. ENIGH 2022. Tabulados básicos. 2023.         

De esta manera, las/os jóvenes excluidos de la educación pública por la BUAP y por los gobiernos federales y estatales tendrán como opciones: pagar por su educación, buscar un trabajo (precario y con baja remuneración), y, en el mejor de los casos, volver a intentar su ingreso. Sin embargo, también son expuestos a ser presa de la violencia y de los grupos delictivos. Por esto, es pertinente reconocer la iniciativa y relevancia que tiene la lucha que han emprendido las/os estudiantes a través del Frente Amplio por la Defensa de la Educación Pública, así como de otras organizaciones; lamentablemente la respuesta de las autoridades de la BUAP ha sido la indiferencia y la restricción a la libertad de expresión (a través de las acciones arbitrarias de la DASU).

La responsabilidad de la exclusión deben asumirla las autoridades universitarias y gubernamentales.