La Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística realiza el Congreso Analítico del Agua a partir del examen en cada una de las trece cuencas hidrológicas administrativas del país. Diversas instituciones académicas, científicas, civiles y de orden público se involucran en el tema del agua. Es tiempo de tomar conciencia para asumir decisiones.

La presidenta Claudia Sheinbaum asume el compromiso de revertir la crisis hídrica. Desde la Secretaría de Ecología se abren las consultas y promueven cambios. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho.

Las minorías ejercen su derecho a la igualdad frente a la mayoría

México es un país de gran desigualdad en el acceso del agua; su situación geográfica determinada en la altitud de los grandes desiertos del planeta, clasificada como zona árida, sin embargo, su orografía frena la aridez que a su vez se ve beneficiada por la lluvia que acompañan los ciclones.

La cobertura formal de agua potable y drenaje en México es de 89.8% y 89.6% respectivamente.

Sin embargo, hay un abastecimiento diferencial entre regiones, incluso dentro de una misma circunscripción territorial. Las zonas norte, centro y noroeste concentran al 77% de la población, generan 87% del Producto Interno Bruto (PIB) y tienen 31% del agua renovable. En el sur y el sureste habita 23% de la población, se genera 13% del PIB y ocurre 69% del agua renovable. Aunque e n el sur y el sureste se produce más agua, ambas zonas registran importantes rezagos en la cobertura de servicios de agua potable y alcantarillado.

El desequilibrio regional del acceso al agua se debe a una respuesta histórica que condicionó el asentamiento poblacional, a partir de la expedición militar europea dirigida por Hernán Cortés.

Las poblaciones del Anáhuac fueron culturas de elevados rasgos teocráticos como la adoración al agua y su ejercicio religioso se encontraba inmerso en sus mitos, así como su asentamiento seguía un indicativo astral culminado por las fuentes de agua disponible. Agua y tierra formaban una unidad.

No así el ordenamiento de la monarquía cuyo objetivo superior era la obtención de oro y plata, por lo que su ubicación la determinó la explotación del oro y plata con lo que se creó el “camino de Santa Fe”, cruzando la mesa central y la superior conocido como el “camino de la plata”, a partir de mediados del siglo XX la tendencia de poblar la frontera era ya una realidad.

En cambio, la matriz territorial de población fue modificada radicalmente por efectos del Tratado de Libre Comercio (1994) al orientar el desarrollo industrial que propició al ubicar las empresas de la Ciudad de México hacia la frontera norte y seguir hacia los tres mil kilómetros de amplitud.

Las costas ni los centros de acopio de agua jugaron un papel relevante. La crisis hídrica del presente se agudiza por la contradicción de la población asentada en zonas con algún grado de desertificación.

En la actualidad el uso de agua doméstica es de orden prioritario en los centros urbanos, como la ciudad de Puebla; por ejemplo, donde el 42% de su población se siente afectada, asimismo es el segundo estado con más municipios en condiciones de sequía, en tanto 2 de sus 19 acuíferos se encuentran sobreexplotados, a lo  que se añade el deterioro de contaminación creciente de los ríos Atoyac y Alseseca, debido a las descargas provenientes de las industrias con residuos de metales pesados como zinc, plomo, cobre, níquel, selenio, cadmio, cromo y mercurio, algunos de ellos indisolubles. 

Las mayorías democráticas son incluyentes

El panorama de abastecimiento de agua potable a la entidad es sombrío. A los problemas de contaminación y desabasto de agua se deben los daños ocasionados por políticas públicas fallidas como las derivadas de la aplicación de los Acuerdos paralelos a la firma del TLCAN con los acuerdos paralelos de control ecológico introducidos por Bill Clinton.

Estos Acuerdos disponían una adecuación en la ley federal de materia del agua, como ocurrió en la modificación de su artículo 12 al disponer que en el sistema de agua se nombrará una persona titular de la coordinación general, así como de la estructura administrativa que se apruebe, de tal suerte se cambiaron a los viejos operadores con experiencia y responsabilidad social por personal de nuevo cuño que respondían a intereses políticos dando lugar al desorden administrativo.

La impunidad de contaminar los cuerpos de agua bajo la protección del poder del T-MEC constituye un obstáculo principal para que el interés privado se sujete a la normatividad que proteja el bien público.

Las Naciones Unidas (2010) y la Constitución (2012) consagran el derecho al agua de forma clara y directa.

Desde 2012 se propone una nueva Ley del Agua, sin embargo, a más de una década no se consuma aún la vinculación de lo dispuesto en el artículo 4º de la Constitución por lo que su aplicación se mantiene en el plano de la utopía.

Hasta ahora la aspiración de avanzar hacia metas para revertir el cambio climático han sido retóricas, como lo muestra la evasión de compromisos vinculantes (Nuevo Curso de Desarrollo, UNAM, 2024):

a) Las políticas para hacer frente al problema global del cambio climático no han figurado entre las prioridades establecidas por la actual administración federal a partir del 1 de diciembre de 2018.
b) El tema ni siquiera se menciona en el Plan Nacional de Desarrollo (PND 2019- 2024) vigente, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2019.
c) Tampoco se menciona en el PND la Agenda 2030 (aprobado por el Pleno del Senado de la República el 27 de octubre de 2015) ni sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, de los cuales el número 13 se refiere a la Acción por el Clima y, de hecho, la mención en el PND al Desarrollo Sostenible (o Sustentable, como lo denomina la legislación mexicana) merece solo un breve párrafo en el contexto de la “Política Social”.

Para efectos constitucionales

Los problemas del agua se centran en la falta de una política pública de gestión incapaz de generar un plan con programas y proyectos con respaldo presupuestal de inversión.

Para garantizar la seguridad hídrica se requiere una inversión del orden de 5 mil millones de dólares anuales desde ahora y hasta el año 2050, en los diversos ramos relacionados. Se requiere de un programa de largo plazo transexenal.

El Congreso tiene la palabra.