En los últimos días se han sucedido varias acciones gubernamentales que acentúan su carácter represor y despótico, nos referimos a la detención de ciudadanos que forman parte de la resistencia a los proyectos gubernamentales, mismos que están vinculados con los procesos de acumulación de capital vía el despojo.

La detención ilegal y violenta de Enedina Rosa Vélez (Comisaria Ejidal de San Felipe del municipio de Atlixco),  Juan Carlos Flores Solís (vocero del  Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra de Puebla y Tlaxcala) y de Abraham Cordero Calderón (dirigente del Frente de Campesinos y Pequeños Propietarios de Texmelucan y la Sierra Nevada) no solo violenta sus derechos ciudadanos sino que además se trata de una práctica de violencia gubernamental sobre los intereses y derechos colectivos, sociales. 

Los supuestos delitos por los que se les detiene son una farsa que recuerdan el lapidario e inquisitorial  delito de “disolución social” de décadas pasadas, del diazordacismo, y que fue utilizado contra los líderes obreros y los estudiantes encarcelados en 1968. En realidad lo que está en el fundamento de su ilegal detención es su dignidad, su participación en la defensa de los intereses de su comunidad, de su tierra, de sus formas de vivir: su oposición a proyectos como la construcción del Arco Poniente, su desacuerdo y resistencia al cruce de un gasoducto en zona de riesgo y que afecta sus vidas y sus territorios.

Bien lo han señalado diversas organizaciones sociales y políticas, se trata de una estrategia gubernamental para impulsar sus proyectos (denominados acertadamente como “faraónicos”): criminalizar las luchas sociales con el fin de anularlas. Las amenazas de la Secretaría de Gobernación ratifican esta estrategia al mismo tiempo que muestran el carácter represor, prepotente y violento del gobierno estatal.

Por lo demás, es necesario tener claro que no es casual que hoy se agudice el uso de esta estrategia del gobierno estatal (con la aquiescencia del federal y partidos políticos dominantes), pues en semanas anteriores se han manifestado varios pueblos y comunidades en contra de los proyectos mineros, buscando tejer una red de resistencia que enfrente el embate del capital y sus gobiernos -que tratan de apropiarse de sus territorios, suelos y subsuelos, culturas y saberes.

Pareciera que el gobierno estatal está dispuesto a llegar a los límites de la imposición, de la violencia contra la sociedad civil, contra los pueblos y organizaciones que resisten ese proceso de acumulación por despojo; pues esa digna resistencia pone en riesgo las grandes inversiones de los capitales extranjeros, los negocios de las grandes constructoras e inmobiliarias, de los intereses de la burocracia gubernamental y de las aspiraciones presidenciales del titular del gobierno del estado.  Los últimos meses muestran la desesperación de éste por lograr una imagen de grandeza, opulencia y crecimiento; haciendo leyes ad hoc para expropiar y privatizar, justificando la opacidad  en el uso de los recursos públicos, transfiriendo parte de estos a las grandes empresas y ahora con el uso de la violencia legal.

Las detenciones realizadas sólo pueden convocar a su repudio, por violentar el estado de derecho y agredir los derechos de los pueblos,  reclaman el rechazo activo por parte de la sociedad civil, requieren de la solidaridad de los ciudadanos y organizaciones sociales que mantienen una posición crítica y de resistencia ante el embate neoliberal. Es necesario reclamar, exigir, la libertad incondicional e inmediata de Enedina, Juan y Abraham; de reclamar castigo a quienes violentan los derechos ciudadanos.