Al menos es lo que se desprende de la más reciente entrega de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI correspondiente al tercer trimestre de 2024, en la que, con excepción de Tijuana, BC, los municipios o alcaldías donde sus habitantes fueron testigos presenciales o escucharon disparos de arma de fuego en un mayor porcentaje, no son los mismos que los referidos por el Gabinete de Seguridad del gobierno federal como los municipios con las más altas tasas de homicidio doloso por cada 100 mil habitantes.

De hecho, Tijuana es el único municipio que aparece en la lista de las diez demarcaciones territoriales donde la ciudadanía presenció o escuchó más disparos de arma de fuego, en la cual ocupa el cuarto lugar con 79.7%, y en la de los 10 municipios con más homicidios dolosos, en la que aparece en el segundo lugar con una tasa de 86.6 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes (datos difundidos por el propio gobierno federal).

Lo anterior indica que los asesinatos de este tipo tienen una dinámica distinta y obedecen a otros factores adicionales a la presencia de armas de fuego en los hogares y casas de seguridad, lo que lo hace más complejo y lento de resolver, es decir que no depende de los buenos deseos ni de un bonito discurso.

El indicador que sí se ve impactado por los disparos de arma de fuego es el de percepción de inseguridad, ya que en la lista de 10 municipios con mayor porcentaje de percepción de inseguridad se encuentran tres de las que forman parte de la lista con mayor porcentaje de disparos, siendo estos Fresnillo, Zacatecas con 79.7% de percepción de inseguridad y 56.6% de personas que presenciaron o escucharon disparos de arma de fuego alrededor de sus domicilios.

Le sigue Chimalhuacán, Edo. de México con 76.7% de percepción de inseguridad y 70.9% en el rubro de disparos de arma de fuego, cierra la lista Cuernavaca, con una percepción de inseguridad de 75.2% y 79.7% en materia de disparos de arma de fuego.

Esta premisa la desarrollé en mi entrega de hace un año en este mismo espacio bajo el título “Percepción de inseguridad asociada a disparos frecuentes”, en la que además abordé el tema de la fallida operación “Rápido y furioso” que la nueva administración sigue utilizando para culpar al pasado de lo que no ha podido avanzar en materia de homicidio doloso y tráfico de armas, así como la demanda que México interpuso ante tribunales de los Estados Unidos en contra de los fabricantes de armas, como si ellos fueran responsables de que nuestras autoridades no haya podido cerrar el flujo de armas por la frontera con el vecino país del norte.

A propósito de tráfico de armas, después de una serie de informes incompletos e incluso contradictorios, el INEGI, a través del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y Federal, actualizó las cifras de armas largas y cortas aseguradas por año de 2014 a 2023, siendo estos los siguientes:

En el sexenio de Felipe Calderón fueron aseguradas 169 mil 64 armas de fuego; con Enrique Peña Nieto únicamente 54 mil 546, mientras que en los primeros 5 años de la administración de Andrés Manuel López Obrador 100 mil 67, casi 70 mil menos que su villano favorito, pero con más enemigos políticos en la cárcel o con orden de aprehensión.

Un último dato sobre el tráfico de armas tiene que ver con un trabajo académico titulado “Qué funciona para reducir homicidios en América Latina y el Caribe. Una revisión sistemática de las evaluaciones de impacto” elaborado por Ignacio Cano, Emilio Rojido y Doriam Borges y “Laboratório de Analise da Violéncia”, en el que señala que el Programa de canje de armas emprendido por México desde hace algunos años, no aportó solución alguna a este complejo problema, más allá de recuperar armas viejas e inservibles, sin embargo, siguen utilizando.