Tuvieron que haber perdido la vida dos “guardias ciudadanos” en el municipio de Xoxtla, Puebla, para darse cuenta que tal figura carece de sustento jurídico y por tal razón no portaban armas a la hora del ataque de que fueron objeto.

Desde que dicho concepto fue acuñado por el municipio de Puebla en 2018 sostuve que mantener a personal que no había aprobado sus evaluaciones de control de confianza en funciones de policía era una aberración, ya que no serían policías sino ciudadanos con uniforme y que mantenerlos implicaba un doble riesgo, por un lado se contravenía lo que mandataba la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en materia de ingreso, permanencia y retiro del personal policial y por el otro se exponía a los elementos a riesgos propios de la función policial por no portar arma de cargo reglamentaria que solo se le podía asignar al personal aprobado y certificado.

Pese a las contradicciones y riesgos, el municipio de Puebla creó un grupo de “guardias ciudadanos” integrado en un principio por cien elementos, los dotó de un uniforme parecido al de la policía municipal y les asignó tareas de resguardo de inmuebles y eventualmente labores de apoyo vial e incluso se aventuró a decir que harían trabajo de proximidad desde la perspectiva policial.

Pero como en México los malos ejemplos son los primeros en copiarse, lo que parecía una medida temporal para no ver disminuido su estado de fuerza y tener que indemnizar a los elementos si se les despedía, se volvió permanente y muchos municipios, sobre todo los ubicados en la zona metropolitana de la capital poblana como San Andrés y San Pedro Cholula y Cuautlancingo crearon sus propios “guardias ciudadanos” y en ellas incorporaron a los elementos que carecían de su Certificado Único Policial (CUP) que avalaba que estuvieran evaluados y capacitados en la función policial, con mayor razón luego de que en 2016 entrara en vigor el Sistema Penal Acusatorio en todo el país, que desde entonces los ubicaba como uno de sus operadores bajo la figura de primer respondiente.

Cabe recordar que en 2019 la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de la capital del estado de Puebla canceló de forma definitiva el programa de “guardias ciudadanos” debido a que era una figura al margen de la ley, sin embargo, no dio de baja definitiva a los cien “elementos” que formaban parte de dicha iniciativa y previa capacitación los envió como asistentes de inspectores en vía pública y otras áreas no sustantivas.

Menos mal que el municipio de Puebla pudo canalizar sus “guardias ciudadanos” a otras funciones distintas a la policial y no tuvo que pagar un precio tan alto como San Miguel Xoxtla, donde por lo visto no parece que la presidenta municipal vaya a enfrentar consecuencias de tipo administrativo y penal, que de acuerdo a la Ley tendría que responder al permitir que personas que no están certificadas para realizar funciones de policía hicieran uso de patrullas de la corporación municipal e incluso atendieran llamados de auxilio de la población relacionadas con la seguridad pública.

En el mejor de los escenarios la presidenta Municipal de Xoxtla debería ser sancionada administrativamente por contratar personal que no reunía el perfil de acuerdo a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; en el peor, como probable responsable del delito de comisión por omisión de homicidio ya que conociendo el riesgo que enfrentaban los “guardias ciudadanos” al realizar funciones de patrullaje que no le correspondían, no evitó que fueran privados de la vida.

Sirva este lamentable incidente para que las autoridades estatales y federales revisen como están las policías municipales en el estado de Puebla porque hasta donde se sabe el 25 por ciento de ellas enfrentan dificultades para reclutar nuevos elementos, evaluarlos en materia de control de confianza y una vez en servicio que aprueben sus exámenes para permanecer en el activo, razón por la cual varios de ellos andan patrullando armados al margen de la ley e incluso con armas de su propiedad, todo bajo la figura de “guardias ciudadanos”, con el riesgo que ello implica, como ha quedado demostrado.

De igual manera es una oportunidad para materializar lo plasmado en el comunicado emitido por la SSP estatal con motivo del fallecimiento de las dos “personas uniformadas” para mejorar la coordinación y el apoyo tanto en materia de reclutamiento, evaluación, certificación, capacitación y salarios para los policías municipales, que en teoría debería ser el abc de la función de dicha institución, como la hermana mayor que ayuda a las más modestas y pequeñas.

De hecho, los 25 municipios en los que la Policía Estatal de Puebla se encuentra apoyando a las policías locales son parte de ese 25 por ciento y la razón es que no disponen de policías municipales ni mandos certificados, por lo que no pueden portar armas reglamentarias registradas en la Licencia Oficial Colectiva (LOC) 038 correspondiente a la entidad poblana.

Pero ese no debería ser problema ya que es un tema administrativo que cualquier funcionario que conozca la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como la Ley de Seguridad Pública y la Ley Orgánica de la Administración Pública del estado de Puebla, además de los procedimientos básicos para poner en regla a una institución como la policía municipal, lo puede hacer en forma eficiente. Lo malo es que quienes asumen dicha función a nivel municipal y en ocasiones a nivel estatal carecen de esos conocimientos y habilidades, pero lo suplen con el 90 por ciento de lealtad con las consecuencias que ya conocemos, la pérdida de dos vidas humanas en Xoxtla, porque confiaron en alguien que no tiene mucha idea de lo que es la función policial y quizá hasta del deber ser del presidente municipal.