Las amenazas de Donald Trump no son meros dislates o excentricidades que puedan ser ignoradas. Al contrario, representan un desafío real para México y para la geopolítica global. La propuesta de deportar a 11 millones de migrantes indocumentados, de los cuales 4.8 millones son mexicanos, configura un escenario que podría detonar una crisis humanitaria de enormes proporciones en la frontera norte. Esta idea, aunque logísticamente tendría muchas dificultades, lo cierto es que Trump usará una estrategia de terror y persecución dirigida a amedrentar a la población migrante en Estados Unidos.

Paula Alethia González Arellano, investigadora e integrante del Seminario de Fronteras, Migraciones y Subjetividades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), observa que la capacidad económica y logística de Estados Unidos hace improbable que se logre una deportación masiva en la escala propuesta por Trump. Sin embargo, la experta advierte que incluso la aplicación parcial de esta política tendría consecuencias devastadoras para México, dado que los albergues en las ciudades fronterizas ya están colapsados y la infraestructura existente es insuficiente para atender a miles, y mucho menos a millones, de personas deportadas en un corto periodo de tiempo.

La administración mexicana ha planteado estrategias para mitigar el impacto, como negociar que los deportados no mexicanos sean trasladados directamente a sus países de origen. Sin embargo, estas propuestas enfrentan serios obstáculos. La cooperación internacional necesaria para implementar dichas medidas no está garantizada, y las políticas de México hacia la población migrante han demostrado ser limitadas e inconsistentes en el pasado.

Los retos para los migrantes deportados son múltiples y profundos. Como explica González Arellano, estos enfrentan un fuerte estigma social. La palabra "deportado" conlleva connotaciones negativas que dificultan su reintegración social y económica en el país. Además, muchas de estas personas, habiendo vivido años en Estados Unidos, han desarrollado una identidad cultural y emocional vinculada a ese país, lo que complica aún más su retorno a México.

A esto se suman problemas prácticos como la búsqueda de empleo, la obtención de documentos oficiales, la inserción educativa y el acceso a servicios de salud. Más allá de las percepciones comunes sobre el migrante, es crucial entender que muchos de ellos tienen perfiles diversos. Algunos, afirma la investigadora, son jornaleros, pero otros cuentan con estudios universitarios y niveles avanzados de inglés. Este último grupo enfrentará retos específicos al intentar insertarse en contextos urbanos con altas exigencias laborales.

El panorama se complica aún más con la intención de la administración de Trump de instalar campos de detención a lo largo de la frontera. Esto no solo plantea una grave crisis humanitaria, sino que también presiona a México a aceptar responsabilidades que exceden su capacidad institucional. Aunque estos costos deberían recaer sobre Estados Unidos, la realidad es que México podría terminar asumiendo parte del impacto.

En este contexto, la estrategia del gobierno mexicano de contratar despachos privados para atender las necesidades jurídicas de sus connacionales en Estados Unidos es un paso necesario, pero insuficiente. Los recursos asignados para proteger a los migrantes mexicanos solo abordan una parte del problema, dejando fuera a miles de personas de otras nacionalidades que también serían deportadas y que podrían quedar atrapadas en territorio mexicano.

Para la experta, lo que está en juego no es solo el bienestar de los migrantes, sino la estabilidad de las ciudades fronterizas mexicanas, que ya enfrentan altos niveles de inseguridad y problemas estructurales. Una afluencia masiva de personas deportadas podría desbordar los recursos locales y generar tensiones sociales adicionales.

El trasfondo de estas amenazas no se limita a la migración. El enfoque de Trump refleja un retorno a un "neoimperialismo yanqui". Esta visión agresiva busca redefinir las reglas del orden internacional en términos unilaterales, afectando a México no solo en lo migratorio, sino también en lo económico y geopolítico.

Frente a esta situación, resulta urgente que el gobierno mexicano desarrolle una estrategia integral que aborde tanto las necesidades inmediatas de los deportados como las implicaciones a largo plazo para la región. Esto incluye no solo mejorar la capacidad de los albergues y los servicios básicos, sino también garantizar oportunidades económicas y educativas para quienes regresan.

En última instancia, las amenazas de Trump no deben ser minimizadas como simples discursos populistas. Si bien es poco probable que Estados Unidos logre deportar a 11 millones de personas, el impacto potencial de esta política es real y grave. México debe prepararse para enfrentar este reto con una visión clara y con acciones concretas.

El país no puede permitirse una crisis humanitaria de esta magnitud sin generar profundas fracturas sociales y económicas. Las voces como la de Paula Alethia nos recuerdan la importancia de reconocer la complejidad de este fenómeno y la necesidad de actuar con firmeza y responsabilidad.