Ayer martes 15 de octubre protestaron el cargo casi los 217 presidentes municipales de la entidad poblana para un nuevo periodo. Salvo entre los grupos políticos con fuertes intereses, el acontecimiento pasó desapercibido.

Aún así, se trata de un acontecimiento importante por tratarse del nivel de gobierno que tiene el primer contacto con el ciudadano común y corriente.

En este nivel se funda la legitimidad gobernante-gobernado. En la que unos mandan y los demás obedecen.

Hay una división muy marcada entre las grandes ciudades y los pueblos pequeños de tradición rural, generalmente comunidades muy pequeñas, que no superan los 15 mil habitantes, en ocasiones con divisiones étnicas internas.

En el primer caso la relación con la autoridad política aparece mediada por múltiples filtros burocráticos. En el segundo, es llana y franca. Por ejemplo, es una verdadera osadía que una persona de la calle logre ser escuchado por el presidente de la República, el gobernador de la entidad, o incluso el senador o diputado.

Son figuras etéreas, inalcanzables. Como en el cuento de Kafka, en la que un campesino que viaja a la ciudad, muere en las puertas de la justicia esperando turno para ingresar.

Si el acceso a la autoridad es sinónimo de justicia, para el hombre que no tiene relaciones de cómo trepar hasta la cúspide del poder, es un derecho inalcanzable. Y, en efecto, los derechos tienen que ver con las clases sociales, entre más abajo, menos posibilidades de ejercerlos. 

En los pueblos la relación con la autoridad es directa, cara a cara.  Una mala acción del gobernante de inmediato es conocida y sancionada por la opinión pública, la que suele ser inclemente con el infractor. Incluso, de tenerlo en frente, las mujeres no tienen empacho en mentarle la madre públicamente, cuando la razón asiste.

Ese fenómeno se manifiesta con mayor claridad en la realización de elecciones. La gente no vota por los partidos, aunque tengan presencia y la población conozca de su importancia estatal y nacional.

Cuando gobernaba el PRI, la gente sufragaba por sus candidatos porque suponía un imperativo, pero nunca lo hizo como un acto de soberanía popular.  Con Morena el fenómeno parece repetirse, aunque ahora el imperativo cobra un sentido ético-moral: las transferencias en efectivo. 

El expresidente López Obrador lo resumió de manera sucinta: “amor con amor se paga”. Y “con los pobres se va a la segura” cuando reciben apoyos, porque “saben ser agradecidos”. En los pueblos de cultura simple, generalmente campesinos e indígenas, la gente vota por la persona, sin importar el partido, las promesas y plataformas. Ellos le llaman: “ir a la segura”.

Se trata de una experiencia que se aproxima mucho a la democracia directa. O a la democracia de griegos y atenienses para ponernos cultos. Aunque allá el voto estaba restringido a propietarios, con el fin de que el voto fuera debidamente deliberado. 

Se trata de una relación de comunidad en la que todos los ciudadanos se conocen.  La buena y la mala fama de los pretendientes circula libre de boca en boca, y es determinante a la hora de hacer gobierno. En este contexto la propaganda no tiene cabida.

Son experiencias restringidas a grupos pequeños, aunque no necesariamente homogéneos. Como ya se dijo, en su interior suelen convivir varias nacionalidades, lo que no obsta para elegir al menos peor.

En la que la buena y mala fama pública de los aspirantes es determinante. Ese conocimiento es un gran insumo democrático, aunque su viabilidad está restringida a comunidades pequeñas.

Mucho de eso pude atestiguar este martes en el minúsculo municipio de Honey, en la Sierra Norte de Puebla.  “Don Beto” Ordaz, un campesino expulsado del barbecho y ahora dedicado a elaborar “vinos de sabores”; con su pura reputación logró derrotar las alianzas electorales encabezadas por los partidos de Morena y el PAN. 

No por los partidos, por los elegidos.