Hace un par de días contaba la siguiente historia en las páginas de El Universal:

“La noche del 7 de septiembre de 2017 una onda sísmica y ondulante salió de las entrañas del golfo de Tehuantepec, en la costa del Pacífico, y cruzó el centro y sur del país. Una sacudida de 49 segundos bastó para derribar casas y construcciones a su paso, dejando como saldo 102 personas fallecidas y múltiples daños materiales, especialmente en el estado de Oaxaca.

“Luego vino la reconstrucción y una de las áreas a atender fue la educativa: en Oaxaca se contabilizaron 402 escuelas afectadas, 60 con daños graves.

“En 2018 iniciaron los trabajos, primera mitad del gobierno estatal de Alejandro Murat Hinojosa, finales del gobierno de Enrique Peña Nieto. Entre enero y mayo de ese año, el Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (IOCIFED, ahora IOCIED) asignó por adjudicación directa cientos de contratos para la reconstrucción. Entre las empresas seleccionadas estaban cinco compañías mexicanas en las que aparecen como accionistas o representantes el colombiano Óscar Gerardo Salcedo González o su esposa[1] : Tulua Construcciones SA de CV, Aracataca Constructores SA de CV, Maver Ingeniería Especialistas SA de CV, R & M- Ingeniería Eléctrica SA de CV, y Salcedo Construcción y Supervisión SA de CV.

“Pero las empresas del colombiano no realizaron obras. Instalaron unas oficinas en Ciudad Ixtepec, al sur del Istmo de Tehuantepec, y subcontrataron a empresas locales para llevar a cabo los trabajos que no se concluyeron, de acuerdo con denuncias de constructores locales quienes aseguraron que les dejaron de pagar las obras y luego desaparecieron del lugar.

“Carlos Vázquez Rasgado, uno de los constructores a los que les incumplieron los pagos, afirma que había órdenes de favorecer al sudamericano, que venían de “arriba”, pero no identificaron de quién”.

A la par que el contratista sudamericano recibía los contratos del gobierno oaxaqueño en su país de origen comenzaban a investigarlo por lavado de dinero. Su estilo de vida en Guacarí, Colombia, moviéndose en vehículos de alta gama y aeronaves privadas, organizando grandes fiestas de mucho lujo y derroche llamaron la atención de las autoridades de seguridad en ese país y le iniciaron un proceso de investigación.

Así, mientras transaba en Oaxaca los recursos del Fonden y a constructores locales, en Colombia se gestaban sospechas de que trabaja para limpiar los recursos de los grupos delictivos locales. Guacarí, por cierto, es una pequeña ciudad del distrito de Valle del Cauca, cuya capital es Cali donde los hermanos Rodríguez Orejuela comenzaron un grupo delictivo que durante los ochenta y noventa fue uno de los grandes polos criminales de ese país, el otro gran grupo era el que comandaba Pablo Escobar desde Medellín.

Acá pueden leer el trabajo: Investigado por lavado del narco defrauda en Oaxaca

Tras la publicación del reportaje el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara anunció que había ordenado se investigara el caso.

Y ayer el actual director del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa, el organismo que entregó los contratos en 2018, Alejandro López Jarquín, me dijo en entrevista que ya se estaba investigando, pero que había un problema en la resolución de las demandas de los constructores del istmo que fueron defraudados, la subcontratación “fue un asunto entre particulares” y ya no está en la cancha de la institución a su cargo.

Aunque también me dijo que han detectado varios posibles fraudes en esa reconstrucción, como la contratación de supervisores externos, cuando el instituto cuenta con personal para ello, quienes validaron la entrega de las obras aún cuando no estaban terminadas.

Una de las cosas que me llamó la atención en el proceso de investigación fue que no pude ubicar al constructor colombiano: sus oficinas que estaban en edificio corporativo en Toluca están vacías, hace varios años que dejó de ocuparlas, me dijeron trabajadores del lugar. No contestó a correos ni mensajes en su perfil de FB. Y la última vez que habló con la prensa fue en Colombia, a principios del año pasado.

En fin, que la piedra no ha hecho sino comenzar a rodar, ya les contaré cuando haya nueva información del caso.

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El pasado domingo 6 el reportero Héctor Llorame publicó en su perfil de Twitter un interesante trabajo sobre las empresas de las que son socios las y los diputados locales de la legislatura que acaba de iniciar.

Más allá de los datos de arranque creo que el trabajo de Llorame, que además compartió en Twitte los documentos, es también un buen insumo de trabajo al que habrá que volver cada tanto para ver cómo han evolucionado las empresas o si alguna de estas ha comenzado a obtener contratos con entidades públicas en las que podrían tener influencia.

Los datos son importantes no solo por los nombres de las empresas sino por los socios. Habrá que mirar si más adelante crean nuevas empresas, que no es malo ni negativo persé, a menos que esas posibles nuevas empresas obtengan contratos de entidades que manejen recursos públicos.

Vamos, lo que nos da Llorame es la posibilidad de hacer un seguimiento del actuar ético-empresarial, o no, de nuestros representantes políticos. Y eso no es poca cosa.
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