Hace tres años el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) decidió cesar de su cargo e inhabilitar por 15 años al magistrado federal Carlos Loranca Muñoz debido a que omitió declarar ingresos por seis millones de pesos entre 2014 y 2016, durante el periodo en el que formaba parte de un tribunal en el estado.

Mediante un comunicado, el CJF dijo que “luego de una exhaustiva investigación por su desempeño al frente de un tribunal (federal) en el estado de Puebla, se corroboró que incurrió en la conducta de falta a la verdad respecto de su evolución patrimonial y las irregularidades reportadas”.

La investigación contra el magistrado derivó de una denuncia presentada ante el consejo y de la difusión en medios de comunicación de una fotografía donde aparecen Othón Muñoz Bravo, alias “El Cachetes”, empresario gasolinero acusado de estar relacionado con robo de combustible, el entonces magistrado Loranca y el exsenador del PAN, Javier Lozano, en una comida realizada en el fraccionamiento “El Cristo”, lugar que fue cateado en agosto de 2017 por elementos de la Marina.

Y de acuerdo con una nota de la revista Proceso, Carlos Loranca “también fue acusado de nepotismo con el que benefició a su hija y ocho sobrinos dentro del Poder Judicial de la Federación”.

Lo que poco se habló en su momento tiene que ver con ese último dato que ofrece Proceso como cierre de su nota.

En el proceso que se le siguió a Loranca en el CJF había otra persona acusada por no declarar un crecimiento en su patrimonio su hija Karla Esther Loranca Ochoa, quien en ese momento era secretaria del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo.

La hija fue inhabilitada por un periodo de diez años, por lo que no podrá ejercer cargos dentro del sistema de justicia federal hasta el año 2031.

Tras conocerse la inhabilitación del entonces magistrado solicité al CJF copia del expediente de sanción CPJF/PA/480/2019. En su respuesta me dijeron que la sanción a la hija estaba firme, pero que había un recurso promovido por Carlos Loranca y que su sentencia aún no quedaba firme.

“Si bien el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó que los servidores públicos que se señalan en el procedimiento son responsables de las conductas que se les atribuyen, se precisa que por lo que hace a uno de los implicados, la resolución aludida causó estado el pasado 21 de mayo del año en curso, sin embargo, por lo que hace al restante aún no se encuentra firme la resolución, de ahí que se informe que su estatus se encuentra en recurso de revisión administrativa.”

Vuelvo a este tema por dos razones: una es el contexto actual, con una reforma al poder judicial necesaria sin duda (no creo que nadie en su sano juicio no intuya, al menos, que se trata de un sistema corrupto por todos lados), aunque no sé si la medicina que se aprobó sea justo la necesaria y no tan solo una sacudida, y que en unos años regresemos a los mismos problemas. Eso sin entrar al debate del fondo político de la reforma.

La otra razón es que hace unos días la reportera de investigación Zoraida Gallegos publicó un enorme trabajo titulado: “Jueces sin castigo: Las fallas de un sistema negligente” que revela que “Durante 24 años, el Poder Judicial fracasó en castigar a los jueces y magistrados que cometieron faltas disciplinarias, como acoso laboral, o delitos, como enriquecimiento ilícito o acoso sexual”.

Volví a pedir el expediente de Carlos Loranca al CJF, aunque ahora con su pronta desaparición con la reforma quién sabe quién me conteste, o si me vayan a contestar, ya les contaré.

Lo que no dejo de pensar en el caso de Carlos Loranca es en sus ocho familiares metidos en el Poder Judicial, y un enriquecimiento “inexplicable” (es un decir) de 6 millones de pesos (al menos eso pudo ser documentado).

Un caso que se conoció por las fotos que se filtraron donde estaba reunido con el panista Javier Lozano y “El Cachetes”, de otra manera es muy probable que seguiría ahí.

Dice Zoraida Gallegos en su reportaje: “En la mayoría de los casos de inhabilitación o destitución de 38 jueces y magistrados, el consejo descubrió tan tarde las conductas infractoras que, en los casos que presentó ante el MP, el delito había prescrito o estaba a punto de extinguirse”.

“Con frecuencia, resolvió mudar de juzgado o de tribunal a los funcionarios y decidió investigarlos solo cuando en la nueva sede hubo quejas de sus colegas”.

Ni como ayudarles, pues.
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Opacas rentas de lujo en el Poder Judicial

En una entrega pasada, allá en el lejano 2023 (ja), les contaba de Carlos Palafox Galeana, nombrado por Luis Miguel Barbosa como presidente del Consejo de la Judicatura local, luego de una reforma que duró apenas un suspiro.

Pero en el poco tiempo en el que estuvo al frente Palafox se dio el lujo de contratar amigos y amigas para los nuevos cargos que se crearon a partir de la reforma poblana y también para rentar edificios de lujo.

Esto escribí entonces: “Otro de los edificios cuya renta llama la atención en el listado que me entregó el Poder Judicial es el ubicado en el número 1933 del bulevard Municipio Libre, ahí se alza el edificio Tandra B Cluster”.

“De acuerdo con el listado, el espacio rentado en ese edificio de superlujo, desarrollado por el estudio Balcázar Arquitectos, tiene un costo por metro cuadrado de 314.85 pesos y fue destinado a “oficinas públicas”; y para ello tienen a disposición cuatro pisos: los niveles N10, N11, N16 y N17”.

La cosa es que el Poder Judicial me entregó la información solo del costo del metro cuadrado y no del total del espacio contratado, por lo que metí un recurso de revisión para que el Itaipue resolviera, y los meses pasaron y pasaron, para que al final decidieran que es información clasificada porque está en un proceso de auditoría.

Meses después insistí en mi solicitud para que se hicieran públicos los contratos, y de nuevo el Poder Judicial se resistió en entregarlos.

Lo curioso del asunto es que la reserva de los datos fue propuesta por la secretaria de Administración y Planeación del Consejo de la Judicatura y presidenta del Comité de Transparencia, la maestra Christiane Tabe Morales, y aprobada por el resto de los integrantes del Comité.

Cosa curiosa Tabe Morales fue una de las personas que Palafox Galeana se trajo a trabajar consigo cuando fue nombrado presidente del Consejo de la Judicatura local.

En la argumentación para reservar la información aseguran que la auditoría que les iniciaron por allá de principios del 2023 sigue abierta, y que como la auditoría “implica la revisión, verificación y comprobación de la información (...) susceptible de ser modificada, ajustada y validada”.

Un argumento que ya ha sido desechado por el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (INAI) señalando que la información de los contratos no puede ser modificada pues se trata de actos jurídicos firmes. Cosa de la que al parecer no se han enterado en el Itaipue.

Otro de los argumentos es una joyita de esas que luego se avientan los funcionarios: “la divulgación de la información constituya un riesgo real (...) la eventual exposición a medios de comunicación o la intromisión de terceros afectaría el proceso de conclusión”.

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Una de las cosas que resaltan en esta entrega del Lado Oscuro, es que está alimentado por el trabajo de grandes mujeres periodistas de investigación. Mujeres que están marcando el camino y la agenda en un espacio que hasta hace poco estaba lleno de c-ñoros. No las pierdan de vista.

Otras historias del lado oscuro

La impune espiral de lavado de “El Mayo” Zambada… Desde hace dos décadas, Estados Unidos ha identificado y sancionado los movimientos financieros de 100 personas físicas y morales mexicanas pertenecientes a la facción de Ismael Zambada García, sin embargo, en México sigue operando sin mayores inconvenientes (suscripción).

El Interoceánico convertirá selvas y bosques en paisaje industrial… Un documento del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec adelanta los efectos ambientales que traerá la industrialización del Istmo: el cambio de las áreas hoy naturales a un escenario de asfalto, contaminación del agua, tierras infértiles, aire nocivo y muerte masiva de animales.

Cierra sexenio de AMLO con más de 72,100 cuerpos sin identificar… De 2019 a 2023, durante el gobierno de López Obrador, ingresaron a las morgues 34 mil 699 cuerpos que permanecen sin identidad. Aunque el presidente prometió atender de manera prioritaria la crisis forense y las desapariciones de personas las iniciativas para enfrentarlas fueron desmanteladas o no se concretaron.

Y un podcast: Gemelos Digitales… Un podcast de ensayo ficción (o ficción ensayística) sobre la tecnología de los gemelos digitales o digital twins, ambientado entre Barcelona y China, que explora la condición humana en el contexto de los metaversos, los clones virtuales y la inteligencia artificial. Ciencia ficción sobre un fenómeno que podría volverse pura realidad.

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Carta aclaratoria

Me dirijo respetuosamente a usted para ejercer mi derecho de réplica, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6º de la Constitución General de la República, con relación a un artículo periodístico publicado en este medio de comunicación digital con fecha 2 de Octubre de este año, firmado por el reportero Ernesto Aroche, que titula “El Magistrado y su hija”, en el que se leen las siguientes afirmaciones:

“… 1.- Hace tres años el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) decidió cesar de su cargo e inhabilitar por 15 años al magistrado federal Carlos Loranca Muñoz debido a que omitió declarar ingresos por seis millones de pesos entre 2014 y 2016, durante el periodo en el que formaba parte de un tribunal en el estado.

Mediante un comunicado, el CJF dijo que “luego de una exhaustiva investigación por su desempeño al frente de un tribunal (federal) en el estado de Puebla, se corroboró que incurrió en la conducta de falta a la verdad respecto de su evolución patrimonial y las irregularidades reportadas”.

La investigación contra el magistrado derivó de una denuncia presentada ante el consejo y de la difusión en medios de comunicación de una fotografía donde aparecen Othón Muñoz Bravo, alias “El Cachetes”, empresario gasolinero acusado de estar relacionado con robo de combustible, el entonces magistrado Loranca y el exsenador del PAN, Javier Lozano, en una comida realizada en el fraccionamiento “El Cristo”, lugar que fue cateado en agosto de 2017 por elementos de la Marina”.

Sobre el particular es importante referir que, como se podría haber investigado, antes de hacer publicaciones erróneas, el inicio de la investigación en el procedimiento disciplinario que instruyó en mi contra el Consejo de la Judicatura Federal CJF, (tal y como puede corroborarse en el texto de la resolución que sobre el particular emitió) se gestó de “oficio” y no por denuncia o queja administrativa formulada por persona alguna; y como también se podrá corroborar, se debió (aunque nunca lo reconoció el propio Consejo) a las publicaciones en varios periódicos tanto digitales como impresos de notas falsas, tendenciosas y difamatorias que logró difundir, el reportero Edmundo Velázquez Vargas (quien en venganza por haber sido condenado en sentencia firme en el juicio ordinario civil 160/2013-B, de responsabilidad civil derivada de actos ilícitos, ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, que el suscrito promovió), utilizando como “prueba fehaciente” una impresión fotográfica en la que se plasmaban imágenes del suscrito con algunos personajes de la política, y un empresario de nombre Othón Muñoz Bravo (al que tiempo después se le atribuyó por autoridades gubernamentales, el “liderar un grupo de huachicoleros”, hecho este último que dicho sea de paso, jamás se demostró ante las instancias judiciales), no vendiendo sentencias o recibiendo dinero, sino conviviendo normalmente. Esto es, el CJF actuó de oficio en el inicio de la investigación, propiciada por notas periodísticas publicadas por ese reportero, que en juicio años atrás fue declarado culpable de publicar hechos falsos que me ocasionaron un daño moral. Ahora, el CJF siempre negó haber procedido en mi contra debido a las citadas publicaciones falsas que el citado reportero Edmundo Velázquez logró propagar en diferentes medios de comunicación, donde me atribuía estar ligado a personas dedicadas al robo de combustible y de favorecer con las resoluciones que dictaba en el Tribunal a mi cargo a amigos y políticos del Estado.

Lo trascendente de esta cuestión es que legalmente el CJF estaba impedido a proceder como lo hizo, teniendo como fuente publicaciones periodísticas, por eso en su resolución sostuvo que lo hizo “de oficio”; pero no fue solo en mi caso, este Cuerpo Colegiado actuó indebidamente en varios procedimientos, como así lo destaca la periodista de investigación Zoraida Gallegos en el trabajo titulado: “Jueces sin castigo: Las fallas de un sistema negligente”, donde sostuvo “de la revisión hecha por esta reportera con Quinto Elemento Lab a docenas de expedientes de investigación del CJF que concluyeron con esos castigos, el consejo actuó de forma reactiva cada vez que un juez o magistrado fue exhibido en notas periodísticas”; y es que ni todos los reporteros son verdaderos periodistas, ni todos los periodistas son tan profesionales y éticos como se desearía. Prueba de ello es que este reportero Edmundo Velázquez fue declarado culpable en juicio de responsabilidad civil por publicar hechos falsos.

“… 2.- Y de acuerdo con una nota de la revista Proceso, Carlos Loranca “también fue acusado de nepotismo con el que benefició a su hija y ocho sobrinos dentro del Poder Judicial de la Federación”.

Es falso lo señalado en el artículo, ya que el nepotismo, de acuerdo a la definición de la Real Academia Española, es la “Utilización de un cargo para designar a familiares o amigos en determinados empleos o concederles otro tipo de favores, al margen del principio de mérito y capacidad”, así las cosas, para que se tipifique esta figura, es necesario en principio que se pruebe que en el nombramiento de un familiar intervenga de alguna forma el funcionario acusado, de otra forma se violentarían los derechos humanos de ese familiar que aspira ingresar a esa actividad; además es indispensable que en el nombramiento del familiar se conceda algún tipo de favor, como podría ser que se dispense la capacitación, el profesionalismo o algún requisito de ley prevea para el nombramiento.

El hecho de que en los más de 30 órganos jurisdiccionales ubicados en el estado de Puebla, laboren o laboraban 8 sobrinos y una hija, nunca implicó en mi caso esa figura, primero, por la cantidad de años de servicios prestados por un servidor para la institución, más de 37 años a la fecha, y en segundo lugar, porque todos y cada uno de los implicados son abogados titulados y se mantienen en sus lugares por su desempeño, siendo importante destacar que se iniciaron en los puestos, igual que los hacen todos los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, esto es como meritorios y no con nombramientos directos. Esta fue la razón por la que al suscrito no se le acuso de nepotismo.

Ahora, es importante subrayar, que:

a).- Durante los 29 años que me desempeñé como Juez y Magistrado Federal en distintos Estados de la República, jamás fui sancionado de forma alguna;

b).- Las acusaciones que el citado reportero Velázquez difundió en diferentes medios de comunicación, nunca fueron demostradas, ello a pesar de la implacable investigación que se llevó al cabo el CJF (que después de pegar en puertas y ventanas de los diferentes Órganos Jurisdiccionales de la Entidad, invitaciones en hojas oficiales para que se presentaran denuncias o quejas en mi contra), tuvo que reconocer en una primera resolución, que éstas no eran ciertas, sancionándome con una amonestación pública por un solo asunto “resuelto en forma descuidada”, de los 2500 expedientes analizados;

c).- Por lo cual, el CJF a fin de justificar el dispendioso gasto tanto material como humano empleado en la investigación en mi contra, tuvo que acudir a 4 declaraciones patrimoniales rendidas ante la Contraloría del PJF (que no fue el tema del inicio de las indagaciones) en las que se encontró que se habían rendido éstas con errores u omisiones, pero qué (cito textualmente lo expresado a fojas 53 de la sentencia dictada el 24 de febrero de 2021)“ no existen pruebas que revelen que los implicados hayan obtenido algún beneficio, lucro u ocasionado algún daño o perjuicio, con motivo de la falta administrativa acreditada que deriva del incumplimiento de sus obligaciones” (sic).

Luego entonces, evidentemente el periodista está incurriendo en responsabilidad, al atribuirme públicamente la comisión de un delito, al señalar en su artículo:

“…Lo que no dejo de pensar en el caso de Carlos Loranca es en sus ocho familiares metidos en el Poder Judicial, y un enriquecimiento “inexplicable” (es un decir) de 6 millones de pesos (al menos eso pudo ser documentado)”.

En el artículo periodístico se toca el procedimiento disciplinario seguido a mi hija Karla Esther Loranca Ochoa, del cual solo tengo que decir que ella nunca fue emplazada al mismo.

“… Tras conocerse la inhabilitación del entonces magistrado solicité al CJF copia del expediente de sanción CPJF/PA/480/2019. En su respuesta me dijeron que la sanción a la hija estaba firme, pero que había un recurso promovido por Carlos Loranca y que su sentencia aún no quedaba firme.”

Un periodista ético y profesional antes de publicar hechos falsos, indaga y corrobora su investigación; en el caso evidentemente no lo hizo, porque de haber sido así, debió enterarse que, en sesión privada de 6 de julio de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la revisión administrativa 19/2021 CLM vs CJF, promovida en contra de la sentencia de fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, en el procedimiento de responsabilidad administrativa CPJF/PA/480/2019”.

Es importante señalar que el CJF en su resolución, como así lo debieron haber considerado los Ministros que votaron a favor del proyecto revocatorio, erróneamente consideraron como irregularidad de omisiones en mis declaraciones patrimoniales, la venta que hice de una casa propiedad de dos de mis hijos y cuyo usufructo nos reservamos mi exesposa y yo, pero que al oponerse a la venta uno de ellos y esta última, la compraventa no se perfeccionó y por tanto, no pudo ingresar a mi patrimonio el valor de ese inmueble, lo que en consecuencia no tenía por qué reflejarlo en esas declaraciones patrimoniales; pero como el CJF encontró el aviso preventivo en el Registro Público de la Propiedad del Estado de esa operación, lo consideró erróneamente como una compraventa perfeccionada.

Entre otro de los yerros plasmados en la resolución del Consejo (que fueron muchos) está la compra de acciones por quinientos cincuenta mil pesos, que se dice adquirí a la sociedad anónima “Energéticos Muñoz”, pero que en realidad esta compra sólo fue por cincuenta mil pesos (que si bien nunca salieron de mi peculio, eso se debió a que en la constitución de esa sociedad anónima el dinero en efectivo nunca se depositó en algún lugar, sino que solo sirvió para tener los porcentajes de participación en la misma), pero aquí gravemente el Consejo en sus resolución infló la cantidad en quinientos mil pesos. El proyecto de sentencia dictado en el procedimiento disciplinario CPJF/PA/480/2019 lo formuló la entonces Consejera y después Ministra de la Corte Loretta Ortiz Ahlf, por si esto último pudiera servir de referencia alguna, al haber sido nombrada en ambos cargos a propuesta del entonces Presidente de la Republica Andrés López Obrador.

No está por demás destacar que como si estuviera de moda, en el sexenio pasado, en el Consejo de la Judicatura Federal, cuyo presidente fue el exministro Arturo Zaldivar Lelo de Larrea, se buscó afanosamente manchar el nombre de jueces y magistrados con la única finalidad de buscar la tan ansiada Reforma Judicial, ya que con la elección de éstos, por el pueblo sabio, se eliminará el tráfico de influencias, la corrupción, el abuso del poder, el nepotismo y la impunidad, que se han sido utilizadas como características distintivas atribuidas los jueces y magistrados federales en los últimos años, advirtiéndose el propósito de este gobierno que busca tener jueces a modo que no le estorben a sus intereses.

Con todo esto, no quiero decir que tanto en el periodismo, como en todas las actividades humanas, inexista corrupción, nepotismo y abuso del poder público, pero tratar de acabar con un poder judicial federal, llevando a la horca a todos los Jueces y Magistrados, por algunos frijoles en el arroz, y actuando “…el consejo de forma reactiva cada vez que un juez o magistrado es exhibido en notas periodísticas” resulta un despropósito, que se debe evitar a toda costa, pues los reporteros como Edmundo Velázquez, no pueden ser considerados periodistas, ya que desprestigian la noble labor que éstos desempeñan.

La historia nos juzgará por esta absurda e irracional reforma judicial.

DR. CARLOS LORANCA MUÑOZ

MAGISTRADO DE CIRCUITO