El pasado 1 de junio la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción designó a las personas que ocuparán las cuatro posiciones vacantes.

A través de la red social X, el comité dio a conocer estos nombres en este orden y con esas calificaciones.

1. Laura Elisa Morales Villagrán 46.50
2. Maritza Méndez Cabrera   43.50
3. Guadalupe Cecilia Huchin Mora   42.25
4. Sergio Díaz Sáenz    40.0

Recordemos que se trata de personas que integrarán el Comité de Participación Ciudadana, y remarco esto pues tres de los cuatro eran hasta hace unas semanas funcionarios públicos.

Veamos, Laura Elisa Morales Villagrán obtuvo la votación más alta en la valoración que hizo la Comisión de Selección 46.50, y en su perfil de LinkedIn se presenta como doctora en Derecho, experta en derecho administrativo y cuestiones gubernamentales. Hasta ahí todo bien.

El problema, podríamos decir, es que ella misma registra en su currícula laboral, pública en su perfil de LinkedIn, que es funcionaria de gobierno, al menos hasta marzo. Desde hace más de un año trabaja como asesora en la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado. Antes de eso fue Directora General de Asuntos Jurídicos en la misma dependencia durante el periodo en que Luis Miguel Barbosa gobernó el estado. Antes estuvo también en la Secretaría de la Función Pública.

En el currículum público en la página de la Comisión de Selección dice que tiene el cargo de Analista Especializado Consultivo A en la Consejería Jurídica desde “marzo de 2022 a la fecha”, que previo a eso fue directora jurídica contenciosa en la Secretaría de la Función Pública y que básicamente tienen una carrera ininterrumpida en la administración pública desde marzo de 1999.

Seguimos con Maritza Méndez Cabrera, quien actualmente se desempeña como Coordinadora General Administrativa adscrita a la Secretaría Particular del Gobierno del Estado y entre 2021 y 2023 fue directora general de Administración y Finanzas en el Congreso del Estado, lugar al que llegó tras ocupar la titularidad del Órgano Interno de Control en el municipio de Tepeaca entre 2019 y 2021, es decir el periodo en el que Sergio Salomón Céspedes Peregrina, el actual gobernador en funciones, fue presidente municipal.

El grupo de los funcionarios públicos se cierra con Sergio Díaz Sáenz, el único de los tres que no fue elegido por unanimidad, pues recibió el voto en contra del académico y politólogo Roberto Alonso y de la exintegrante del CPC y especialista en transparencia y anticorrupción Carmen Leyva Bathory.

Díaz Sáenz, dice Rodolfo Ruiz, director del portal e-consulta, es hermano de Roberto Díaz Sáenz del “asesor jurídico del gobernador Céspedes” en su publicación del pasado viernes que aborda también el tema de las y los nuevos integrantes del CPC.

El elegido por mayoría ha sido asesor jurídico en el municipio de Pantepec desde octubre de 2018 y hasta la fecha, de acuerdo con lo publicado en su curriculum vitae consultable en la página del Comité de Selección.

Es curiosa, por decirlo de alguna manera, la relación de Roberto con el gobernador del estado, pues en una búsqueda en la Plataforma Nacional de Transparencia es posible hallar un documento de la Coordinación General de Comunicación en el que se asegura, en respuesta a una solicitud de información que el sujeto no trabaja en el gobierno del estado: “los C. Roberto Díaz Sáenz, el C. José Antonio López Malo Capellini, y Francisco Fidel Teomitzi Sánchez no se encuentran registrados como funcionarios públicos ni se celebró contrato con los antes mencionados por parte de este Sujeto Obligado.”

Entonces ¿trabaja o no con el gobernador del estado? Pues el pasado 6 de enero el mismo gobernador lo felicitó por su cumpleaños calificándolo como “un gran colaborador”.

Estimado Dr. Roberto Díaz Sáenz, te mando un abrazo afectuoso por tu cumpleaños. Eres un gran colaborador. Mis mejores deseos hoy y siempre. ¡Muchas felicidades!

— Sergio Salomón (@SergioSalomonC) January 6, 2024

Por lo pronto, lo cierto es que de cuatro sólo una de las personas elegidas, Cecilia Huchin Mora, puede presumir de haber trabajado fuera de la esfera gubernamental.

Lo que la Comisión de Selección no ha informado, hasta el momento, son los plazos que durarán en el cargo cada persona seleccionada, pues ese fue uno de los puntos de discusión álgida. A pesar de que la ley en la materia establece una renovación escalonada (artículo 16 párrafo tercero) y la misma metodología lo plantea así.

Se espera que este martes 18 se oficialicen los nombramientos por parte de las autoridades legislativas.
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En abril pasado el reportero Manú Ureste escribió en las páginas electrónicas del portal Animal Político el diálogo que tuvo con una militante de Morena que ha sido blanco de ataques al intentar competir a cargos de elección popular en Guerrero:

“—En Guerrero, si tú quieres ser candidato o candidata a lo que sea, y quieres hacer campaña, lo primero que tienes que hacer es pedir permiso al narco.
“Tras la frase lapidaria, que pronuncia bajando la voz para que los comensales de las mesas vecinas no alcen una ceja, Elena deja que corran unos segundos para cerciorarse de que nadie más que el periodista que tiene delante la ha escuchado.
“—Si te dan permiso, entonces puedes recorrer pueblos, hacer tu propaganda y hacer campaña. Pero ojo —alza ahora el dedo índice al tiempo que abre mucho los ojos—, aunque te den permiso, tú no puedes mencionar nada de seguridad. Nada sobre violencia, inseguridad, paz, ni nada relacionado con ese tema.
“—¿Pero por qué busca tanto el crimen organizado influir en las elecciones?
“La mujer carraspea y comienza a explicar algo que repetirán tanto en grabadora, como fuera de ella, exfuncionarios, dirigentes de partidos, y los propios aspirantes.
“—Ellos tienen dinero, tienen armamento, tienen el control territorial, pero no tienen, o aún no del todo, las relaciones políticas para incidir en otros espacios públicos. Por eso lo electoral se ha vuelto tan importante para ellos —añade—. Y no solo por el control territorial y el trasiego de drogas por la región, sino también por el dominio del transporte público, los mercados, los rastros de pollo, etcétera.
“Y por eso, subraya una vez más, los ayuntamientos se han convertido en el ‘caramelo’ que todo cártel ansía tener. Pues, colocando a ‘sus’ alcaldes a modo, tienen el control del presupuesto, de las obras públicas —“ellos tienen sus propias constructoras que ganan contratos de manera directa”, dirá en otra entrevista un aspirante del PRD—, y también el control de la policía municipal, de los agentes de tránsito, y del aparato burocrático, administrativo, y hasta de la recaudación municipal.”

Lo dice para Guerrero pero la afirmación de la morenista se puede aplicar a muchas entidades; tan solo en Puebla dos aspirantes a presidentes municipales vinculados a grupos de dedicados al robo de combustible gobernarán sus demarcaciones: Guadalupe Martínez, quien encabezará el gobierno de Quecholac. A Antonio Martínez Fuentes la Sedena e instituciones de seguridad lo ubican como líder delictivo.

Mientras, en Chignahuapan será Juan Lira, a quien nombran El Moco e incluso ya fue detenido bajo la presunción de que lidera un grupo dedicado al robo de combustible pero también al narcomenudeo y su nombre aparece en reportes de inteligencia militar, quien tomará las riendas del municipio.
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El viernes pasado falleció Jean Succar Kuri, una persona vinculada a una red de pederastia que se hizo conocida hace unos años, y que entre sus contactos estaban un textilero y un exgobernador poblano que actualmente viste el traje beige de los reclusos, y cuya sombra todavía sobrevuela la política poblana.

Daniel Moreno, director de Animal Político, dijo en sus redes: “Dios lo tenga a fuego lento”.

Yo espero lo mismo, también para el resto de la red de pederastas cuando llegue su momento.
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