El 5 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena, fecha instituida en el Segundo Encuentro de Organizaciones y Movimientos de América de 1983 en Bolivia, con el objetivo de visibilizar a las mujeres pertenecientes a poblaciones indígenas y la relevancia que tienen para la conservación de su cultura, tradiciones, ecosistemas, así como el liderazgo que ejercen en su comunidad.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas en el mundo la población indígena representa el 6.2 por ciento de la población mundial, ascendiendo a 476 millones de personas pertenecientes a 5 mil culturas diferentes en 90 países. En el caso de México, según datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 23,2 millones de personas se auto identifican como indígenas, desagregado por sexo de la siguiente manera:

En Puebla, 615.6 mil personas mayores de tres años y la proporción por sexo se representa de la siguiente manera:

¿Cuál es la problemática que tiene este sector poblacional? Las mujeres indígenas son las principales víctimas de violación a sus derechos humanos, de violencias y discriminación, son quienes sufren más los efectos de la desigualdad, la pobreza y la exclusión. Las mujeres indígenas son excluidas de los derechos como la educación, salud, trabajo, servicios públicos y participación política. Son quienes sufren diversos tipos de violencia según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) Puebla, la población rural principalmente es víctima de violencia psicológica (49%), física (35.6%), sexual (34.9%) y patrimonial (25.2%).

Las mujeres indígenas también son más vulnerables para presentar embarazos no deseados, déficit alimentario, son más susceptibles ser víctimas de redes de trata de personas con fines laborales o sexuales, desplazamiento forzado y desaparición.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2023, en México el 38% de la población indígena considera que sus derechos se respetan poco. De los cuales el 40.8% son mujeres indígenas. Asimismo, según la misma encuesta el 31.8% de la población de mujeres indígenas considera que se le discrimina al momento de buscar empleo, así como en las oficinas de gobierno, tribunales y juzgados; así como en los servicios de salud, restaurantes y escuelas. En este sentido el estado de Puebla ocupa el segundo lugar nacional en prevalencia de casos de discriminación contra las mujeres, sólo después del estado de Yucatán.

Otro problema que enfrentan principalmente las mujeres indígenas es el relativo a la impartición de justicia puesto que no cuentan con traductores al momento de hacer su declaración lo que puede devenir en posibles actos de tortura y abusos. La explotación laboral también es uno de los focos rojos en mujeres debido a que contribuyen en los trabajos agrícolas, muchas veces sin remuneración, con la intención de ayudar a sus parejas. En este sentido, al no ser propietarias de las tierras de sembradío son relegadas del proceso productivo agroalimentario.

Por consiguiente, las mujeres indígenas principalmente participan en el trabajo informal, vendiendo los productos que elaboran, sin recibir seguridad social que les permita una atención médica digna.

En el estado de Puebla existen siete pueblos originarios: nahuas, totonacas, N’giwa/popolocas, mazatecos, otomíes, mixtecos, tepehuas. Lo que la convierte en la cuarta entidad con mayor población indígena. Sin embargo, enfrentan problemas relacionados con la discriminación derivado del uso de su lengua, tal como el acceso a la educación. La población indígena presenta una deficiente nutrición en infantes; mala atención obstétrica pese a que los habitantes de poblaciones indígenas tienen en promedio 3.26 hijos, un dígito más que la población no indígena.

Frente a esta grave crisis que se vive en México y por consiguiente en Puebla, y desde la visión de los derechos humanos, los gobiernos federales, estatales y municipales deben garantizar la igualdad de la población indígena a partir del cumplimiento a las directrices de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada el 13 de septiembre de 2007. Así como la Declaración Americana Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Esta última busca garantizar que las mujeres indígenas participen de manera efectiva en la toma de decisiones de sus comunidades.

Urge crear el Instituto Estatal de la no Discriminación en el Estado de Puebla; mientras no exista un organismo de esta naturaleza, difícilmente se atacarán las causas que viene siendo una de las principales fuentes de la violencia, por lo pronto mediante el Instituto de Pueblos Originarios del Estado de Puebla se tendrán que construir las políticas públicas orientado a las mujeres indígenas.