Poco después de haber emitido su voto, el pasado 2 de junio, el presidente López Obrador puso un mensaje en su cuenta de Twitter. Afirma que “en la democracia verdadera es el pueblo el que manda. Todo lo demás es accesorio”.

No hace falta mucha ciencia para caer en cuenta que a pesar de sus muchas imperfecciones, la democracia mexicana, en lo que fue su breve periodo de esplendor, de 1997 a 2018, tuvo grandes logros.

El más importante: la limitación del poder presidencial y en consecuencia el incremento de las libertades públicas.

Sin ese freno la pluralidad política y la alternancia entre partidos en todos los puestos de elección popular, incluyendo significativamente el de la máxima magistratura, no habría sido posible.

En paralelo floreció una prensa crítica y una industria editorial boyantes, fundamentales para la movilización ciudadana en las urnas.

Hasta en los pueblos más ignotos tuvo sus manifestaciones positivas el nuevo estado de cosas. Hubo ayuntamientos en los que hasta los indios se levantaron avante, y por primera vez fueron gobierno.

La magia que llevó a ese boom de alternancias fue la organización y calificación de las elecciones por una institución independiente del presidente de la República. Integrada por personas honorables, sin tacha (IFE-INE).

Gracias a un acuerdo nacional entre todas las fuerzas políticas, la incipiente sociedad civil, los grandes periódicos y la comunidad intelectual progresista (independientemente de lo que ese nombre signifique para cada uno).

Cuando el partido Morena y el presidente afirman que en 2018 el voto masivo de la población en favor suyo conjuró el fraude electoral, me parece que se miente, y se miente de manera deliberada, y grosera, con la finalidad de restarle valor a la independencia de los órganos electorales.

Hasta ahora nadie ha presentado un solo indicio de que se haya maquinado tal cosa desde el gobierno del entonces Enrique Peña Nieto, porque los fraudes son acuerdos y acciones cupulares. Las únicas evidencias públicas al respecto son en sentido contrario.

La versión del fraude pone en entredicho de modo perverso al INE y su Consejo. Y de personalidades como Lorenzo Córdova cuyo compromiso con la legalidad democrática ninguno osaría poner en duda.

La narrativa de los fraudes presidenciales, con la salvedad de lo ocurrido en 1988, no tiene fundamento. No por lo menos entre los historiadores y especialistas que se han ocupado seriamente del asunto.

El candidato López Obrador, en 2006, perdió en las urnas, en el recuento, en los tribunales y en la opinión pública. Lo derrotó su soberbia al ahuyentarse de los debates presidenciales y no asistir a la reunión con banqueros en Acapulco, en su convención anual.

No deja de llamar la atención el énfasis puesto por el presidente López Obrador en… “Todo lo demás es accesorio”. Todo lo demás que no sea la voluntad del pueblo es prescindible en su dicho, y puede que sí en una lectura apresurada.

Se omite que para alcanzar esa manifestación mayoritaria y hacerla valer con legitimidad se precisa de una institucionalidad procedimental. Respetar la legalidad electoral. Sin la cual la relación en la que unos pocos mandan y los otros obedecen, se rompe.

En el contexto del Plan C, entiendo que con “todo lo demás” el presidente se refiere a la división de poderes y su independencia (el Congreso, el Poder Judicial, los llamados órganos autónomos; respeto a la libertad de expresión y escrutinio público de gobernantes), lo que para él es un hecho meramente circunstancial, si atendemos a la definición de la RAE.

Se trata, me parece, de un reproche impúdico a la democracia constitucional. Ese orden de gobierno fundado en el ejercicio de derechos individuales y en un sistema de pesos y contrapesos entre los mismos poderes, que limita la concentración de facultades en uno solo en detrimento de los demás.

Poderes constreñidos por la ley, cuyos titulares son sujetos de los principios liberales de rendición de cuentas y de escrutinio público. Ambos incómodos para el actual gobierno, por cuya razón hoy se encuentran amenazados de muerte por el presidente López Obrador y la presentación al Congreso de su paquete de (contra)reformas

La democracia procedimental es contraria a los impulsos de la tiranía populistas de los referendos y plebiscitos, y de los dirigentes providenciales.

Siguiendo a Richard Arneson, citado por Daniela Chávez Cruz, de la Suprema Corte de Justicia, la democracia constitucional se rige por los principios del gobierno democrático, los cuales se encuentran determinados en la constitución, que reconoce ciertos derechos de los ciudadanos, los cuales son reforzados por jueces no elegidos popularmente y poseen poderes finales de revisión.

También es cierto, y dicho por otro especialista, que los gobiernos surgidos de elecciones pueden ser ineficaces, corruptos, miopes, irresponsables, dominados por intereses creados e incapaces de adoptar la política que exige el bien público (Samuel P. Huntington).

Octavio Paz pensaba que la adopción de un régimen democrático sería el remedio a todos nuestros males endémicos. Reconocía, como todos, que por su proceso histórico México no tiene una tradición de libertades. Las teocracias prehispánicas, la monarquía de la Colonia, el porfiriato, la Revolución. Salvo la breve experiencia maderista.

No supo sobre el desenlace del año 2000 y el triunfo del PAN, el partido sobre el que siempre manifestó sus reservas.

En 1990, con motivo del foro La experiencia de la libertad, advirtió sobre la amenaza de la tiranía de las mayorías. Reconocía la democracia como la única forma de convivencia política civilizada.

Otorgaba gran importancia a la soberanía popular, la elección libre de autoridades y anhelaba un régimen de derechos que preserve a la sociedad lo mismo de la tiranía de un hombre o de una oligarquía que del despotismo de la mayoría, es decir, que salvaguarde los derechos de las minorías y de los individuos.

En el fondo el proyecto del llamado Plan C es la reconcentración del poder en una sola persona, el presidente de la República, con los demás poderes y órganos de gobierno supeditados a los intereses de una sola mano.

Si el Instituto Nacional Electoral y el Poder Judicial son capturados, como todo indica que ocurrirá, cada vez la Constitución será un instrumento prescindible. Los ciudadanos no tendrán ante quien reclamar y hacer efectivos sus derechos; muchos para entonces ya habrán prescrito.

No se trata de nada nuevo. Es el viejo sistema de control político que duró de 1930 al año 2000, cuando finalmente un movimiento cívico, gracias a reglas democráticas acordadas entre todos los partidos y aprobadas en el Congreso, logró la primera alternancia.

López Obrador subió a la presidencia gracias a esa escalera democrática construida por todos (Lorenzo Córdova). Ya arriba, se propone desaparecerla para que nadie más suba y le dispute el cargo.

Nada nuevo augura al país con un régimen de libertades individuales y colectivas a punto de ser extinguido sobre la idea peregrina de, ahora sí, establecer la verdadera democracia.

Chayo News

Abuso de este espacio que amablemente me ofrece e-consulta para enviar mi más sentido pésame a Xavier Gutiérrez, colaborador, compañero y amigo de estas páginas, con motivo del lamentable fallecimiento de uno de sus seres queridos. Abrazo grande, querido Xavier. Es la perra vida que todo te lo da y todo te lo quita.