Tras una pronta revisión de las propuestas de candidatos a gobernador, alcalde y presidente municipal de cara a las elecciones del 6 de junio, en materia de seguridad pública no hay algo novedoso que entusiasme a los ciudadanos a salir a votar. 

Pese a ser la mayor preocupación de los mexicanos, la mayor parte de los ofrecimientos giran en torno a contratar más policías, ya sea estatales o municipales, mejorar su salario, capacitarlos e instalar más cámaras de videovigilancia, sin embargo, no dejan de ser temas desarticulados.

Tan escaso es el conocimiento de los candidatos al respecto que en municipios inseguros como el Valle de Santiago, Guanajuato, a una de las aspirantes se le olvidaron las propuestas durante el debate y solo atinó en decir que los policías municipales “tienen muy poca capacitación y no saben ni siquiera de derechos humanos”.

Además, la mayoría de los contendientes no se atreven a decir cómo resolverán los problemas de inseguridad, real y percibida, en que se encuentran inmersas las demarcaciones que pretenden gobernar; tampoco conocen a cabalidad las atribuciones y capacidades de las policías que, de ganar, estarán bajo su mando.

Algunos proponen liberar el acceso a las armas de fuego para disponer de ellas en las casas y negocios y que los delincuentes sepan que en estos lugares hay gente armada, mientras que otros hablan de “proximidad” sin tener claridad al respecto, solo porque se oye bonito, pero sin saber que desde hace varios años se ha tratado de implementar este modelo español en nuestro país y que por cuestiones de idiosincrasia no ha sido posible.

Otros por su parte proponen “fomentar la paz” entre los vecinos, como si únicamente se tratara de sumar voluntades y olvidarse de la aplicación de las leyes y reglamentos (estado de derecho), como sucede a nivel federal con la política de “abrazos no balazos” que lejos de disminuir la violencia la ha incrementado.

Tan árido está el terreno de las propuestas que hay quien desde las páginas de un diario y sin haber tenido responsabilidad operativa alguna o haber sido presidente municipal, alcalde o gobernador, se atreve a ofrecer a los candidatos una serie de consejos sobre políticas de seguridad como si de una receta de cocina se tratara.

Sobre el particular me atrevo a citar una anécdota de un viaje al Medio Oriente durante el cual un general del Ejército Mexicano le pidió a un general de cuatro estrellas del Ejército de los Estados Unidos desplegado en la región que le diera algunos consejos para que cuando regresara los replicara en la solución de algunos problemas de seguridad pública y nacional.

La respuesta no fue la que uno podría esperar pero, palabras más palabras menos, le dijo que él no daba consejos porque consideraba que era un exceso, pero que si de algo servían sus apuntes donde estaban registrados los errores cometidos durante el desempeño de sus cargos, que con todo gusto se los compartía para que no cometiera los mismos, porque a un servidor público se le evalúa por sus errores y no por sus aciertos.

Volviendo a las propuestas de seguridad ofrecidas por candidatos a presidentes municipales y diputados, en el caso de Puebla no son distintas y la mayoría de ellas giran en torno a que incrementarán el número de policías y les pagarán mejor, además realizarán más y mejores operativos.

Si las propuestas para resolver la violencia y la delincuencia a nivel municipal son escasas y repetitivas, su articulación con la atención de las causas y la gobernabilidad prácticamente no existe, por lo que es previsible que previo a los comicios del 6 de junio y hasta la toma de protesta de los presidentes municipales electos, la incidencia delictiva aumente, debido a que en ese lapso existe un vacío de autoridad generado por que los anteriores titulares no se acaban de ir y los nuevos no acaban de llegar.

Como muestra un botón, según fuentes a las que tuve acceso, durante el partido de la semifinal del futbol mexicano en el estadio Cuauhtémoc, la seguridad de los asistentes permaneció en vilo ya que los policías municipales que anteriormente se asignaban a este tipo de eventos prácticamente desaparecieron y solo algunos estuvieron en la zona de porras, mientras que de parte de la policía estatal solo un “contingente” de 20 elementos hicieron acto de presencia, se tomaron la foto y se retiraron.

A la anterior coyuntura habría que agregar el factor coronavirus, toda vez que al disminuir los contagios y muertes las personas prácticamente abandonaron el confinamiento y la denominada “sana distancia”, razón por la cual los delitos volvieron a la normalidad.

El rebote de abril de 2021 fue tan brusco que lo que disminuyó entre marzo y abril de 2020 en materia de delitos del fuero común, se desvaneció con el incremento en el mismo lapso de 2021. A nivel nacional se incrementó 45.6%, en el estado de Puebla aumentó 40.8%, mientras que en el municipio de Puebla subió 105%.

De ese tamaño es el reto en materia de seguridad y un factor que puede ser determinante para que las cosas mejoren es la participación de la sociedad civil organizada, pero aquella que desde fuera del aparato burocrático aporte soluciones con el único objetivo de que a todos nos vaya bien. Ejemplos hay algunos pero su implementación no ha sido fácil y no cualquiera se atreve a asumir los costos iniciales, Ciudad Juárez, Chihuahua es uno con su “Mesa de seguridad” en 2010 y Tampico, Tamaulipas en 2015 es otro. 

No se requiere de más aplaudidores de lo que a todas luces se sabe que no funcionará, sino de verdaderos agentes de cambio (líderes sociales, empresarios, académicos) y esos no siempre están dentro del gobierno, muchas de las veces están fuera y se necesita que hagan sinergia con la autoridad.

De lo contrario las mismas promesas se traducirán en los mismos resultados y continuaremos en la misma situación de violencia y delincuencia, una especie de “gatopardismo” a la mexicana, donde todo cambia para que todo igual.