De la tempestad, devino la calma.

Y en ese trance, durante los días recientes han traslucido algunas evidencias que han abonado para clarificar los hechos ocurridos hace casi un mes en Chalchihuapan, cuyas consecuencias mediáticas y políticas han tenido un alcance por demás inesperado.

Existe por lo pronto una versión oficial.

En su parte medular, sustentada en decenas de peritajes técnicos y científicos, se reitera que no existe evidencia alguna sobre la utilización de balas de goma por parte de elementos de la Policía Estatal.

Se afirma además que una “onda expansiva” producida por un artefacto explosivo ocasionó la lesión que le costó la vida al menor José Luis Alberto Tehuatlie.

Mientras no se acredite lo contrario y más allá de percepciones, sanas o mal intencionadas, se debe creer que eso en realidad fue lo que ocurrió.

Hay además la presunción -grave, delicada y de consecuencias inimaginables-, sobre una posible infiltración de personas ajenas a la comunidad y a las causas que motivaron la manifestación y el bloqueo de la autopista Atlixco-Puebla, lo que derivó en el fatal enfrentamiento.

¿Quiénes son esos sujetos?

¿Por qué y para qué  su eventual participación?

Si esa versión resulta veraz, ya se sabrá, es una exigencia.

Lo cierto es que el proceso para clarificar los hechos ha sido largo y sinuoso, oportunidad para la conjetura y la especulación.

Igual de cierto es que no hay verdad absoluta y que para arribar a ella es preciso transitar entre la duda y la incertidumbre; el dato duro y lo verosímil.

Por eso el alto riesgo al configurar juicios sumarios, ser triviales, llegar a los agravios desmedidos y extraviarse en los sótanos de  la subjetividad.

El caso amerita prudencia, todavía hay otras historias por contar.

Entre ellas, de particular relevancia, la que se derive del ya tardío dictamen que tendrá que emitir la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Mientras tanto, se mantiene el ofrecimiento de que la investigación continuará y que habrá sanción para quienes pudieron actuar fuera de la ley, cualquiera que sea su bando, rango e identidad.

Eso es, finalmente, lo que se espera.

Conocer la verdad, acreditarla, deslindar responsabilidades, aplicar la ley.

La lección debe aprenderse, igual para todos.

Queda claro que la violencia no construye.

Y que ni siquiera se puede admitir contra la propia violencia.

AL OÍDO

De su dinero, estimado lector, y del mío también, a partir de esta semana y hasta diciembre próximo,  tres nuevos partidos políticos recibirán cada uno poco más de 6 millones mensuales, tendrán derecho a promocionarse en radio y televisión, y además contarán con financiamiento para capacitación, franquicias postales, telegráficas y otras prerrogativas.

Se trata de Morena, Encuentro Social y Partido Humanista, recientemente acreditados por el Instituto Nacional Electoral, por lo que ahora serán 10 partidos los que contendrán en las elecciones federales del año entrante.

Las preguntas son si cantidad es igual que calidad, si más partidos hacen más democracia y si en este caso se cumple la premisa de que a mayor demanda, mayor oferta.

Salvo el caso de Morena, que sin  duda fraccionará a los grupos de izquierda y cuyo “dueño” es Andrés Manuel López Obrador, los otros dos institutos políticos están destinados a una breve e inocua existencia.

Encuentro Social está integrado por grupos de cristianos, se le vincula al expresidente Felipe Calderón  y lo comanda Hugo Erik Flores Cervantes, quien fue inhabilitado para laborar  en el gobierno federal por defraudación, tras su breve gestión como Oficial Mayor de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

El Partido Humanista es dirigido por Ignacio Yris Salomón, exdirigente de la Confederación Nacional Campesina, de filiación priísta.

Nada o poco se sabe en Puebla de ellos.

Eso no importa.

Hay ubres suficientes.

 

Estoy en Facebook y mi Twitter es @FelipeFloresNu