En conferencia de prensa, el Gobierno del Estado fijó el pasado domingo su postura respecto al enfrentamiento entre pobladores de San Bernardino Chalchihuapan y elementos de la policía estatal, ocurrido hace 11 días  en la carretera Puebla-Atlixco.

En suma,  explicó que hubo intentos de negociar con los manifestantes y mediante videos fotografías, sostuvo que las agresiones hacia la policía y al menor José Luis Alberto Tehuatle Tamayo, fallecido el sábado, provinieron de los propios inconformes.

De igual modo, se mencionó que se siguieron todos los protocolos para atender situaciones como la ocurrida, y se afirmó que en todo momento fueron respetuosos de la ley.

El sábado anterior, la Secretaría de Salud del gobierno estatal había emitido un comunicado, para informar que el menor de edad había fallecido por un paro cardiorrespiratorio irreversible.

El mismo sábado, en un escueto boletín de dos párrafos, el Gobierno poblano lamentó el deceso y reiteró su disposición de brindar el apoyo que los familiares requieran, al tiempo de advertir que “continuarán las investigaciones en torno al caso, con la intención de llegar hasta las últimas consecuencias, aplicando la justicia que demandamos los poblanos”.

Hasta aquí la información oficial del suceso que ha concitado el interés de amplios sectores de la sociedad poblana durante los días recientes y que ha merecido amplios espacios en diversos medios de comunicación, así como una muy amplia y diversa presencia en redes sociales.

La versión del gobierno se presenta en un contexto por demás complicado, debido al impacto natural que amerita la confirmación de la muerte del menor, y a las dudas que aún prevalecen respecto a la actuación de los cuerpos policiales durante la refriega.

Difícil y hartamente compleja la tarea de informar y de operar mediáticamente en situaciones de crisis.

En el caso de Puebla, la experiencia más reciente de un equivocado manejo de medios tuvo fatales consecuencias. Me refiero, desde luego, al affaire entre el exmandatario estatal Mario Marín, el empresario Kamel Nacif y la escritora Lydia Cacho, cuya resonancia mediática tuvo efectos más allá de nuestras fronteras.

La dimensión de estos sucesos me llevó a la relectura de un texto académico publicado hace años por Alejandro Hernández, quien durante muchos años fungió como director de la muy acreditada Escuela de Periodismo Carlos Septién García.

En sus apuntes refiere que en situaciones críticas y ante una evidente presión informativa de los medios, no hay peor actitud que la de ausentarse, ya que los vacíos son ocupados rápidamente por otras versiones que generalmente distorsionan y magnifican los hechos con fines malintencionados.

“A falta de información, surgen las especulaciones, los rumores y hasta las acusaciones”.

Sugiere además que ante un hecho o situación repentina que implique conflicto, lo más recomendable es reaccionar con rapidez y disponer el pronto acopio de la información necesaria para estar en condiciones de responder y afrontar a los medios.

En todos los casos es conveniente llevar la iniciativa y no actuar de manera reactiva.

“La prensa querrá saber qué paso, por qué, quién es el responsable y qué se hará para corregir, sancionar, resarcir y prevenir”.

Y añade textual: “Si es responsable de gobierno, conduélase sinceramente por lo sucedido, exprese su sentimiento y diga exactamente qué va a hacer. A la madre de un joven muerto en una manifestación, no se le puede decir que hubieran podido ser más los muertos”.

De igual modo, el investigador destaca que jamás debe negarse lo evidente, ya que eso conlleva altos riesgos y efectos que suelen revertirse y que luego son difíciles de superar.

Al respecto, afirma en forma implícita que la verdad debe prevalecer por sobre todas cosas.

Recomienda también no lanzar acusaciones ni culpas a menos que sea estrictamente necesario y que cuanto diga esté sólidamente fundamentado.

“Cuide sus respuestas porque lo que menos necesita en situaciones difíciles es generar enemigos, adversarios o críticos. Por lo pronto, gane aliados”.

Hasta aquí algunas de sus observaciones, que bien valdría la pena ponderar en el caso de los sucesos de Chalchihuapan y deducir si de alguna manera fueron  puntualmente aplicadas.

La historia aún no termina. Queda claro que al respecto hay todavía muchas versiones por contar.

La expectativa será saber ahora si habrá deslinde de responsabilidades de ambos bandos y cómo se procederá; qué pasará con las personas detenidas y si los legisladores poblanos recularán para derogar la famosa “ley bala” , así como la disposición de anular trámites del Registro Civil en las Juntas Auxiliares, lo que en estricto rigor es el origen de todo este lamentable embrollo.  

Y, en suma, como se ofreció,  que continúen las investigaciones en torno al caso, “con la intención de llegar hasta las últimas consecuencias, aplicando la justicia que demandamos los poblanos”.

Habrá tiempo para el recuento de daños y para juzgar con fundamentos, si eso ocurre si las estrategias en materia de comunicación empleadas fueron las apropiadas y verdaderamente efectivas.

AL OÍDO

Acaban de cumplirse cinco meses del incidente que oportunamente denunciamos, relativo a un acto de extorsión por parte de tres elementos de Peritos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

La agraviada –una joven madre soltera-,  acusa además a uno de ellos por acoso sexual, según consta en la averiguación previa UAI/Q-041-1/2014, radicada el pasado 3 de marzo.

El asunto “todavía está siendo investigado” por la Unidad de Asuntos Internos de la SSPyTM.

Sorprende la displicencia, la lentitud y, según parece, la complicidad.

Seguiremos informando.

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