Si un grupo de ciudadanos, cualquiera que sea su motivo, bloquea en señal de protesta una vía pública, el gobierno está obligado a intervenir para restablecer el orden.

Y si los manifestantes recurren a la violencia, cualquiera que sea, el gobierno está obligado a contenerla.

Entiendo que eso fue lo que ocurrió el pasado miércoles, cuando vecinos del municipio de Santa Clara Ocoyucan, Atzompa y Santa Isabel Cholula interrumpieron el tráfico de la autopista Atlixcáyotl.

Ahí se produjo un enfrentamiento entre pobladores y granaderos, con saldo de varios heridos de ambos bandos,  entre ellos un menor de edad.

Se supo que el incidente ocurrió en demanda por la liberación de varios activistas opositores a las obras del Arco Poniente y el Gasoducto Morelos y de presidentes auxiliares detenidos la semana pasada en Tehuacán por bloquear la carretera federal y el Centro Integral de Servicios, así como de la restitución de las oficinas del Registro Civil a las Juntas Auxiliares.

Durante la reyerta, los pobladores lanzaron cohetones, piedras, palos, bombas molotov y diversos objetos, mientras que los policías estatales repelieron con gases lacrimógenos y balas de goma.

La vía fue finalmente despejada, pero el conflicto persiste y produjo ya varios comentarios.

Hay quienes refieren asomos de ingobernabilidad.

Nada más exagerado y fuera de la realidad.

Hubo, si, una reacción de la autoridad, que en sentido común, hizo  lo que dispone el marco legal.

No se puede, bajo ningún argumento, solapar el cierre de una carretera.

Otros más se alarman porque durante la trifulca hubo un menor de edad herido, pero no se preguntan qué hacía en el lugar.

¿Usted llevaría a sus hijos a una manifestación que presupone la presencia de los cuerpos de seguridad y un eventual enfrentamiento?

Algunos señalan falta de diálogo.

Es probable.

En este, como en otros casos, pareciera que no se agotaron las instancias del convencimiento, ni siquiera hubo oportunidad de negociación.

Menciono, a manera de ejemplo, el bloqueo sobre la autopista a Acapulco protagonizada hace meses por maestros del CNTE, que tuvo enorme implicación.

Ahí se trató de concertar una y otra vez.

Y ante la necedad, la Policía Federal acabó por descongestionar la vía con el uso de la fuerza.

Nadie pide que la autoridad no proceda como le corresponde para preservar el orden y el interés colectivo.

Pero hay formas, estilos, protocolos.

Y  hay también, por cierto, muchas maneras de dimensionar los hechos.

Lo que ocurrió es lamentable, pero a satisfacción de todos, debiera ser oportunidad para solucionar reclamos, corregir procedimientos, inaugurar nuevas etapas de concertación social.

Nada más.