Sin duda a muchas, muchos, preocupa observar que día a día queda muy comprometido el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Como tenían previsto, en cascada, el Congreso de la Unión ha ido aprobando las iniciativas que reforman la Constitución de México presentadas por el todavía presidente el pasado mes de febrero.

Aún con la falta de claridad en los criterios para seleccionar a las personas que serán electos como jueces, magistrados y ministros; como también los que resultan del financiamiento de sus campañas; o las severas dudas que hay sobre el alto costo de esta elección -se ha mencionado que sería alrededor de 44 mil millones de pesos-, y sabiendo de antemano que se compromete la imparcialidad jurídica, fue aprobada la reforma al Poder Judicial que además en las “letras chiquitas” lleva un Transitorio que señala:  “para la interpretación y aplicación de este Decreto los órganos del Estado y toda autoridad judicial deberán atenerse a su literalidad y no habrá lugar a interpretaciones análogas o extensivas que pretendan inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia ya sea de manera total o parcial”, lo transcribo textual porque transgrede justo una función que es por excelencia del Poder Judicial: la interpretación de los textos constitucionales; ignorando normativa de Tratados Internacionales que protegen y garantizan derechos humanos violentando Principios de Progresividad y Pro Persona; incluso expertos y expertas hablan de que en muchos puntos tendría que ser inaplicable.

La mayoría oficialista ha aprobado también la “militarización de la seguridad pública”, modificaciones que sustituyen el mando civil y lo subordinan a la Secretaría de la Defensa Nacional, pero si esto no fuera suficiente también en letras pequeñas le dan facultades para investigar delitos, como lo hace el Ministerio Público.

Modelos disruptivos que sin duda tendrán impactos en su aplicación, muchos de los cuales no serán necesariamente positivos para la ciudadanía, porque representan retrocesos a conquistas alcanzadas y a derechos adquiridos, que obligadamente la próxima presidenta tendrá que implementar a su llegada.

Incluso la reforma constitucional también avalada en materia de pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, -que si bien no incluyó todos los puntos de la consulta indígena-, compromete al próximo gobierno desde el tema de asignación y ejercicio directo de presupuestos por comunidades bajo los criterios “compensatorios, equitativos, justos y proporcionales” hasta crear mecanismos especializados de diálogo para obtener el consentimiento obligatorio de las comunidades antes de cualquier decisión o implementación de proyectos que se realicen en las mismas.

Como vemos, todas hasta ahora y las restantes reformas que en cascada seguramente irán aprobando la mayoría oficialista, son la herencia del actual gobierno a punto de concluir que tendrá que asumir la presidenta Sheinbaum y que aun con lo comprometido que le están dejando su gobierno, advierte necesariamente acciones urgentes, empezando por restablecer puentes de diálogo, como vemos ya no sólo para recomponer a un país con divisiones sociales y políticas profundas y con una inseguridad desbordada como documentan diariamente los medios de comunicación.

Desde el inicio del período de gobierno de la presidenta Sheinbaum podremos observar algunos indicios de los cómo para enfrentar tantos desafíos.

En principio observando cómo se van formulando las normas reglamentarias y/o las leyes secundarias de todas estas reformas constitucionales.

¡Qué enorme responsabilidad!

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