En las últimas semanas uno de los temas más importantes abordados en los medios de comunicación estatales ha sido el de la violencia, pero en este caso ha sido tocado desde la perspectiva del Estado y presentado como el “uso de la fuerza legítima”, nos referimos a la denominada “Ley Bala”, que de manera muy precisa ha exhibido las intenciones del Gobierno del Estado y, al mismo tiempo, ilustra el clima nacional de violencia que se cierne sobre las expresiones sociales que difieren de los proyectos e intereses de los gobiernos federal y estatal.

El Proyecto de Ley, que autorizaba el uso de armas de fuego ante manifestaciones sociales, fue fuertemente cuestionado por organizaciones civiles y sociales, por atentar contra los derechos humanos y contradecir diversas legislaciones vigentes en nuestro país. Si bien la Ley aprobada no incluyó algunos de los polémicos artículos, sí mostró el trasfondo político y social imperante en nuestro país.

Hay que recordar que dicho Proyecto fue enviado por el Ejecutivo Estatal, suponemos que con la asesoría especializada adecuada, y por tanto se puede deducir que tiene como objetivo  ampliar el “uso de la fuerza legítima” en contra de las manifestaciones sociales, pues considera que atentan contra la estabilidad y el orden… Lo que inquieta es que esta posición del poder estatal se está llevando a la práctica, por diversos medios y de manera cada vez más amplia.

Al respecto es bastante ilustrativo el artículo de Diana Jiménez “Sin ley a favor, policías ejecutan operativos violentos en Puebla”, publicado en este mismo espacio de comunicación, en el que hace una breve reseña del “uso de la fuerza legítima”, a través de la cual se impone el deseo e interés del gobierno del estado, destacando los casos de las manifestaciones de los mototaxistas y que su uso más frecuente en poblaciones distintas a la capital poblana.

Asimismo debemos mencionar que el domingo 25 de mayo, el periódico La Jornada informaba del asesinato del líder campesino Ramón Corrales, que se opuso a la explotación minera de la empresa Paradox Global Resources, además daba un recuento de tres activista más asesinados en los últimos cinco años, precisamente por resistir la explotación minera. 

Es necesario que a este contexto añadamos las detenciones de  Enedina Rosa Vélez (Comisaria Ejidal de San Felipe del municipio de Atlixco),  Juan Carlos Flores Solís (vocero del  Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra de Puebla y Tlaxcala) y de Abraham Cordero Calderón (dirigente del Frente de Campesinos y Pequeños Propietarios de Texmelucan y la Sierra Nevada), así como de la agresión y amenazas contra el Dr. Ricardo Pérez Avilés y la intimidación a varios estudiantes de sociología de la BUAP. Todas estas acciones –con uso de la fuerza (violencia) legal e ilegal- tienen como objetivo el contener y, peor aún, eliminar la resistencia social a los proyectos del Estado.

En las consideraciones de la Ley Bala aprobada se establece que “El Uso de la Fuerza Legítima es un mecanismo para la restauración de la estabilidad social y del orden colectivo, siempre y cuando exista imposibilidad de hacer cumplir la ley por otras formas, como el diálogo, la persuasión o la advertencia.” La cuestión es que el diálogo no existe, existe  incapacidad  de los gobiernos federal y estatal para comprender que el orden colectivo solo puede ser el resultado de prácticas democráticas en todos los ámbitos sociales y de la búsqueda de consensos en cada uno de los proyectos económicos, sociales y culturales; sin embargo, esas prácticas están excluidas del poder estatal y económico imperante.

Así, la Ley Bala, viene a contribuir al clima de violencia en contra de la movilización y la organización de las comunidades, que tienen que resistir los proyectos ilegítimos del Estado.