El representante  demócrata por Massachussets,  Edward Boland, habría promovido la adopción de una resolución por parte del Congreso de los Estados Unidos que terminaría de ser conocida por su nombre; a partir de su expedición la “Casa Blanca” tendría proscrito aportar recursos a la fuerza beligerante conservadora que combatía en Nicaragua  al gobierno establecido.

El legendario director general de la Agencia Central de Inteligencia del Departamento de Estado, Bill J. Casey, el último de los directores de la C.I.A. que revestía la estatura de Allen Dulles, inició entonces una serie de acciones que estarían destinadas a cambiar la fisonomía del  planeta o del hemisferio al menos, y que, ciertamente, repercutirían de manera trascendente en la vida de nuestro país, a grado tal, de cambiar de manera drástica  y definitiva toda su fisonomía social y política.

Auxiliado de un oficial adscrito al Consejo Nacional de Seguridad, el Mayor Oliver North, Casey impulsaría  más allá de todo precedente imaginable  el trasiego de cocaína hacía los Estados Unidos,  destinando las utilidades obtenidas con el tráfico del alcaloide en cuestión al avituallamiento  de la “contra”; en medio de operaciones financieras de dimensión mayúsculas que culminarías con el quebranto de las subsidiarias a lo largo y ancho del planeta del Banco de Crédito y Comercio Internacional  en 1991.

Las acciones clandestinas de la C.I.A. contravenían no sólo a lo dispuesto por la “Carta de San Francisco” constitutiva de la Organización de las Naciones Unidas sino a una resolución del Congreso de los Estados Unidos, erigida en  ley  suprema de la unión en los términos del artículo VI de la Constitución de Filadelfia; sirviéndose para ello de un antiguo contrabandista oriundo del oriente antiqueño colombiano llamado Pablo Emilio Escobar Gaviria.

En la versión de los hechos que ha difundido en fechas recientes el ex alcalde de la Ciudad de Medellín  ,  llama poderosamente la atención el  hecho de que se omita, nada más y nada menos, que la clave fundamental que explica el poderío de Escobar: su relación con la C.I.A.

En el trasiego de la cocaína, el  ciudadano hondureño Juan Matta Ballesteros sería el enlace entre Escobar y el llamado “Cártel de Guadalajara”,  integrado por  Miguel Ángel Feliz Gallardo, Rafael Caro Quintero y  Ernesto Fonseca Carrillo; señalado por la opinión general a lo largo de  tres décadas de haber sido los responsables de la muerte del agente de la D.E.A. Enrique Camarena Salazar.

Jimmy Gurule,  Fiscal  federal adjunto en los Ángeles, California;  Phil Jordan,  jefe de la oficina de la Agencia Antinarcóticos  en El Paso , Texas; y  el agente de la D.E.A  Héctor  Berrellez; desempeñaban sus respectivos cargos  al momento en que se sucedieron los acontecimientos; gracias a su testimonio, hoy sabemos que fueron  otros los responsables de haber decidido la ejecución del “Kiki”,  a raíz de que ésta habría descubierto los enormes sembradíos de mariguana que se cultivaban  en el rancho “El Búfalo” enquistado en las serranías de Chihuahua.

El secuestro, tortura y asesinato del agente antinarcóticos  del Departamento de Estado, así como el  posterior desecho de sus despojos mortales en el Rancho de “El Mareño” localizado en la carretera federal Zamora-La barca, habría sido decidido por las mismas personas que habrían  promover una guerra clandestina en Nicaragua, en abierta contravención, no sólo del Derecho Internacional, sino  de la propia Constitución de los Estados Unidos.

Suceso que transformaría la vida de México, no precisamente para bien,  sobre la base de una serie de premisas que, hoy sabemos a cabalidad, resultarían a la postre totalmente falsas, ¿podrá concebirse acaso mayor tragedia o mayor farsa?

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