Son las sociedades las que dan sentido, importancia y jerarquía a sus problemas, pues estos no son por sí mismos los que se imponen a la conciencia y la percepción. Asegura el Dr. José Luis Lezama* sociólogo mexicano contemporáneo, que la gente comparte valores, sentimientos, percepciones y formas de conocimiento en su proceso por construirse una identidad social.

Esta cita viene a cuento por la reflexión inducida por ciertos acontecimientos que dan una idea de nuestra identidad social; verá usted respetable lector:

La exposición de maltrato a animales domésticos la semana pasada en el municipio de San Martín Texmelucan, provocó además de la indignación social, la inmediata respuesta de las autoridades y hasta la preocupación del gobernador del estado por el tema en las redes sociales, vuelve a surgir el  debate sobre los valores que la sociedad decide en algún momento enarbolar.

Resulta que también la semana pasada los medios de comunicación dieron cuenta de la muerte de otro trabajador más que laboraba en la obra pública, este en el municipio de San José Chiapa con la obra de construcción de plataformas para la planta automotriz Audi. Se trató de un obrero que murió al ser atropellado mientras trabajaba y lo interesante fue, según la nota periodística, que el hecho fue ocultado por las autoridades estatales. Hace apenas menos de dos meses había fallecido otro obrero más, esta vez en la obra del nuevo edificio de la procuraduría de justicia en Plaza Dorada.

Aparece pues la lacerante paradoja de la capacidad social y de las autoridades para indignarse (justificadamente) por el maltrato a animales domésticos, pero mostrar indiferencia por la cuota de muertes y lesiones incapacitantes en obreros que trabajan sin ninguna protección para su seguridad laboral, salud ocupacional y medio ambiente laboral en la obra pública municipal y estatal, que tampoco por cierto, han alcanzado el mérito de ser comentadas por el gobernador del estado en las redes sociales, como sí lo alcanzó el caso de los perros y los gatos de San Martín.

En el caso de la crueldad con que son tratados los animales en el caso de Texmelucan, las autoridades reaccionaron de manera inmediata y hasta con un detallado comunicado oficial sobre las formas en que evitará la extensión del problema. Bien por ello, es su función.

En el caso de los obreros muertos e incapacitados en la obra pública no ha acumulado cualidad suficiente para que las mismas autoridades intenten detener su reincidencia y mucho menos se atreven a hacer públicos los incidentes. Las esposas e hijos de las familias afectadas quedan así sentenciadas de por vida a condiciones peores que las obtenidas con el salario del desaparecido jefe de familia.

Las autoridades que contratan obra pública mantienen su posición de no querer comprender que la construcción de ningún tipo de obra, tiene necesidad de aportar ninguna cuota de vida y sangre de trabajadores debido a “lamentables” o “inevitables” accidentes. Deberían saber que ningún accidente en esta actividad es inevitable. El desplome durante la construcción de los puentes de la calzada Zaragoza y del Blvd. Valsequillo; la caída de una estructura sobre un trabajador en la construcción del edificio de la procuraduría de justicia; y el atropellamiento de un obrero en San José Chiapa entre otros eventos más que de manera perversa han permanecido ocultos, han provocado muertes y lesiones de cándidos trabajadores que confían en la eficiencia técnica de sus supervisores y jefes.

Estas fatalidades e incapacidades que han afectado a tantas familias pudieron evitarse, pero no fue así. A las autoridades que imparten justicia y a las que ejercen funciones contraloras, no les ha interesado descubrir o difundir que los verdaderos responsables de las muertes e incapacidades temporales y permanentes de los trabajadores de la obra pública son además de los jefes constructores, los supervisores internos de las Dependencias contratantes y de los supervisores externos contratados ex profeso.

Ya en este espacio se ha señalado que en cada contrato de obra pública de manera enunciativa se hace responsable al contratista del cumplimiento de las obligaciones normativas en materia de seguridad laboral y medio ambiente. Por supuesto que no lo cumplen, pero los funcionarios encargados de la supervisión interna en las Dependencias autorizan el pago de las facturas de los contratistas a sabiendas que estos rubros no se cumplen. Tampoco las empresas de supervisión externa se ocupan de exigir tal cumplimiento y también aprueban los pagos. Los trabajadores entonces, quedan sin protección alguna y vulnerables a todo tipo de riesgos en cada acción de trabajo.

Existe pues, en mi opinión, una asociación perversa (documentable) entre contratistas, funcionarios públicos y prestadores de servicios de supervisión externa, para beneficiarse del ahorro en los costos que representa la seguridad física de los trabajadores en la obra pública. La autoridad debiera reaccionar, sí hay delitos a perseguir. Mientras tanto las condiciones de cada obra pública en curso hoy, permanecen como riesgo latente a la salud de los trabajadores y al destino de sus familias.

Asegura Lezama que las sociedades, como una forma de constituirse, seleccionan el tipo de problemas de los que deciden preocuparse y aquellos que deciden ignorar. Me pregunto, ¿Por qué la sociedad poblana (ciudadanos y funcionarios) decidió reaccionar con más rapidez ante la muerte brutal de los gatos, pero se mantiene indiferente a la cruel muerte y lesiones de los trabajadores de la obra pública?

(*) Lezama, J.L.; La construcción social y política del medio ambiente; El Colegio de México, 2004.