Una vez que el modelo capitalista de producción en nuestro país prácticamente ha agotado, contaminado o colocado en situación de crisis la renovación de valiosos recursos naturales renovables tales como los bosques y la pesca, su avidez por mantener las altas cuotas de ganancias financieras le hace voltear la vista a otros escenarios que tengan potencial de convertirse en dinero, aunque resulte como este caso, de escenarios que involucren necesidades planetarias fundamentales, como es el recurso agua.

En tal camino camina de prisa para ser aprobada en el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la iniciativa de una nueva Ley General del Aguas cuyo contenido esencialmente le asigna al agua un papel de bien económico, apegándose al principio teórico de la economía capitalista que supone que los recursos naturales se explotan y agotan en tanto carezcan de precio.

En el contexto de la iniciativa de la nueva ley se considera causa de utilidad pública a las obras públicas y/o privadas aunque amenacen seriamente el equilibrio ecológico de regiones enteras, como es el caso del trasvase del recurso de una cuenca hidrológica a otra. Las implicaciones ambientales de acciones como esta son difícilmente cuantificables debido a la complejidad de interacciones presentes en los sistemas ambientales, pero no hay duda que pueden provocar impactos en todas las vertientes del campo ecológico. Las consecuencias sobre los procesos agropecuarios, las interacciones entre especies y el equilibrio en la dinámica de los ecosistemas por alterar artificialmente la dinámica hidrológica de una cuenca, superan fácilmente a la capacidad humana para revertirlos.

Ciertamente el trasvase hidráulico entre cuencas es una práctica antigua en el mundo, sin embargo las implicaciones socioambientales asociadas a ella también merecen atención. Un artículo de la WWF[[1]] considera que los trasvases y el represamiento están asociado a fallos en la administración del agua, que van desde la ausencia total o parcial de consulta de los afectados hasta el no dar suficiente consideración o importancia a los impactos medioambientales, sociales o culturales, tanto sobre la cuenca cedente como sobre la receptora.

También como causa de utilidad pública la nueva ley considera el uso de las aguas nacionales para generar energía eléctrica destinada a servicios públicos; es decir, se podrán represar libremente las aguas por encima de cualquier condición ecológica o social. En la misma condición de utilidad pública, supone la adquisición o aprovechamiento de los bienes inmuebles que se requieran para la construcción, operación, mantenimiento, conservación, rehabilitación, mejoramiento o desarrollo de las obras públicas hidráulicas y de los servicios respectivos, así como la adquisición y aprovechamiento de instalaciones, inmuebles y vías de comunicación que tales obras requieren. Dicho en otras palabras, se trata de una nueva disposición sobre los usos del suelo en los territorios rurales del país, que junto con las disposiciones de las leyes Minera, de energía y la de expropiación, reducen peligrosamente los derechos de los propietarios y tenedores sobre los terrenos productivos en las comunidades del territorio nacional. Puebla es una de los estados en los que la aplicación de estas disposiciones puede poner en riesgo la gobernabilidad.

Realmente vale la pena revisar esta iniciativa de ley, pues su aprobación y puesta en vigor con el texto preliminarmente aprobado por las comisiones de la Cámara de Diputados, tiene los elementos con capacidad por lo pronto, de alterar la tranquilidad en las comunidades de la Sierra Norte y la Sierra Nororiental de Puebla. Hay que recordar que la actual administración estatal viene promoviendo el represamiento de varios ríos en aquella región y la explotación de instalaciones mineras de superficie, con la resistencia de la población.

La premura de los diputados federales del PRI, PAN y PVE por la inmediata aprobación de la iniciativa en el pleno del Congreso impide el análisis con la participación social que el buen juicio recomienda.

Pero a la sombra de esta decisión de asignarle prioridades a la privatización de la gestión del agua, subyace la realidad de la incapacidad gubernamental para generar alternativas que armonicen el desarrollo del país con las condiciones ecológicas de sus regiones. Pretender que la única puerta de salida en la difícil administración del agua es la privatización del servicio, descubre la ineficiencia profesional de los funcionarios públicos del sector.

De nada sirven entonces los planes nacionales y estatales de desarrollo presumiblemente basados en las demandas de la población, ni los programas y acciones que de ellos se derivan. En este contexto, los programas de ordenamiento territorial, instrumentos de planeación previstos para propiciar un uso del territorio que privilegia la incorporación de la variable ambiental en las actividades sectoriales y la protección de zonas críticas para la conservación de la biodiversidad y de los bienes y servicios ambientales, quedan sujetos con la nueva ley, a las conveniencias de los concesionarios de la gestión del agua.

El tema es de una complejidad fuera de serie y alcanza prácticamente a toda actividad humana. Los efectos de una ley no analizada suficientemente desde todas las plataformas de observación [ambiental, social, económica y cultural], pueden en los primeros días, favorecer los intereses de los particulares concesionarios de obras y gestiones hidrológicas, pero los efectos pronto llegarán a los intereses ciudadanos y ahí se generarán los conflictos. Más tarde, en el mediano y largo plazo, los efectos ecológicos pueden determinar el destino delas comunidades.

Es imperativo analizar el texto de la nueva Ley Nacional de Aguas que se pretende aprobar en la Cámara de Diputados. Los diputados federales poblanos tienen la palabra.