Un total de 155 municipios solicitaron al Congreso del estado autorizar el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP) en 2023, entre ellos Puebla capital, mientras que Tecamachalco no lo pidió y San Pedro Cholula aún lo analiza.

En la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del poder Legislativo, el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas estatal, Andrés Villaseñor Herrero, refirió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional la fórmula que el Congreso utilizó en 2021 para las leyes de ingresos municipales 2022 y la reforma a la Ley de Hacienda Municipal.

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 “Una vez que había salido la sentencia estuvimos revisando con los municipios que lo incluyeron, traemos 155 que sí lo tienen”, dijo este lunes.

De los 155 municipios que incluyeron el DAP en sus Leyes de Ingresos, 141 tienen la metodología correcta y 14 siguen en revisión por observaciones realizadas a su mecanismo de actualización de la cuota que proponen aplicar.

El subsecretario de Ingresos explicó que, aunque el esquema de cobro ya fue declarado constitucional, es necesario establecerlo adecuadamente porque alguna persona podría interponer algún mecanismo de revisión, es decir, una controversia constitucional o acción de inconstitucionalidad.

Aseguró que los 155 municipios tienen el esquema de la Ley de Hacienda Municipal, es el caso del ayuntamiento de Puebla, que encabeza el panista Eduardo Rivera Pérez, quien hoy se quejó por ser el único alcalde en cabildear el tema con diputados locales de las diferentes bancadas.

En diciembre de 2021 la mayoría del Congreso aprobó el DAP en 144 Leyes de Ingresos Municipales 2022, con excepción de Puebla, San Andrés y San Pedro Cholula, por lo que el gobierno de Rivera Pérez promovió una controversia ante la Corte que está por resolverse.  

En la sesión de la comisión se anunció que este martes 29 de noviembre se dictaminará la Ley de Ingresos 2023 del estado, enviada por el gobernador Luis Miguel Barbosa, con el fin de que el jueves 1 de diciembre sea avalada en el Pleno del Congreso.