En Tehuacán, se reportó un presunto caso de usurpación de profesión después de que una mujer perdiera un seno tras una mala práctica médica. La afectada acudió a realizarse un implante mamario con una doctora que no cuenta con la especialidad en cirugía plástica. Actualmente, el caso está en manos de la Fiscalía General del Estado (FGE), pero enfrenta dificultades para avanzar.

Carlos Lledias Lezama, representante legal de la víctima, explicó que la mujer que la atendió es médico y cuenta con una maestría en cirugía estética, pero no con la especialidad necesaria para realizar este tipo de intervenciones.

"En enero de 2018, mi clienta contrató los servicios de la doctora Margarita N, quien se presenta como cirujana plástica, pero solo cuenta con una maestría en cirugía estética. Le realizó una cirugía para colocar implantes mamarios, pero meses después su cuerpo los rechazó. Sin embargo, no fue una reacción natural, sino un mal procedimiento", detalló el abogado.

En enero de 2022, tras recuperarse emocional y económicamente, la víctima decidió someterse nuevamente a la cirugía. No obstante, sufrió una fuerte infección en el implante izquierdo. Aunque acudió con la misma doctora para recibir curaciones, los esfuerzos fueron insuficientes y tuvo que recurrir a un especialista en cirugía estética.

Este último le explicó que una maestría en cirugía estética no habilita a un médico para operar, ya que no incluye internado ni prácticas hospitalarias, sino que está enfocada en la investigación.

El especialista logró extirpar el implante y la paciente superó la infección, pero no pudo recuperar el seno. Al investigar en el Registro Nacional de Profesionistas, la víctima comprobó que la doctora no es cirujana plástica y que, aunque cuenta con dos maestrías, no tiene la especialidad correspondiente.

Actualmente, la doctora enfrenta cargos por usurpación de profesión y lesiones dolosas. Sin embargo, el abogado advirtió que la pena por usurpación es baja, con sanciones de dos meses a dos años de prisión, además de que el delito prescribe en tres años.

Debido a que la primera intervención ocurrió en 2018, ya prescribió. La defensa busca que el caso se sustente en la cirugía realizada el 22 de enero de 2022.

Asimismo, Lledias Lezama acusó al Ministerio Público de intentar retrasar el caso para que el delito prescriba, evitando así la vinculación a proceso. Aunque se presentó un control judicial y una queja ante el órgano interno de control, no ha habido avances, lo que podría dejar el delito impune. (APP)