El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta reconoció el lunes que su gobierno asignó contratos a empresas representadas por Florentino Daniel Tavera Ramos, preso por presunto ocultamiento de fondos, y afirmó que quienes otorgaron esos contratos ya no están en su administración, sin embargo, los titulares de las dependencias que más gastaron permanecen en su gestión.

El mandatario confirmó el 10 de octubre los 12 contratos que e-consulta reveló de su administración con empresas representadas por Tavera Ramos, por hasta por 35.7 millones de pesos, antes de que fuera detenido por la Fiscalía General del Estado (FGE) y vinculado a proceso por el supuesto ocultamiento de 622.7 millones de pesos mediante 30 empresas en Puebla y Tlaxcala.

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@MBarbosaMx reconoció que su gobierno asignó contratos a empresas representadas por Florentino Daniel Tavera Ramos. https://t.co/pjMArv3vQe pic.twitter.com/9RlOFQzUB9

— Periódico e-consulta (@e_consulta) October 13, 2022

Ese día el titular del poder Ejecutivo pidió que la Auditoría Superior del Estado (ASE) investigara las operaciones, y este miércoles anunció que la Secretaría de la Función Pública (SFP) estatal emprenderá una investigación alterna sobre los contratos del gobierno desde 2011, cuando comenzó el gobierno del panista Rafael Moreno Valle.

No obstante, el martes este medio publicó que en el periodo del ahora preso Francisco Romero Serrano al frente de la ASE, solo revisó en la cuenta pública 2019 uno de los 12 contratos firmados con Tavera Ramos, pues ambos estaban ligados a la misma investigación por presunto lavado de dinero, junto con su socio, Arturo Rueda Sánchez de la Vega, director de Diario Cambio, también encarcelado.

Compran a Tavera y siguen en gobierno

Barbosa Huerta aseguró el lunes pasado que las compras con Tavera Ramos ocurrieron en gestiones de titulares que ya no forman parte de su gobierno, como la Sectur de Fabiana Briseño Suárez, la Secretaría de Cultura de Julio Glockner Rossainz, así como del antiguo director del Cecyte, Ignacio Mier Bañuelos, hijo del diputado federal, Ignacio Mier Velazco. En conjunto, pagaron 204 mil 400 pesos a dos compañías.

Durante la actual administración estatal el principal cliente de Tavera fue el Poder Judicial de Héctor Sánchez Sánchez, al realizar en 2019 tres contratos en modalidad abierta hasta por 34.5 millones de pesos con Grupo Estratégico Risoja SA de CV, empresa que reportó su domicilio fiscal en un puesto de memelas en la colonia capitalina de La Hacienda. El magistrado permanece en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) desde el gobierno de Antonio Gali Fayad en 2018.

También en el Poder Ejecutivo permanecen antiguos compradores de Tavera que superaron los gastos que realizaron en las gestiones de funcionarios que salieron del gobierno de Barbosa, al sumar 849 mil 904 pesos pagados por la Secretaría del Bienestar de Lizeth Sánchez García y en Convenciones y Parques de Mauricio Cacho Pérez, ambos titulares llegaron desde el arranque del gobierno y hasta el corte de esta edición permanecieron en sus cargos.

Contratos en Bienestar y Convenciones

El segundo principal comprador del gobierno de Barbosa a negocios cercanos a Tavera fue Convenciones y Parques, al destinar 700 mil pesos a Talleres y Transportes Especializados TAF SA de CV por mantenimiento a la Estrella de Puebla en 2019. El responsable de la firma de los contratos fue Mauricio Cacho Pérez, director del Organismo Público Descentralizado (OPD), además en la compra CP-PS-19-AGO-004 compartió oficina con Tavera Ramos, pues acudió en representación de la compañía a suscribir la adquisición.

Convenciones y Parques es una de las áreas de gobierno que se caracterizaron por ser utilizadas para contrataciones irregulares en Puebla. Una de las evidencias está en el Informe de la Cuenta Pública 2019 de la ASE con el OPD, tras emitir 10 observaciones por 64.2 millones de pesos en contratos con posibles anomalías, de las cuales sólo uno por 3 millones de pesos correspondió al periodo de Barbosa Huerta, el resto pertenecieron a los gobiernos temporales de Guillermo Pacheco Pulido y Jesús Rodríguez Almeida.

En el caso de la Secretaría de Bienestar, encabezada desde el arranque del gobierno barbosista por Lizeth Sánchez García, contrató en octubre del 2019 a Comercio y Servicios de Consultoría Nasas SA de CV, la misma empresa con la que se pudo simular una compra en el Poder Judicial estatal, por adquirir blusas y camisas para el personal de la dependencia que costaron poco más de 149 mil 904 pesos.

Existen irregularidades de mayor antigüedad en el manejo del OPD poblano, Connectas en su investigación “Puebla, fábrica de empresas fantasma”, documentó que en la administración de Rafael Moreno Valle y en la de Antonio Gali Fayad sumaron 24 contratos con 16 empresas que el SAT declaró inexistentes o fantasma, lo que no impidió que recibieron pagos por 12.3 millones de pesos de Convenciones y Parques, en la gestión de Lambertus Matthijs de Kool.