Un total de 13 ayuntamientos presentaron ya controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la reforma al artículo 12 de la Constitución local, la cual señala que es el Estado el que administrará el servicio del agua potable.

Los últimos dos recursos que admitió el máximo tribunal del país corresponden a los ayuntamientos de Chiautla (90/2017) e Izúcar de Matamoros (89/2017), los cuales se suman a las controversias presentadas por Altepexi (87/2017), Zinacatepec (85/2017), Tehuacán(82/2017), San Gabriel Chilac (80/2017).

Así como las apelaciones de los municipios de Tlaltenango (80/2017), Zoquitlán (69/2017), Ajalpan (67/2017), Coxcatlán (66/207),Coronango (65/2017), Juan C. Bonilla (62/2017) y San Pedro Cholula (53/2017).

Con la demanda, los ayuntamientos ponen a consideración de la Corte que la reforma hecha a la fracción VI del artículo 12 de la Constitución implica una invasión a su facultad de hacerse cargo de la operación del servicio del agua potable.

La modificación aprobada en enero pasado por la LIX Legislatura, refiere que: “el Estado conforme a las leyes regulará las bases y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de este recurso natural”,  aspecto que –a decir de los munícipes- derivaría en la privatización del agua.

Gobierno  y Congreso niegan privatización

El gobierno de Antonio Gali Fayad y el Congreso del Estado han rechazado que los cambios a la Constitución local permitan la privatización del servicio del agua potable en los 217 municipios.

Javier Lozano Alarcón, jefe de la oficina del gobierno del estado, afirmó que la reforma no busca  ceder a particulares la administración del servicio público.

En tanto, Jorge Aguilar Chedraui, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, aseveró que se ha malentendido la modificación a la Constitución, y que por “Estado” se debe entender a los tres órdenes de gobierno.

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