Al menos en 750 ocasiones la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla accedió a la ubicación en tiempo real de celulares de ciudadanos, a tráves de un software israelí.

La Fiscalía tenía la ubicación de las personas sin solicitar autorización legal, pese a estar obligados a informar a un juez federal sobre las vigilancias.

Las intervenciones ocurrieron desde 2021, con el entonces titular de la FGE, Gilberto Higuera Bernal, quien dejó el cargo el 14 de diciembre del 2024, para participar, sin éxito, en la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Durante 2019 y 2021, el Gobierno de Puebla pagó 20.6 millones de pesos a Neolinx de México SA de CV, para que la fiscalía accediera a más de mil 700 consultas de Geomatrix, para intervenir la localización de celulares, según contratos en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y obtenidos vía transparencia.

En el periodo que se contrató Geomatrix, la FGE de Puebla reservó toda información sobre las compras y el uso que se le dio a la plataforma, por argumentar que revelar detalles técnicos sobre sus tecnologías vulneraría la seguridad estatal.

Pero el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública de Puebla (ITAIPUE) obligó a la Fiscalía de Puebla a reconocer que en 2 años vigilaron 254 líneas telefónicas de ciudadanos, mediante la licencia israelí de Geomatrix.

Fiscalía realiza vigilancias ilegales

El ITAIPUE ordenó a la Fiscalía de Puebla en su resolución RR-0183/2024 a revelar el uso de Geomatrix, luego de intentar reservarlo por seguridad, pero el instituto consideró que “no puntualiza respecto a qué requerimientos de la solicitud de acceso se dirige la clasificación de la Información” y revirtió su negativa.

Por primera vez, la Fiscalía de Puebla confirmó que en 2021 y 2022 vigilaron en 750 ocasiones con Geomatrix la ubicación en tiempo real de 254 líneas telefónicas, pero nunca informaron a jueces federales sobre las intervenciones.

La Fiscalía argumentó que no solicitó autorización para intervenir celulares, porque “para la localización de víctimas, con autorización de los ofendidos, encontrándose en la excepción del artículo 276 último párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).”

Sin embargo, la interpretación legal de la FGE para intervenir celulares, “no autoriza (…) a geolocalizar a una persona sin autorización judicial”, opinó el director de la Red de Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y especialista legal en espionaje gubernamental, Luis Fernando García Muñoz.

Vigilancias a celulares serían ilegales: R3D

García Muñoz consideró que las vigilancias a celulares de la FGE de Puebla serían ilegales, pues el artículo 276 “se refiere a una situación en la que existe un consentimiento expreso de la víctima, no de la autorización de los ofendidos”.

En México la intervención de geolocalizaciones las regula el artículo 303 del CNPP, que obliga a las fiscalías a pedir autorización, excepto cuando demuestren que está en riesgo la vida de víctimas, permitiéndoles vigilar sin permiso por 48 horas, pero deberán ratificar la vigilancia ante un juez, para continuarla o suspenderse.

Pero en caso de que no se cumpla la petición judicial, para vigilar ubicaciones en tiempo real, el artículo 303 del CNPP advierte que “cuando el Juez de Control no ratifique la medida (…), la información obtenida no podrá ser incorporada al procedimiento penal”.

Derivado de las 750 intervenciones a geolocalizaciones, la FGE rescató a 145 víctimas de privación ilegal de la libertad y agotó todas sus consultas disponibles con Geomatrix que costaron 822 mil 150 pesos, durante 2021 y 2022.

Aunque la respuesta de la FGE fue parcial, ya que la resolución RR-0183/2024 le ordenó a detallar el uso de Geomatrix entre 2018 y 2020, cuando la Fiscalía poblana recibió del Consejo Estatal, Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública (CECSNP) más de 960 consultas, pero no informó cómo las utilizó.

Contradicciones y ocultan contrato

La Fiscalía de Puebla respondió a la solicitud 210421524000026 que entre 2018 y 2023 geolocalizaron en 318 ocasiones a ciudadanos, sin autorización judicial, pero no aclaró si fue en los términos del artículo 303 del CNPP y sí vigilaron con tecnologías propias o sí obtuvieron la información de compañías telefónicas.

Sin embargo, las intervenciones de geolocalizaciones sin permiso judicial que confirmó la Fiscalía poblana fueron muy inferiores a las 750 vigilancias de ubicaciones que realizó con Geomatrix, desconociéndose la cantidad exacta.

Cada año la fiscalía poblana reserva la cantidad de vigilancias a localizaciones por formar parte de investigaciones en curso; no obstante, el artículo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública estatal obliga a la FGE a reportarlo de forma trimestral, pero desde 2018 se negó a transparentarlo.

Geomatrix no fue la única licencia de la fiscalía poblana, sólo en 2023 pagó 322 mil 480 pesos a Eyetech Solutions SA de CV por tecnologías para intervenir comunicaciones privadas, pero reservó las especificaciones y el nombre de la licencia por seguridad local, según la respuesta a la solicitud 210421524000017.

Eyetech Solutions se especializa en la venta de dispositivos para intervenir la ubicación en tiempo real de celulares, como con su licencia Intelligence Gathering System-Mobile, como se constató con compras transparentadas por las fiscalías de Baja California, Zacatecas, Baja California Sur y Yucatán. (CR)