El modelo económico actual de México perpetúa un patrón colonial que expropia el agua de los pueblos originarios y legitima su mercantilización y privatización, indicó el Comité de Oxford de Ayuda contra el Hambre (Oxfam, en inglés).

De acuerdo con su última edición Beneficios en Fuga, la Oxfam informó que México continuó el sistema por el que se regía antes de ser independiente: oligarquías interrelacionadas que despojan, extraen y acaparan los territorios y los recursos naturales de los pueblos indígenas hasta la escasez.

Debido a esta estructura las decisiones económicas se elaboran desde el exterior o bien, por figuras de poder que incentivan la mercantilización del agua potable y segura; la privatizan de la sociedad local.

Basta con observar que empresarios multimillonarios realizan estrategias para recortar el gasto público en agencias gubernamentales, indicó el Oxfam en su reporte.

En una contraposición de lo que se considera un derecho constitucional, el Estado mexicano legitima que grandes corporativos adquieran concesiones de agua, sostienen.

La presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, en una entrevista a Altagracia Gómez Sierra, determinó que es necesaria una inversión ordenada que permita el desarrollo nacional de muy largo plazo.

Modelo económico colonial mexicano

El sistema de la Nueva España se constituyó en dos actividades financieras esenciales para la economía española de ese entonces: el despojo de materias primas y recursos naturales como el agua; y su acaparamiento.

Esta jerarquización y acumulación de bienes en personas que ya contaban con un gran poder adquisitivo impulsó una desigualdad socioeconómica que perdura hasta hoy; el 56.6 por ciento de los mexicanos se ubicó en clase baja, refieren datos de 2024 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Las clases bajas en México tienen ingresos mensuales menores a cuatro mil pesos, mientras la clase alta gana más de 100 mil pesos mexicanos al mes, indicó la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercados y Opinión Pública (AMAI).

México, constatado como país independiente, se incorporó al panorama internacional bajo las mismas expectativas y estructuras que tuvo con España: la extracción de recursos de los pueblos originarios para ofrecerlos a una élite nacional o extranjera.

Actualmente el Estado mexicano continúa la expropiación como un proceso que legitima convertir los derechos comunes —como el agua—, en bienes colectivos a disposición del gobierno.

Concesiones de agua en México

Corporaciones internacionales y organismos públicos y privados adquirieron 530 mil concesiones de agua en los últimos 30 años, señaló el Oxfam.

Dichos organismos especulan con la escasez de agua por la crisis climática y compran territorios con cuerpos de agua para lucrar con ellos.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 27, fracción V, de la Constitución mexicana, los bancos no pueden tener tierra o agua no indispensable para sus fines económicos: “todos los cuerpos de agua son propiedad exclusiva de la nación y son un derecho humano garantizado por el Estado”.

No obstante, en 2024 se sumaron 183 concesiones de agua donde bancos y servicios financieros las obtuvieron, incluyendo concesiones para uso agrícola.

El sistema legal mexicano cuenta con una regulación débil que permite la extracción y el acaparamiento del agua, señaló el informe del Comité de Oxford de Ayuda contra el Hambre.

Para que exista una justicia económica se necesita perseguir un modelo económico que permita y legalice la prosperidad compartida por medio de una inversión coordinada pública y privada, finalizó Oxfam, en el documento que publicó el pasado 29 de enero. (JRLM)