La situación de la Fundación Mary Street Jenkins, una de las principales benefactoras de Puebla, parece ir a pique, luego que su patrimonio alcanzó apenas 4.3 millones de dólares por rendimiento de inversiones, sus gastos ascendieron a 238.4 millones de dólares y su activo neto fue de sólo 2.8 millones de dólares durante el año 2014.

Este organismo es uno de los principales soportes de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y del Colegio Americano de Puebla, y durante varias décadas se dedicó a hacer donaciones de dinero a distintos grupos públicos y privados, vinculados principalmente con las áreas educativas y de la salud.

De  acuerdo con información dada a conocer hoy por el periódico Reforma, la Fundación Jenkins mantiene en Estados Unidos su situación de fundación privada y el 17 de agosto presentó ante el IRS su informe 2014.

“Según el formato 990-PF, obtuvo 4.3 millones de dólares por rendimientos de sus inversiones y gastó 238.4 millones de dólares, detallando la donación extraordinaria de 228.8 millones de dólares. Con ello se quedó con un activo neto de sólo 2.8 millones de dólares, 98.8 por ciento inferior a los 233.4 millones de dólares de 2014”.

En el pasado mes de marzo del presente año el Sistema de Administración Tributaria (SAT) retiró el permiso para que este organismo pueda captar donaciones en México, mismo que –a decir de Roberto Jenkins de Landa, quien fuera entrevistado por e-consulta.com sobre este tema- les sería regresado una vez que se subsanen los puntos fijados por el gobierno federal.

Incluso, sobre las versiones que apuntan a la supuesta intención de que la sede de la Fundación sea retirada de Puebla y llevada a Aguascalientes o Jalisco, Roberto Jenkins se negó a hacer comentarios.

Así, de acuerdo a lo dado a conocer por el periódico capitalino, “el 26 de noviembre, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito de Puebla determinó que la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada de Puebla tiene facultades para declararse sobre el conflicto”.

Ahora tiene 15 días hábiles para responder a la demanda presentada en contra de la familia Jenkins porque presuntamente el patrimonio de la Fundación se ha utilizado para fines distintos a la beneficencia.