Los hermanos Alejandro y Yoab Cazales Santiago, abogados de profesión, se encuentran encarcelados injustamente desde hace cuatro años acusados de un homicidio que no cometieron, denunciaron sus familiares, quienes aseguraron que hasta hoy las autoridades judiciales de Puebla no han podido demostrar con pruebas la comisión del delito.

Los hermanos fueron detenidos el 29 de agosto de 2011, señalados de haber matado de una puñalada a Elías Cebada Canizo, a las afueras de los juzgados y de la agencia del Ministerio Público de Tecali de Herrera.

El motivo por el cual se les acusó de ser los probables responsables fue que ambos habían perdido un caso de divorcio, mismo que había sido ganado por Elías. Presuntamente eso los molestó y empezaron a golpear al ahora occiso y luego le clavaron un puñal.

Los familiares de Elías llegaron rápidamente e indicaron a las autoridades que los agresores se daban a la fuga en un Jetta color gris. Fue así como los hermanos abogados quedaron detenidos y el Ministerio Público de ese distrito judicial inició la averiguación previa 176/2011.

Aseguran que son inocentes

En rueda de prensa, Esmeralda Cazales Santiago, hermana de los abogados,  sostuvo que junto con sus familiares ha recorrido diversas instancias para presentar las pruebas a favor de sus hermanos y denunciar las irregularidades en el proceso. Sin embargo, hasta el momento, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) han sido indiferentes.

Detalló que han reunido diversos elementos probatorios, como un video en el que se demuestra que los dos abogados no participaron en el crimen. Además, en el arma utilizada presumiblemente para cometer el homicidio, y que fue presentada por el Ministerio Público, no se encontraron indicios o huellas hemáticas de la víctima ni de ninguno de los dos hermanos.

“No hay cadena de custodia de acuerdo al estudio de dactiloscopia puesto y nombrado por la Procuraduría; no existen huellas”, indicó.

Entre otras evidencias, dijo que en el proceso se menciona a Víctor Hugo Gómez Castro como el único testigo con el que cuenta la PGJ; sin embargo, es falso. Asimismo, lograron detectar que en un documento las mismas autoridades falsificaron la firma de su mamá y la presentaron como hermana de los detenidos.

Consideraron que la PGJ ni el TSJ no les han querido recibir todas esas pruebas. Incluso, pese a que tramitaron 9 amparos y algunos de los cuales ya les fueron concedidos, las autoridades estatales se han negado a acatar las órdenes del Poder Judicial Federal, principalmente la que solicita la reposición del proceso.

“Desde un principio, el Ministerio Público, Yuri López Arzate, consignó sin que existieran elementos necesarios, y el juez de Tecali de Herrera, Rodolfo Arana Santisteban, quien por cierto no estuvo titulado desde hace 25 años y así ejerce la función pública, ha actuado de manera parcial obedeciendo a sus propios intereses”.

Cansados de todas estas anomalías, los familiares interpusieron -en noviembre de 2014- una denuncia contra el juez en la Dirección de Atención a Delitos Cometidos por Servidores Públicos (por sugerencia del procurador Víctor Carrancá Bourget), pero luego de un año la averiguación previa ni siquiera ha sido consignada.

Mientras tanto, los hermanos ya fueron condenados a pasar 29 años en prisión por un delito que no se ha podido demostrar, por lo que sus consanguíneos pidieron a las autoridades estatales que revaloren el proceso y tomen en cuenta las pruebas que les han presentado, a fin de que se les dicte una nueva sentencia.

“Lo que pedimos es un juicio apegado a la ley para no limitar la vida de los dos abogados que lo único que hicieron fue estar en el lugar y hora menos indicada. Exigimos un estudio a fondo del caso, se castigue al  verdadero culpable y la destitución del juez”, pidieron.