Ante los recientes brotes de violencia registrados en Culiacán, Sinaloa; Nuevo Laredo, Tamaulipas y Apatzingán, Michoacán, el gobierno federal ha reaccionado enviando vehículos blindados, entre ellos los tipo Ocelotl que desfilaron el pasado 16 de septiembre en la capital del país, contraviniendo de entrada a dos de los cuatro Ejes Rectores de la Estrategia de Seguridad, como son la Atención de las causas y el Fortalecimiento de la Inteligencia e Investigación.

Recurrir al uso indiscriminado de unidades tácticas blindadas es una medida reactiva, de bote pronto, que puede tener como consecuencia más hechos de violencia y sobre todo “daños colaterales” como ya sucedió en Nuevo Laredo, donde la noche del 11 de octubre elementos del Ejército mexicano dispararon y dieron muerte a una enfermera del IMSS que se trasladaba junto con otros integrantes de su familia a un lugar para cenar y se encontró con un retén militar. Pero además se habla de dos víctimas más, entre ellas un menor de edad.

Estos lamentables acontecimientos confirman que para resolver la problemática que presentan las zonas de “alta complejidad” no es suficiente enviar más y más estado de fuerza sino afinar los protocolos de actuación para que el uso de las armas de fuego no dependa del criterio de los elementos que se encuentran en la línea de fuego y cualquier descuido pueda cambiar el rumbo de los acontecimientos.

Tan necesarios son dichos protocolos que aun cuando el esposo de la enfermera solicitó el apoyo del personal militar que había disparado a la enfermera, estos en lugar de asistirla se retiraron del lugar y no fue hasta que hicieron acto de presencia los servicios de emergencia que regresaron para “acordonar” el área mientras peritos y médicos forenses realizaban su trabajo, desentendiéndose de su responsabilidad en dicho homicidio, incluida su función de primer respondiente.

Habrá que tener presente que el uso de vehículos blindados es para operar los productos de inteligencia, no para recopilar datos que permitan generar inteligencia ya que su presencia es evidente y los grupos delictivos los evadirán antes que enfrentarlos, a menos que sea para obstaculizar la labor de la autoridad federal y estatal, mientras sus líderes escapan de la escena del crimen o dejan sus casas de seguridad.

De hecho realizar patrullajes y labores de “reconocimiento” (sea lo que quiera decir este término) con vehículos blindados en las zonas donde grupos delictivos han logrado controlar la mayor parte de las actividades económicas vía “cobro de piso” e inhibir la convivencia social como en Sinaloa, no puede considerarse como labor de proximidad social, sino solo acto de presencia, ya que para que se considere como tal, los elementos deberán estar desplegados en forma permanente en las áreas e interactuar con la población, pero sobre todo resolver los problemas que más aquejan a la ciudadanía aunque no tengan que ver la seguridad en un primer plano.

Esa es la diferencia entre estar preparados para la guerra y la defensa de la soberanía nacional, como lo saben hacer los elementos castrenses, y contar con los conocimientos y herramientas metodológicas para proteger y servir a la comunidad, como lo saben hacer los policías de origen civil. No es que estén mal unos y bien los otros o que unos sean buenos y otros malos, solo que sus objetivos son diferentes; ese será el dilema de aquí en adelante ya que la policía civil que desapareció para dar vida a la Guardia Nacional, jamás volverá, o por lo menos no en el corto y mediano plazo.

En cuanto a los dos ejes de la estrategia restantes, que tienen que ver con el Fortalecimiento de la GN y la Coordinación absoluta en el Gabinete de Seguridad, conforme transcurra el tiempo se irán decantando, sin embargo el hecho de que a Sinaloa haya acompañado al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana únicamente el de la Defensa Nacional y al estado de Sonora solo el de Marina, no es buena señal y podría reflejar los primeros conflictos al interior del mismo; primero porque la figura de “reuniones itinerantes” debe ser con el Gabinete de Seguridad completo, incluida la titular de la Secretaría de Gobernación, a menos que hayan decidido desconectar la seguridad de la gobernabilidad.