Los recursos que se recauden a partir de la creación de un eventual gravamen a la extracción de minerales deben repartirse entre el Fondo General de Participaciones y el presupuesto para los municipios y estados mineros, afirmó el diputado Adolfo Bonilla Gómez (PRI).

En entrevista, el legislador señaló que la implementación de un impuesto especial a los titulares de las concesiones y asignaciones por la producción de minerales y sustancias sujetos a la Ley Minera, contemplada en la reforma hacendaria del Ejecutivo, debe repercutir directamente en las regiones donde se realiza dicha actividad.

En la propuesta de reforma hacendaria, presentada por el Ejecutivo el pasado 8 de septiembre, junto con el Paquete Económico para 2014, se proyecta la aplicación de una tasa del 7.5 por ciento a los ingresos derivados de la enajenación o venta de la actividad extractiva.

Asimismo, plantea un impuesto extraordinario del 0.5 por ciento a los ingresos derivados de la enajenación del oro, plata y platino.

El documento establece que los beneficios generados por la industria minera se destinen a un Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Municipios Mineros, conformado con el 50 por ciento de lo recaudado por los derechos sobre minería, mismo que se destinará en un 50 por ciento a los municipios mineros.

Al respecto, Adolfo Bonilla Gómez indicó que trabajará para que en la reforma hacendaria se retome su planteamiento de destinar el 30 por ciento de los estos recursos al Fondo General de Participaciones y el 70 por ciento restante se distribuya en partes iguales entre entidades federativas y municipios mineros.

El diputado priista aseveró que los estados también deben percibir ingresos por este concepto, para apoyar las regiones mineras en general, no sólo el municipio donde se asientan las minas.

“Vamos a buscar empatar algunas de las cosas que planteamos en nuestra iniciativa con la que viene en la reforma hacendaria; el espíritu es el mismo, es un acuerdo que deriva del Pacto por México”, expresó.

El martes pasado, representantes de la Cámara Minera de México (Camimex) se pronunciaron contra el gravamen a las ganancias mineras, ya que consideraron que desalentaría las inversiones en México en los próximos años, hasta en un 60 por ciento, y se dejarían de generar alrededor de 60 mil empleos.

Al reunirse en San Lázaro con la Comisión de Hacienda y Crédito Público, subrayaron que es un mito que las empresas mineras no paguen impuestos y aseguraron que tan sólo de Impuesto Sobre la Renta (ISR), en 2012 contribuyeron al fisco con 64 mil millones de pesos.

Sostuvieron que, en materia de derechos, se pagaron tres mil 125 millones de pesos, 37 por ciento más que lo estimado para ese año por la Secretaría de Hacienda.

En marzo pasado, Bonilla Gómez presentó una iniciativa, suscrita por el diputado Marco Antonio Bernal Gutiérrez (PRI), para establecer el pago de una contraprestación, de un cuatro por ciento, por el aprovechamiento de la extracción de sustancias minerales, en beneficio de los estados y municipios mineros.

Dicha iniciativa fue aprobada con cambios por el Pleno y enviada al Senado de la República en abril. Entre las modificaciones avaladas figura el aumento del cuatro al cinco por ciento en el gravamen propuesto a las empresas mineras.

De acuerdo con el Informe anual 2013 de la Cámara Minera de México (Camimex), en 2012 el valor de la producción minero-metalúrgica y de minerales no metálicos ascendió a más de 23 mil millones de dólares.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en la actualidad, México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en la producción de plata, bismuto y fluorita; y destaca en la producción de arsénico, plomo, cadmio, antimonio, zinc, barita, grafito y yeso, entre otros minerales.